Jurisprudència Penal Número 10

Audiència Provincial

1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 92/2011, D’1 DE SETEMBRE. Ponent: Sr. Jiménez Vidal. BLANQUEIG DE CAPITALS EN LES SEVES MODALITATS DOLOSA I IMPRUDENT.


Com a resultat de tres diligències d’entrada i registre practicades a iniciativa d’un tribunal de justícia italià, es varen obtenir substàncies estupefaents. Aquesta dada, unida a la condemna prèvia a Itàlia d’un dels acusats per tràfic d’aquestes mateixes substàncies, a la tinença d’elevades sumes dineràries, a l’entramat de societats constituïdes i a la realització de compres immobiliàries i d’automòbils, va cimentar la convicció del Tribunal en torn al fet que els guanys obtinguts del tràfic de estupefaents era objecte de rentat per part d’alguns dels acusats, als qui es condemna per blanqueig dolós de capitals. Pel contrari, se absol als qui van ser acusats del mateix delicte en la seva modalitat imprudent per haver constituït a Eivissa una societat i haver transmès quatre dies després les seves participacions a alguns dels que han estat condemnats.

A) Quant a la modalitat dolosa: «El número primero del artículo 301 exige que se tenga conocimiento de que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva. Es preciso pues que se quiera ocultar o encubrir el origen ilícito del bien o ayudar a las personas que hayan participado en el delito a eludir las consecuencias legales de sus actos. El delito no exige, aunque lo admite, el ánimo de lucro. Sólo exige en el autor el conocimiento de la procedencia ilícita del dinero, conocimiento no necesariamente concreto, bastando el genérico (STS 22.5.2009). El tipo agravado requiere el conocimiento de que la procedencia del dinero es el tráfico de drogas. No se exige el dolo directo, bastando el eventual (STS 22.3.2010); incluso es suficiente la ignorancia deliberada inserta en el dolo eventual (SSTS 22.7.2003 y 19.1.2005 y 28.1.2010), es decir, la de quien debiendo y pudiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración y se hace partícipe (SSTS 10.1.2000, 22.5.2002, 17.2.2003, 20.3.2003, 30.4.2003, 29.5.2003 y 27.1.2009). El conocimiento deberá alcanzar de forma genérica al origen de las cantidades en el tráfico de drogas, cuando se aplique el subtipo agravado (STS 13.1.2006). No se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que de ordinario sólo se dará cuando se integren en organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas), sino que basta con la consciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que el origen del dinero es un delito. Las SSTS de 10.1.2000 y 18.12.2001 destacan que el único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de que la procedencia de los bienes es un delito, o el tráfico de drogas cuando se aplique el subtipo agravado previsto en el artículo 301.1 […] no hay ninguna posibilidad de que creyesen que las grandes sumas de dinero manejado eran de origen legal. Ninguno de ellos realizó ninguna actividad lícita de provecho en el período investigado. En el delito de blanqueo de capitales basta el dolo eventual para conformar el tipo subjetivo. Incluso la ignorancia deliberada de quien, debiendo y pudiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración y se hace partícipe. En el subtipo agravado el conocimiento deberá alcanzar, de forma genérica a la procedencia del tráfico de drogas, no se exige un conocimiento preciso. No puede alegarse indiferencia ante lo evidente. El único dolo exigible al autor, que se debe objetivar, es la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de que la procedencia de los bienes es delictiva o, en su caso, que procede del tráfico de drogas. […] Según la jurisprudencia (SSTS 16.12.2008, 26.2.2009, 26.10.2009, 28.1.2010 y 22.3.2010), los criterios más comunes para inferir la concurrencia de los supuestos fácticos del tipo penal son los siguientes: 1.- La cantidad del capital que es lavado o blanqueado […] 2.- Vinculación o conexión con actividades ilícitas o con personas o grupos relacionados con las mismas […] 3.- Aumento desproporcionado del patrimonio del sujeto durante el período al que se refiere dicha vinculación o el manejo de una elevada cantidad de dinero en efectivo y una dinámica de transmisiones como signo que evidencian operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. […] 4.- Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias. […] 5.- La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso abundante de dinero en metálico. […] 6.- La debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales. […] 7.- La existencia de sociedades pantalla o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. […] En suma, los indicios que requiere la jurisprudencia se dan en este caso con precisión quirúrgica. Ninguno de los tres acusados a los que nos venimos refiriendo hace nada distinto a enriquecerse y crear sociedades pantalla. Todos cuentan con poderes generales de los otros, que son utilizados a conveniencia. Los bienes se confunden en las sociedades. Todas ellas tienen a […] sus aportaciones como elemento común. Este dispone de las cuentas bancarias, cualquiera que sea el titular, a su antojo. Ingresa y retira efectivo, realiza transferencias, compra y vende divisas, hace aportaciones a sociedades, realiza compras figurando otro socio en la factura. Nadie posee un patrimonio diferenciado, ajeno al entramado. Del análisis de los movimientos de las diversas cuentas y de las inversiones y compras realizadas se desprende que nada pertenece de forma privativa a ninguna de las acusadas. Los bienes se incorporan a sociedades conjuntas y las cuentas son operadas por cualquiera de ellos. Por último, […] reconoció que en local por él arrendado se encontraban la droga, utensilios para su preparación y un millón de euros procedentes del narcotráfico y que el tráfico de 100 kilogramos de cocaína podía reportarle unos beneficios de dos millones de euros. Esta actividad delictiva es la única que puede originar la enorme acumulación de capital relatada. En la inversión y transmisión del dinero conseguido han participado los tres acusados en la forma señalada».
B) Quant a la modalitat imprudent: «Esta modalidad de culpa, en la forma que está establecida, ha sido calificada de cuestionable por la jurisprudencia (SSTS 23.11.2007 y 27.1.2009). Se discute cuál es el origen del deber objetivo de cuidado exigible y quienes son los sujetos destinatarios de las reglas de prudencia. La norma no distingue en cuanto a los posibles destinatarios de las reglas de prudencia, por lo que, en principio puede serlo cualquier persona que contribuya al resultado del blanqueo de dinero, siempre que incurra en grave dejación del deber de diligencia exigible o meramente esperable de una persona normal. La distinción entre imprudencia grave y leve radicará en la gravedad de la infracción de la norma de cuidado. Se caracterizará la primera por la omisión de toda precaución. Se mantiene con acierto que el tipo reviste caracteres de un delito especial, entendiendo que su comisión sólo será posible por personas cuya conducta sea ilícita por infracción de normas de cuidado exigibles legal o reglamentariamente por el desempeño de determinadas actividades con carácter profesional. En concreto habrá que atender a las obligaciones y sujetos obligados en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (en el momento en que ocurrieron los hechos estaba vigente la Ley 19/1993). En caso de no existir infracción de deberes específicos, se deberá acreditar cómo se produjo la infracción del deber de cuidado y su grado de gravedad (SSTS 17.6.2005, 1.2.2007 y 23.11.2007). Señala la STS de 22.10.2009, tras reflexionar sobre las dificultades dogmáticas que presenta el blanqueo por imprudencia, que se exige que la imprudencia sea grave, es decir, temeraria. En este tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le son exigibles. Afirma que es claro que la imprudencia recae, no sobre la forma que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal forma que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, auxilie a los autores del delito del que proceden. La redacción del artículo 2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, dada por la Ley 12/2003, de 21 de mayo, incluye entre los sujetos obligados a: “c) Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales. Ello incluiría la actividad profesional de […]. Ciertamente este acusado estuvo presente en el asesoramiento de la constitución de todo el entramado social; todas las personas jurídicas están domiciliadas en su despacho profesional. Constituyó junto a su empleado la entidad “[…], S.L.” para trasmitirla inmediatamente a […] y […], porque estos no querían figurar como fundadores. Además percibió de […] importantes cantidades de dinero (más de 96.000 € mediante transferencias bancarias). Sin embargo no hay elementos probatorios de una conducta que puedan conducir a concluir que estuvo en condiciones de conocer la procedencia ilícita de los bienes adquiridos por los anteriores si hubiera observado las cautelas propias de su actividad. La prueba no conduce de forma indubitada más allá de una relación de asesoramiento fiscal a unos clientes que constituyeron un total de cuatro sociedades en las que se manejaban ingentes cantidades de dinero. No hay elementos probatorios de que incurriera en imprudencia grave en la forma que ha sido descrita antes. No aparece probado que pudiera tener conocimiento del origen del capital de dichas sociedades, sólo que este era cuantioso. Existe una duda razonable que hace prevalecer la presunción de inocencia. En conclusión deberá ser absuelto. De […] debe decirse que se trata de un empleado del anterior, con una antigüedad en la empresa de dieciséis años, que firmó como socio la constitución de “[…]” porque se lo solicitó su empresario y que nunca ha participado en nada más que en los trabajos ordinarios de un empleado de una asesoría con titulación de graduado escolar. Procede su libre absolución».

La problemàtica sobre el blanqueig de capitals s’ha anat complicant a partir de la seva progressiva implantació expansiva a instàncies internacionals (Convenció de Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d’estupefaents i substàncies psicotròpiques de 1988). En la regulació espanyola preventiva del blanqueig, aquesta problemàtica s’ha reflectit finalment en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Aquesta, en transposar la (anomenada tercera) Directiva del Parlament i el Consell de 2005, acaba amb la coexistència entre la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals (i el seu Reglament per RD 925/1995, de 9 de juny), i la Llei 19/2003, de 4 de juliol, de prevenció i bloqueig del finançament del terrorisme, la qual ara (disposició final segona de la Llei 10/2010) passa a denominar-se «sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior», i les mesures de bloqueig de la qual es mantenen en vigor.

Característica comuna d’aquestes lleis successives són les normes que imposen obligacions d’informació sobre possibles activitats de blanqueig, l’àmbit d’aplicació inicial de les quals (Llei 19/1993, de 28 de desembre) es limitava al blanqueig procedent del terrorisme, narcotràfic i crim organitzat, que després va resultar (Llei 19/2003, de 4 de juliol) estès «al blanqueig de capitals procedent de qualsevol tipus de participació delictiva en la comissió d’un delicte penat amb pena de presó superior a 3 anys», i que en l’actualitat queda obert (art. 1.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril) a «qualsevol activitat delictiva», en consonància amb les previsions del Codi penal, la qual cosa no fa sinó confirmar la tendència a l’expansió.

Convé dir que els fets provats es remunten a una època anterior a la vigència de l’esmentada Llei 10/2010, de 28 d’abril; però el cert és que, sigui quin sigui el bé jurídic protegit per aquesta figura penal, la seva construcció típica inclou tant la conducta adreçada directament al blanqueig per adquisició, conversió o transmissió de béns amb coneixement de la seva procedència d’un delicte greu, com la verificació de «qualsevol altre acte per ocultar o encobrir el seu origen il·lícit», i especialment «ajudar a la persona que hagi participat en la infracció o infraccions a eludir les conseqüències legals dels seus actes […]» (art. 301.1 CP).

Si el delicte és dolós, especialment quan s’actua amb intencionalitat pura (dol directe), el problema és menor que quan l’actuació es veu tenyida d’un dol eventual; i sorgeixen dificultats especials en el moment d’abordar els delictes d’omissió i els delictes imprudents.

Així mateix, la incriminació de qualsevol ajuda prestada a la «persona que hagi participat en la infracció» és anòmala, perquè pareix que vol excloure als pròpiament autors quan en realitat es refereix a tots els possibles responsables criminals de la infracció comesa, i en aquest sentit es pot assenyalar que en l’art, 1.2 d) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, quan defineix el blanqueig de capitals, inclou explícitament instigar (inducció), prestar consell o ajuda (col·laboració necessària/complicitat), i fins i tot es refereix a la temptativa.

S’ha discutit: 1) Si el comportament punible exigeix sempre aquella finalitat d’ocultació («per ocultar l’origen il·lícit»), o si el delicte es comet amb independència del fi perseguit, especialment en els casos d’ajuda al partícip; i 2) Si la condemna pel delicte previ és o no necessària (la doctrina és dubitativa, encara que la jurisprudència no l’exigeix). El cert és que el delicte de blanqueig per imprudència greu (art. 301.3 CP 1995) ha resultat vivament qüestionat:

a) perquè la modalitat imprudent no ve imposada des de la Convenció de Viena ni des de les directives de la UE (referides a comissions purament intencionals).

b) perquè part de la doctrina espanyola la rebutja com opció legislativa, donat que el tipus penal en qüestió conté elements subjectius de l’injust en exigir tant el coneixement de la procedència il·lícita del diners, com la finalitat d’ocultació o d’encobriment («per ocultar o encobrir»), la qual cosa sembla demandar una intencionalitat incompatible amb el delicte imprudent.

c) perquè la imposició d’obligacions positives de comunicar possibles activitats de blanqueig s’ha estimat com a situació contrària al patró natural propi del dret penal que sanciona exclusivament prohibicions (no matar, no lesionar), sigui per acció sigui per omissió, però en tot cas sanciona prohibicions en lloc de sancionar obligacions. Encara que, ben mirat, el risc deriva exactament d’una conducta negativa: no informar o no comunicar les possibles activitats de blanqueig.

Però no tota la doctrina espanyola, ni molt menys, rebutja l’articulació del delicte de blanqueig imprudent, i per descomptat el CP vigent el preveu, i no cal dir que la Llei 10/2010  (ja inequívocament) no exigeix intencionalitat en qualificar com a blanqueig la participació o l’ajuda al blanqueig (que és on se situaria la col·laboració del professional). En aquest sentit, i en general, quan es tracta d’acotar les conductes de col·laboració amb el blanqueig mitjançant prestacions professionals, se sol al·ludir al caràcter essencial o, pel contrari, al caràcter prescindible del servei obtingut del professional (segons criteris d’adequació social).

També es pot atendre a si concorren els paràmetres d’un acte, una conducta o un comportament «neutral», és a dir, no lesiu per al bé jurídic a protegir, de conformitat amb la doctrina dels «actes neutrals»; doctrina no universalment acceptada, que presenta dificultats per concebre una neutralitat absoluta, perquè aquesta serà sempre relativa en funció del seu context, de manera que allò decisiu serà examinar tant el resultat objectiu com el mode d’actuació per determinar:

a) quant al resultat lesiu, si el professional l’ha originat directament, si ha determinat objectivament l’acció delictiva, si l’ha afavorida objectivament de manera rellevant, o si ha produït objectivament consolidació dels guanys il·lícits.

b) quant al mode d’actuació, si l’afavoriment professional s’ha produït sense contacte individualitzat, és a dir, mitjançant un aprofitament abusiu de la prestació professional (el que constituiria una activitat netament neutral); si —encara que essent individualitzada— s’ha executat de conformitat amb una pràctica habitual, mecànica o estandarditzada, és a dir, sense adequar-se especialment als interessos de l’autor del delicte previ; o si l’actuació professional individualitzada ha estat —a més — ajustada especialment a la finalitat delictiva projectada per l’autor del delicte previ.

Però els aspectes decisius pareixen situar-se en l’àmbit d’identificació de la sospita a càrrec del professional, i especialment en la consciència del professional sobre la seva possible contribució al resultat criminal, cosa que situa el nus gordià d’aquesta controvèrsia en una frontera molt estreta entre el dol eventual i la imprudència greu o temerària, essent clar que tan sols la imprudència greu pot arribar a tenir rellevància penal.

El nivell de consciència pot derivar-se així mateix dels anomenats «indicadors de risc» assenyalats en la Llei 10/2010, respecte dels quals obliga a efectuar un examen especial, i a recaptar informació sobre el tipus de client; la classe d’operació, així com les seves circumstàncies o condicions; la recerca de l’anonimat, l’opacitat o la relació amb paradisos fiscals; la percepció d’una pauta de comportament complexa, inusual o extravagant, i la carència de propòsit o justificació econòmica, professional o negocial lícita aparent.

La infracció d’aquestes obligacions legals podria desembocar en la generació d’un risc jurídicament desaprovat, la implantació del qual com a delicte de blanqueig per col·laboració a títol d’imprudència requeriria a més constatació del fet que s’ha actuat amb ignorància o error vencible, i en aquest darrer sentit la mesura de la imprudència derivaria del grau de superació de l’error, que en cas de ser greu (pràcticament en la frontera amb el dol eventual) podria constituir infracció criminal. La gravetat depèn en definitiva, i això és predicable amb caràcter general de la imprudència, d’un judici valoratiu que no respon a criteris legals ni dogmàticament concloents sinó lògics, la dificultosa objectivització del qual no eximeix de racionalització argumentativa.

Per descomptat és descartable el grau d’influència causal en la producció del resultat, i com a criteri valoratiu es pot atendre a l’actitud interna del subjecte (que permet detectar mòbils censurables o egoistes). Però el major problema radica en el fet que, amb molta freqüència, el blanqueig cerca la seva sortida mitjançant operacions dissimulades, encobertes, quan no en una complexa cadena que impossibilita accedir a una percepció global del conjunt, dissipant el règim de desconfiança per al professional que opera amb elles i sotmetent-lo a un risc elevat de comportament punible, llevat que deixi d’operar; per això, la qualitat de la imprudència idònia per atribuir la culpabilitat requereix un nivell de gravetat en frontera amb el dol eventual; i la seva valoració dependrà del grau d’evitabilitat de l’error, especialment en funció de la facilitat amb què s’hagin pogut percebre els indicadors de risc, de la seva magnitud, de la seva pluralitat, de la seva reiteració, o de la seva concomitància amb altres factors que, en el supòsit concret. facin la situació suficientment evident com a per demandar una reacció adequada per part del professional cridat a evitar aquest elevat risc, el qual en generar-se per infracció d’una norma que el prohibeix, determina la culpabilitat a títol d’imprudència, quan aquesta és greu.

En aquesta línea, el nostre Tribunal Suprem ha assenyalat (STS  de 17 de juny de 2005) que la modalitat de blanqueig de capitals pot projectar-se tan sols sobre els qui es troben subjectes a un deure especial o específic de cura;  hi ha d’haver (STS  de 26 de desembre de 2008) una imprudència greu (o temerària), per a la qual no resulta exigible que el subjecte conegui o sàpiga la procedència dels béns, sinó que per les circumstàncies del cas estigui en condicions de conèixer-la tan sols adoptant les cauteles pròpies de la seva activitat, i no obstant això hagi actuat al marge, o no hagi observat els deures de cura que li eren exigibles i els que, fins i tot, en certes formes d’actuació, l’impedien normativament esbrinar la procedència dels béns o abstenir-sed’operar sobre ells quan la seva procedència no estigués clarament establerta. I afegeix la STS  de 2 de desembre de 2009 que es respon a títol de dol, i també d’imprudència greu, quan coneixent la il·lícita procedència es va actuar confiant que no es produiria l’efecte d’encobriment, o quan no es va actuar d’acord amb el que s’havia de preveure a conseqüència dels indicis reveladors sobre l’origen dels diners, perquè existeix un deure de conèixer que impedeix tancar els ulls davant les circumstàncies sospitoses. Molt menys hom pot col·locar en una situació d’ignorància deliberada (willful blindness), un no voler saber –clàssica modalitat de coneixement en la doctrina angloamericana, que arranca de la quasi centenària solució judicial anglesa des de l’assumpte Regina vs. Sleep–. A aquesta doctrina es refereix la Sentència comentada, incorporada també pel nostre TS amb l’al·lusió clara a que «no hi ha més cec que qui no vol veure».

2. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 122/2011, DE 22 DE NOVEMBRE. Ponent: Sra. Martín Hernández. DELICTES CONTRA LA SALUD PÚBLICA. VENDA DE DROGUES, SUBSTÀNCIES TÒXIQUES O ESTUPEFAENTS. SUBTIPUS ATENUAT DE L’ARTICLE 368.2 CP

 

S’ocupen a l’acusat 9 paperines d’heroïna amb un pes total de 1’588 grams a l’11’69 % de puresa, valorades en 89’440 €; més una bossa que conté 1’165 grams de cànnabis sativa tipus herba, rica al 9’47 %, i valorada en 4’14 €. Aquesta tinència és subsumida com a tràfic de drogues en la modalitat contemplada en el subtipus atenuat o privilegiat de l’art. 368.2 CP.

 

«En el segundo párrafo del artículo 368 CP sin embargo, se exige un plus añadido: la valoración de las circunstancias personales del delincuente. Otro no es el sentido de la conjunción copulativa “y” que une los requisitos enunciados —escasa entidad del hecho “y” circunstancias personales del culpable— que, por tanto, son por voluntad del legislador cumulativos. […] Las conclusiones que cabe extraer del actual acervo jurisprudencial son: se requiere la concurrencia de ambos requisitos objetivo y subjetivo —conjunción copulativa ”y”—; la menor entidad se integra por pequeñas cantidades de droga vendidas por los últimos eslabones de la cadena; y las circunstancias personales a las que se refiere el tipo son datos como la edad, el grado de formación intelectual y cultural, la madurez psicológica, el entorno familiar y social, las actividades laborales, el comportamiento posterior al hecho delictivo, las posibilidades de integración en el cuerpo social y, paradigmática, pero no necesariamente, la existencia de una adicción relacionada con la dinámica comisiva de los hechos. A lo que añadimos que las circunstancias personales favorables a la atenuación deben sustentarse no en meras alegaciones sino en principios de prueba. De lo contrario la discrecionalidad judicial no partiría de supuestos reglados en lo fáctico.»

La Decisió marc 2004/757/JAI del Consell d’Europa, presa el 15 d’octubre de 2004, tendeix a l’homogeneïtzació de les conductes més greus en matèria de tràfic de drogues, relegant la resta al criteri de cada Estat membre en ordre a la repressió dels comportaments lligats a la fenomenologia del consum individualitzat i la relació entre la drogoaddicció i el tràfic.

En data 25 d’octubre de 2005 el Ple de la Sala 2ª del TS va arribar a un Acord no jurisdiccional proposant l’addició a l’art. 368 CP d’un segon paràgraf amb el text següent: «no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del culpable». Aquest Acord es refereix expressament a la justificació de la proposta que conté, en ordre a temperar la penalitat en els supòsits de «quantitats mòdiques», encara que el text proposat al·ludeix, com es veu, tant a la gravetat del fet com a les circumstàncies personals del culpable.

L’Avantprojecte de Codi penal de 2007 (BOE de 15 de gener de 2007) preveia la moderació de pena en els termes següents: «[…] los tribunales podrán excepcionalmente imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369, 369 bis, y 370 siguientes».

Sobre aquest Avantprojecte el Consell Fiscal va informar que es tractava d’una «fórmula flexible para mitigar el rigor punitivo vigente, permitiendo degradar la sanción por debajo de los márgenes actuales en los supuestos de menor generación de riesgo o escasa relevancia de la trasgresión […] tráfico al por menor con fines de autofinanciación, en los que la situación del drogadicto sin entidad para ser amparado en otras causas de atenuación se vea compelido a la venta ilegal apremiado por la urgencia de su necesidad. Beneficio que podrá extenderse a aquellos supuestos en que su marginalidad o defecto de integración en el medio social hayan determinado o al menos propiciado la ejecución de actividades de tráfico de menor relevancia o significación».

La reforma introduïda mitjançant la LO 5/2010, de 22 de juny, va eliminar la referència a l’«excepcionalitat» que contenia l’Avantprojecte, i així mateix va reduir les excepcions aplicatives de l’incís darrer als supòsits dels art. 369.1.2 i 369 bis CP.

En conseqüència, del text vigent pareix resultar un subtipus atenuat d’aplicabilitat general, la plasmació del qual requerirà la imprescindible motivació en ordre a deixar paleses aquelles circumstàncies del fet i del culpable que revelin una menor gravetat del comportament; és a dir, una menor culpabilitat tributària de la rebaixa de la pena, en termes aproximats a l’operació individualitzadora de la pena a realitzar —una vegada fixat el subtipus aplicable— en ordre a determinar la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal (art. 66.1.6 CP).

Les excepcions aplicatives expressament reflectides en la norma revelen amb claredat que la menor entitat lligada a aquest subtipus es mostra obertament incompatible amb fets delictius obedients a tràfic organitzat, i amb la realització d’actes de tràfic que —per involucrar a menors o discapacitats— incorporen una gravetat naturalment superior a la culpabilitat disminuïda que reclama el subtipus.

Els paràmetres valoratius queden en conseqüència oberts a la realitat tant essencial com circumdant del fet comés, per la qual cosa, en principi, l’establiment de criteris quantitatius (més fàcilment objectivables) pugna amb la complexitat natural que sol acompanyar l’elenc de motivacions que condicionen poderosament o determinen el fet criminal (impuls derivat de la drogoaddicció, necessitat imperant de finançar l’autoconsum, marginalitat o dificultats d’integració social); si bé l’escassa gravetat del fet demanda també, més que tolera, una primera avaluació sobre la magnitud quantitativa més o menys objectiva del tràfic operat en cada cas.

Així ho posa de manifest la Sentència comentada, amb antecedents en les sentències de 14 de març de 2011 (Secció de reforç) i de 6 de juny de 2011 (Secció 1a), totes d’aquesta mateixa Audiència Provincial, on es reflecteixen els criteris presos en consideració per anar perfilant els contorns del subtipus atenuat, en consonància amb les declaracions fetes pel TS en sentències de 8 de juny i de 14 de juliol de 2004, així com en les de 9, 11 i 23 de febrer i de 3 de març de 2011, a les quals ara es poden afegir les de 30 de juny, de 5, 13 i 19 de juliol, i de 14 de setembre de 2011.

 

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