L’acusat va acceptar la proposta, feta a Internet i procedent de persones desconegudes, de rebre –  en un compte bancari obert al seu nom sumes de diners que havia de reenviar , procedents de comptes corrents de terceres persones defraudades pel procediment informàtic conegut com a “phishing” i que, gràcies a la intermediació de l’acusat, reverteixen en els defraudadors com diners de procedència coneguda.

Es revoca la sentencia de primera instancia, que condemnava per un delicte d’estafa informàtica, i es condemna per un delicte de blanqueig de capitals imprudent.

“La cuestión sobre la que se discrepa afecta, sin ninguna duda, al elemento subjetivo de ambos delitos. Sintéticamente expuesta, se trata de determinar si existe o no prueba suficiente para llegar a la conclusión de que el acusado era consciente de la antijuridicidad de su conducta en un grado suficiente para imputarle la comisión del delito.No corresponde ahora profundizar sobre cuál de los dos delitos invocados se adapta mejor a la naturaleza de los hechos enjuiciados. Conductas semejantes han sido objeto de frecuentes pronunciamientos judiciales en procedimientos penales en los que la imputación ha revestido formas muy diversas, apareciendo conjuntamente o por separado los delitos a los que nos hemos referido y en formas diversas, tal y como hemos visto en la distinta posición adoptada por las acusaciones en este procedimiento; podría igualmente reflexionarse acerca de si cabe alguna forma de concurso delictivo.Aparcando estas cuestiones teóricas y acotando el razonamiento a lo que realmente ha constituido materia de debate en el juicio oral, hemos de partir de la consideración, como requisito común a ambas figuras delictivas, de la necesidad de que el dolo abarque el conocimiento de la ilicitud del acto de desposesión patrimonial. (…) Lo que interesa ahora destacar es que los datos concretos de que disponemos en cuanto a dicha operación, por oposición a los que hemos visto concurren en otras resoluciones condenatorias, no sólo no son reveladores en el sentido que pretenden las acusaciones, sino que nos alejan de los contornos de la participación delictiva, de la participación consciente o asumida en la consumación o el agotamiento de un delito o en la ocultación o transmisión de las ganancias ilícitas de él provenientes, aunque no en la imprudente.Se trata, en primer lugar, de cantidades de dinero no significativas, tres transferencias por importe de 1.150, 1.150 y 1.000 euros, respectivamente, lo cual, desde el punto de vista de los autores de la sustracción, suponía rebajar la posibilidad de la sospecha y una exposición menor al riesgo. En segundo lugar, los movimientos bancarios se produjeron de modo prácticamente simultáneo, los días 27 y 28 de mayo de 2.009. Fueron, en tercer lugar, las únicas cantidades transferidas, no hubo ninguna más, fue una actuación aislada y puntual, en ningún caso una dedicación a una actividad. En cuarto lugar, las cantidades se ingresaron en una cuenta que ya estaba abierta a nombre del acusado, no consta que se hubiera procedido a una nueva apertura. En último lugar, la actuación del acusado fue prácticamente instantánea y toda la operación se desarrolló en un lapso de tiempo ciertamente reducido, pues ese mismo día se realizaron los envíos postales. En realidad, todo estaba diseñado para que los hechos se produjeran de ese modo, lo mismo que resulta perfectamente comprensible que se diera por finalizada toda actuación posterior con el acusado por parte de la organización delictiva, ante la previsible reacción por parte de los titulares de la cuenta ilegítimamente manipulada.Lo que se valora es, justamente, la actuación en ese momento concreto, en pocos días en los que se precipitaron todos esos acontecimientos, todo ese intercambio de información y de movimientos de dinero, debiendo colocarnos en la posición del acusado que decidió participar en lo que se le proponía. Uniendo este dato a todo lo anterior, resta un margen de duda suficiente que impide la apreciación que solicitan las acusaciones.En definitiva, hemos de concluir en la falta de elementos de prueba que nos lleven a la conclusión de la conciencia de la antijuridicidad, aunque no de la falta de adopción de cautelas elementales por parte del acusado. Las circunstancias examinadas permiten concluir con seguridad que el acusado no habría actuado en el modo en que lo hizo de haber siquiera intuido que pudiera ser objeto de una imputación penal. Esto es particularmente claro en lo que se refiere al delito de estafa informática, por cuanto no es lógico y racional concluir en el conocimiento por parte del acusado de que el dinero se transfería sin el consentimiento de sus titulares legítimos. Sin embargo, sí consideramos que su comportamiento fue descuidado, confiado e imprudente, hábil para incardinar el tipo de blanqueo por imprudencia grave, del artículo 301.3 CP, máxime cuando dice que creyó que era para eludir impuestos, y que le sorprendió lo alto de la comisión. ”

Per resoldre si és possible aplicar els tipus penals en qüestió (estafa informàtica/blanqueig de capitals), la sentència analitza i aclareix si concorre o no l’element subjectiu inherent al dol, o la comissió per imprudència greu, però no ho analitza per separat per a cada delicte, sinó a la vegada per a ambdós tipus de forma indiferenciada:   “Las circunstancias y consideraciones que la Sala entiende relevantes y que se analizan conjuntamente en relación con ambos delitos, al ser aplicables a ambos, son las que siguen a continuación…”, no sense certa dificultat perquè no hi ha una coincidència plena en els fets ni els requeriments típics on es projecti l’element subjectiu.

En qualsevol cas, la sentència exhibeix una càrrega argumental extensa en establir amb gran claredat que l’acusat no va sospitar l’origen ni la procedència il·lícita dels doblers, perquè l’oferta va venir revestida amb una inqüestionable aparença d’entitat mercantil solvent amb implantació en el tràfic jurídic internacional, a banda de què l’acusat mancava de coneixements informàtics especials, que tampoc estava familiaritzat amb els procediments bancaris, que es va exposar obertament en aportar totes les seves dades personals tant en la titularitat del compte de destí intermedi com en culminar la transferència de fons final, i que el lucre que va obtenir amb aquest fet va ser puntual; tot plegat impedeix considerar provada la seva consciència de la procedència il·lícita de les sumes rebudes, per la qual cosa es descarta la col·laboració conscient ni descuidada amb el previ delicte d’estafa, que mitjançant el frau informàtic (“phishing”) va permetre fer-se amb les sumes de doblers que l’acusat va rebre posteriorment dels defraudadors per al seu reenviament:  “Las circunstancias examinadas permiten concluir con seguridad que el acusado no habría actuado en el modo en que lo hizo de haber siquiera intuido que pudiera ser objeto de una imputación penal. Esto es particularmente claro en lo que se refiere al delito de estafa informática, por cuanto no es lógico y racional concluir en el conocimiento por parte del acusado de que el dinero se transfería sin el consentimiento de sus titulares legítimos.”

En sentit contrari pot trobar-se la Sentència del Tribunal Suprem (STS) de 12 de juny de 2007, on l’argument del benefici parcial o de quantia no rellevant s’entén insuficient per derivar falta de consciència sobre la antijuridicitat de la conducta, tot i que en aquest altre cas l’oferta procedia d’un menor d’edat i no d’una entitat aparentment seriosa i solvent des del punt de vista mercantil en el tràfic internacional: ”Se está ante un caso de delincuencia económica de tipo informático de naturaleza internacional en el que los recurrentes ocupan un nivel inferior y sólo tienen un conocimiento necesario para prestar su colaboración, la ignorancia del resto del operativo no borra ni disminuye su culpabilidad porque fueron conscientes de la antijuridicidad de su conducta, prestando su conformidad con un evidente ánimo de enriquecimiento, ya supieran, no quisieran saber –ignorancia deliberada–, o les fuera indiferente el origen del dinero que en cantidad tan relevante recibieron. Lo relevante es que se beneficiaron con todo, o, más probablemente, en parte como “pago” de sus servicios, es obvio que prestaron su colaboración eficiente y causalmente relevante en una actividad antijurídica con pleno conocimiento y cobrando por ello no pueden ignorar indefensión alguna, por su parte la “explicación” que dieron de que no pensaban que efectuaban algo ilícito es de un angelismo que se desmorona por sí sólo. En la sociedad actual el acervo de conocimientos de cualquier persona de nivel cultural medio conoce y sabe de la ilicitud de una colaboración que se le pueda pedir del tipo de la que se observa en esta causa, y al respecto, hay que recordar que los recurrentes vivían en Madrid y no consta en los autos nada que pudiera ser sugestivo de un desconocimiento de la ilicitud de la colaboración que se le pedía, máxime cuando no se trataba de una colaboración gratuita sino que llevaba aneja un claro enriquecimiento personal. No hay por tanto ninguna posibilidad de derivar a ningún supuesto de error la acción de los recurrentes. Sobre la inexistencia de engaño por parte de los recurrentes, sólo recordar que dada la estructura de la estafa informática, y estamos en una estafa cometida a través de una transferencia no consentida por el perjudicado mediante manipulación informática, en tales casos no es preciso la concurrencia de engaño alguno por el estafador. En tal sentido, STS de 20 de noviembre de 2001 y ello es así porque la asechanza a patrimonios ajenos realizados mediante manipulaciones informáticas actúa con automatismo en perjuicio de tercero, precisamente porque existe la manipulación informática y por ello no se exige el engaño personal.”

Dado que la oferta aceptada por el acusado recababa su intermediación por problemas fiscales, y dado que el propio acusado admitió haber albergado sospechas ciertas sobre su contribución a eludir impuestos, la sentencia de la Audiencia Provincial que es objeto de análisis concluye que: “Sin embargo, sí consideramos que su comportamiento fue descuidado, confiado e imprudente, hábil para incardinar el tipo de blanqueo por imprudencia grave, del artículo 301.3 CP, máxime cuando dice que creyó que era para eludir impuestos, y que le sorprendió lo alto de la comisión.”

Els comentaris de jurisprudència incorporats en el número anterior d’aquesta mateixa Revista ja recollien una referència al blanqueig de capitals sota el prisma de la seva problemàtica general (implantació expansiva d’aquesta figura penal impulsada des d’instàncies internacionals) i el complicat perfil de la seva comissió com a imprudència greu.

A partir que el Codi Penal vigent ho contempla i  que la Llei 10/2010 no exigeix intencionalitat en qualificar com a blanqueig la participació o ajuda en el mateix, les reticències doctrinals sobre el blanqueig imprudent s’hauran de concentrar ara en les dificultats que presenta la seva configuració imprudent, atès que el tipus incorpora elements subjectius de l’injust (sobre coneixement den la procedència il·lícita dels doblers i sobre la finalitat d’ocultació o encobriment (“para ocultar o encubrir”), més pròxims a l’essència del dol –ni que sigui eventual- que a la imprudència greu, quina bromosa frontera es desdibuixa de forma significativa.

Cal fer notar que, front a una proposta de col·laboració inusual i en certa forma extravagant, l’acusat es va adaptar a les exigències d’una oferta que apuntava clarament cap a la col·laboració necessària per solucionar un problema fiscal (tant que el propi acusat va deduir que l’objectiu era l’evasió fiscal) , de manera que no es va poder presentar com a una oferta negocial il·lícita ni tan sols en aparença; i encara que podrà dir-se que la quantia de les sumes transvasades no tenia cap raó per fer sospitar una infracció fiscal d’entitat criminal, tampoc pot descartar-se que l’acusat hagués de concebre un resultat global ben distint atesa l’amplitud d’una oferta generalitzada a Internet.

En conseqüència, la qualificació de blanqueig imprudent passa per establir l’existència d’un error, que la sentència atribueix a l’enganyosa aparença de seriositat empresarial exhibida pels qui li varen fer l’oferta, juntament amb el caràcter ocasional del fet, el limitat de la seva col·laboració i l’escassa magnitud dels guanys obtinguts; res de tot això l’impedia arribar a assegurar-se de la vertadera situació en la mesura que coneixia la seva il·licitud per abocar a una possible defraudació fiscal, de manera que es tracta d’un error vencible i greu.

La sentència analitzada silencia la manca de necessitat de què, per condemnar per blanqueig de capitals, s’hagi de fixar l’existència del delicte encobert pel blanqueig, que opera directament sobre la base d’aquesta possibilitat acceptada per la jurisprudència i criticada per la doctrina; i tot i que al·ludeix a la possibilitat d’un concurs de delictes entre l’estafa informàtica i el blanqueig  (“podría igualmente reflexionarse acerca de si cabe alguna forma de concurso delictivo”), el cert és que aquesta reflexió mancaria de sentit una vegada descartada la concurrència de l’esmentada estafa informàtica.

L’administrador de fet d’una societat limitada, aprofitant que estava en contacte permanent amb la seva clientela, la va desviar a una nova mercantil d’objecte social coincident que havia constituït juntament amb altres persones, la qual cosa va determinar la dissolució de la primera societat per pèrdues.

“Desde el punto de vista calificatorio, la actividad que desde el recurso se designa como “desvío” de clientes resulta de dificultoso encaje subsuntivo en el comportamiento que, descrito en el art. 295 del CP, exige una disposición fraudulenta. No puede ocultarse que incluso la actividad de disposición penalmente trascendente en el ámbito de la apropiación indebida (art 252 CP) ha sido taxativamente expandida hasta comprender en la actualidad supuestos que no responden a un comportamiento cuyo efecto jurídico se restrinja a los actos de riguroso dominio, sino que además se ha previsto la sanción penal para actuaciones proyectadas sobre “efectos” o sobre algún “activo patrimonial”, lo que de por sí entraña una categorización más amplia de los actos susceptibles de incriminación que, más allá de la genuina apropiación, llega a comprender también la distracción o la negativa a haber recibido, lo que como efecto jurídico no resulta desde luego perfectamente identificable con una apropiación que en términos estrictos se pueda equiparar a la adquisición o el puro dominio.

Del mismo modo responde a un acervo jurisprudencial consolidado, e incluso anterior a la existencia del vigente CP, la distinción entre dos modalidades de apropiación indebida con la finalidad de no llegar a exigir la ilícita consolidación dominical estricta en el patrimonio de quien actúa, sino bastando un desvío patrimonial que, sin llegar a generar consolidación apropiatoria en el patrimonio del sujeto agente, suponga una afectación o un destino diferente del previsto, mediante un comportamiento consciente del exceso de facultades con que se actúa en orden a eliminar las facultades o capacidades de disposición del legítimo titular del bien para obtener con ello un lucro indebido del que deriva un correlativo perjuicio.

Y en este mismo sentido la jurisprudencia es clara en torno a que la conducta típica albergada en al art 295 CP para los supuestos de administración fraudulenta entendida como delito propio (cuando no exista apoderamiento que la aproxime a la apropiación indebida, con la que podría llegar a concurrir) tampoco exige siquiera la intención de obtener para sí lo defraudado, bastando el dolo genérico proporcionado por el conocimiento y la voluntad de causar perjuicio a la empresa por la maniobra fraudulenta procurada a través de sus capacidades como administrador siquiera de hecho.

Pero por más que doctrina científica y jurisprudencia coinciden en no limitar la configuración típica a las actividades de riguroso dominio ni estricta disposición, incluyendo también las de simple utilización, lo cierto es que la maniobra fraudulenta del administrador debe recaer sobre elementos integrantes del activo societario, respecto del que el fondo de comercio, y en concreto la clientela, constituye un elemento inmaterial cuya realidad patrimonial sólo tolera reflejo contable por el precio de su eventual adquisición onerosa, y cuya traducción en valor patrimonial tangible, más allá de la pura expectativa, sólo cabe obtenerla indirectamente mediante el giro comercial efectivamente desarrollado sobre aquella, lo que a su vez requiere una decisión bilateral que involucra de manera imprescindible el propio consentimiento del cliente, de modo que no cabe disposición ni utilización por decisión puramente unilateral del gestor societario; y por ello la captación o el desvío de clientela a favor de una empresa diferente, pudiendo constituir un comportamiento desleal en el orden mercantil, no resulta para nosotros un comportamiento idóneo desde el prisma de una tipicidad requirente de un acto de disposición fraudulenta que ni siquiera ampliamente entendido abarca la influencia sobre el cliente para que deje de contratar con la sociedad con la que venía operando, pues no nos parece que la negociación constituya un activo comercial disponible, pese a que, como actividad, el gestor comercial deba desarrollarla con lealtad.”

A l’evolució legal observada per la figura penal d’apropiació indeguda (article 252 del Codi Penal), li acompanya una consolidada línia jurisprudencial que subratlla el caràcter obert de les relacions jurídiques atípiques; conjunt que clarament apunta cap a la seva expansió, superant l’originari encast  del desplaçament  patrimonial que obeeix a la retenció material, o la lesió de facultats estrictament dominicals, bastant el pur desplaçament no justificat i abusiu d’un valor patrimonial.

L’estreta relació entre els delicte d’apropiació indeguda i d’administració deslleial, plasmada en reiterats pronunciaments jurisprudencials sobre la possibilitat de concurrència en funció de la modalitat d’apoderament, explica que també l’administració fraudulenta de l’article 205 del Codi Penal  mantingui una decidia tendència a la flexibilitat típica, que justifica la incriminació sense necessitat que concorri ànim e lucre propi, sinó que entén que és suficient amb la simple consciència i intenció de perjudicar mitjançant maniobres fraudulentes amb abús de les facultats d’administració de la societat.

Encara que es parteixi de la premissa esmentada, la desviació de la clientela planteja dificultats singulars d’encaix, atesa la particular naturalesa d’aquest element, més pròxim a l’expectativa que pròxim al Dret, més incorpori que tangible i per suposat no susceptible de disposició unilateral per part de l’empresa; excepte pel que fa a les dades de coneixement o identificació dels clients, la qual cosa constitueix una informació “potencialment” valuosa, en la mesura que augmenta i facilita les possibilitats del negoci.

És cert que el coneixement o informació sobre la clientela no és susceptible de determinar –al menys per si mateixa- la contractació, ni de incidir directament i automàticament sobre el gir efectiu, perquè per això es requereix (a més de conèixer la cartera de clients) negociar amb ells fins desembocar en una relació que és bilateral, perquè depèn també de la decisió del client i no només de qui posseeixi la informació sobre la cartera de clients, de manera que disposar de la informació sobre els clients no equival a disposar efectivament de la clientela.

En el supòsit examinat, el desviament de la clientela va ser realitzat per qui va generar la cartera de clients mitjançant la seva actuació com a administrador de fet durant anys, de manera que era ell qui des de sempre s’havia relacionat directament amb els clients, captant-los, negociant i tractant amb ells i simplement va seguir fent el mateix una vegada constituïda la nova societat, la qual cosa, que pot ser deslleial, no necessàriament ha de constituir una “disposició” fraudulenta penalment transcendent.

Seria diferent la transcendència penal d’una actuació sobre la cartera de clients de qui, sense tenir accés a ella, sense conèixer-la, sense tenir concedides facultats adequades, o tenint-ho prohibit, hagués descobert i/o hagués utilitzat o revelat aquestes dades, cosa que eventualment podria constituir un delicte distint.

Dictada la interlocutòria d’obertura del judici oral, el tràmit d’emplaçament per comparèixer que disposa l’article 764 de la Llei d’Enjudiciament Criminal es va dur a terme por correu postal dirigit al domicili de l’acusat, situat en un altre Estat membre de la Unió Europea.

“Toda vez que el acusado no ha sido emplazado conforme a lo dispuesto en el art. 784 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige que el emplazamiento sea personal y no por correo, y de conformidad con el art. 238.2 de le LOPJ, al haberse prescindido de las normas esenciales del procedimiento produciendo indefensión al acusado, procede declarar la nulidad de las actuaciones.”

La decisió d’anul·lar els tràmits pot explicar-se sense dificultat sobre la base d’un criteri d’eficiència processal, atesa l’alta probabilitat d’incompareixença, a la qual cosa és inherent la impossibilitat de dur a terme del judici en absència de l’acusat. I això, unit a la freqüència d’acusats amb domicili en un altre Estat de la Unió Europea, ha inclinat per una solució pragmàtica, orientada a intentar la seva localització i possibilitat efectiva que es trobi a disposició de l’òrgan judicial, abans d’avançar cap a l’assenyalament d’un judici on probablement no compareixerà.

No obstant, la qüestió resulta tributària d’algunes matisacions, perquè la regla estampada en el paràgraf 1 de l’article 784 de la Llei d’Enjudiciament Criminal preveu exclusivament el trasllat dels escrits d’acusació quan s’evacua el tràmit d’emplaçament perquè l’acusat comparegui en el termini de tres dies; de manera que, per començar, no és aquest precepte el que imposa l’exigència d’emplaçament personal, sinó que la regulació de l’emplaçament es conté en l’article 175 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que remet a “la forma establerta per a les notificacions”, la regulació de la qual es troba en l’article 166 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, on el caràcter general de la notificació personal claudica front a la facultat de notificar per correu quan el jutge o el president del Tribunal ho estimin convenient, excepte per al cas de l’article 160 (notificació de la sentència definitiva) i de l’article 501 (interlocutòria elevant la detenció a presó), supòsits en que només hi ha lloc a la notificació personal.

Però és que, més enllà de la regulació continguda en al Llei d’Enjudiciament Criminal, el Conveni d’assistència judicial en matèria penal entre els Estats membres de la Unió Europea, fet a Brussel·les el 19 de maig de 2000, imposa la notificació per correu en l’article 6 (sobre enviament i notificació de documents processals).

“1. Cada uno de los Estados miembros enviará directamente por correo a las personas que se hallen en el territorio de otro Estado miembro los documentos procesales dirigidos a ellas.

2. El envío de documentos procesales podrá efectuarse por mediación de las autoridades competentes del Estado miembro requerido únicamente en caso de que:

• El domicilio de la persona a la que va dirigido un documento sea desconocido o incierto.
• El Derecho procesal pertinente del Estado miembro requirente exija una prueba de que el documento ha sido notificado al destinatario distinta de la que pueda obtenerse por correo.
• No haya resultado posible entregar el documento por correo.
• El Estado miembro requirente tenga razones justificadas para estimar que el envío por correo resultará ineficaz o inadecuado.”.

La regla general derivada del conveni estableix la notificació per correu, i l’excepció del punt b en l’apartat 2 de l’esmentat article 5 del Conveni, que remet a les exigències de la legislació processal de l’Estat recurrent, no sembla que de forma indubtable ni inobjectable pugui interpretar-se en el sentit que la regulació de la nostra Llei d’Enjudiciament Criminal exigeix, com ja s’ha anticipat, la notificació personal en aquest cas.Qüestió distinta, en cara que evidentment lligada, és que el mateix article 784 de la Llei d’Enjudiciament Criminal prevegi que la suspensió del judici i l’expedició de requeriments sigui procedent quan, per la pena sol·licitada, no hi ha hagi lloc a la realització del judici quan l’acusat hagi estat citat personalment.

Això no obstant, front a un emplaçament per correu, ni les actuacions manquen automàticament de validesa ni per suposat la incompareixença pot ser augurada de forma infal·lible encara que estadísticament sigui freqüent.

Sense autorització administrativa prèvia ni posterior, l’acusat va procedir a eixamplar la llera d’una torrent i va continuar eixamplant un camí existent, per donar continuïtat a ambdós, talant per això una zona d’uns 300 metres quadrats, a més de permetre l’abocament de terres, pedres i material procedent de demolició, entre els quals es trobaven restes asfàltiques, de naturalesa i composició que no s’ha pogut determinar i s’ha afectat així una extensió aproximada de terreny de 2.700 metres quadrats, amb una altura mitja dels abocaments de 1,20 metres a 1,50 metres, la qual cosa suposa un volum d’entre 3.240 i 4.050 metres cúbics.

1.- Pel que fa al delicte contra el medi ambient, tipificat en l’article 325 del Codi Penal:
Es compleixen les exigències típiques d’actuació, com també la infracció d’una norma extrapenal (Llei d’Aigües de 2/08/1985 i el seu Text Refós de 20/07/2001, en el Reglament de Domini Públic Hidràulic que es va desenvolupar parcialment, aprovat pel Real decret d’11/04/1986; la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears; Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental) però no concorre l’exigència jurisprudencial (STS 2ª de 30 de desembre de 2008, amb cita de la data 13 de febrer de 2008) sobre creació d’un perill greu:

“Respecto a la situación de peligro grave para el bien jurídico hemos de partir de que las irregularidades administrativas no constituyen ni dan vida sic et simpliciter al delito medio ambiental (STS. 1118/2005 de 26.9). El delito contra el medio ambiente es un delito de peligro que no precisa de una lesión efectiva en el bien jurídico protegido. Después de algunas resoluciones en otros sentidos, la última jurisprudencia se ha inclinado por considerar que se trata de un delito de peligro hipotético o potencial (SSTS. 25.10.2002, 1.4.2003, 24.6.2004, 27.4.2007, 20.6.2007), atendiendo por tal un híbrido “a medio camino entre el peligro concreto y abstracto” (STS. 27.9.2004), en el que “no basta la contravención de la normativa administrativa para poder aplicarlo, sino también algo más: que la conducta sea potencialmente peligrosa, lo que significa que habrá que analizar, no sólo la composición y peligrosidad de los vertidos (administrativamente prohibidos), sino también si tales vertidos hubieran podido tener importantes efectos nocivos sobre el cauce del río y su caudal. O lo debe hacerse es un juicio hipotético sobre la potencialidad lesiva de la conducta” (STS. 25.5.2004 ), esto es, como dice la STS. 24.6.2004, debe identificarse el riesgo creado o que la conducta es capaz de crear o en su caso, el daño causado como concreción del riesgo… es preciso acreditar que la conducta de que se trate, en las condiciones en que se ejecuta, además de vulnerar las normas protectoras del medio ambiente, es idónea para originar un riesgo grave para el bien jurídico protegido. Ahora bien se acoja la estructura del tipo penal -de peligro concreto, abstracto-concreto o hipotético, lo cierto es que el art. 325 exige como elemento de tipicidad, la gravedad del peligro a que se somete al equilibrio de los sistemas naturales, o en su caso, a la salud de las personas. De no alcanzar este nivel, el comportamiento sólo podrá dar lugar, en su caso, a reacciones sancionadoras administrativas. Por ello lo cierto es que debe concurrir un peligro grave para el medio ambiente, elemento del tipo valorativo y excesivamente ambiguo que, como ha destacado la doctrina, ha determinado que la aplicación forense de este elemento no haya abandonado el ámbito de lo inseguro, lo que hace preciso que desde la jurisprudencia, en su función nomofiláctica, proporcione criterios que permitan otorgar la necesaria seguridad en la aplicación de la norma a través las sentencias. En este sentido la STS 96/2002, de 30 de enero, establecía que “esta exigencia atribuye a los tribunales una labor de concreción típica. Semánticamente grave es lo que produce o puede producir importantes consecuencias nocivas, lo que implica un juicio de valor (STS 105/99, de 27 de enero)”. La valoración que hace el tribunal es inmune … en lo que dependa de la inmediación, pero es revisable en su racional expresión, atendiendo siempre a la naturaleza y sentido casacional utilizado. Para encontrar el tipo medio de la gravedad a que se refiere el art. 325 del Código penal habrá que acudir a la medida en que son puestos en peligro, tanto el factor antropocéntrico, es decir la salud de las personas, como a las condiciones naturales del ecosistema (suelo, aire, agua) que influyen, por lo tanto, en la gea, la fauna y la flora puestas en peligro”. En la STS 194/2001, de 14 de febrero se afirmó, en el mismo sentido que “el peligro equivale a la relevante posibilidad de que llegue a producirse un efecto temido. Se trata de un elemento constitutivo del tipo penal cuya concurrencia debe determinarse, en concreto, mediante la prueba… A tal efecto no puede perderse de vista que el Código penal cifra la concreción del peligro en la intensidad de la incidencia contaminante. Es el índice de ésta, cuando sea susceptible de connotarse con el rasgo típico de gravedad, el que dará relevancia penal a la conducta”. Parece seguro referenciar el criterio de la gravedad del perjuicio a la intensidad del acto contaminante, a la probabilidad de que el peligro se concrete en un resultado lesivo, en definitiva, a la magnitud de la lesión en relación con el espacio en el que se desarrolla, la prolongación en el tiempo, la afectación directa o indirecta, la reiteración de la conducta, de los vertidos, emisiones, etc., a la dificultad para el restablecimiento del equilibrio de los sistemas, proximidad de las personas o de elementos de consumo. En todo caso, estos criterios necesitan de una prueba pericial que lo exponga, al menos que el Juez sea asesorado pericialmente por expertos que expongan los criterios anteriormente relacionados y sobre los que se establezca la necesaria contradicción evitando que las percepciones del Juez se conviertan en presupuesto inseguro en la aplicación del tipo penal. En cualquier caso, por la doctrina se destaca que la inevitable valoración ha de tener en cuenta que integran el concepto de peligro dos elementos esenciales: probabilidad y carácter negativo de un eventual resultado. La gravedad se ha de deducir, pues, de ambos elementos conjuntamente lo que significa negar la tipicidad en los casos de resultados solo posibles o remotamente probables, así como de aquellos que, de llegar a producirse, afecten de manera insignificante al bien jurídico.

La Sala, como ya ha adelantado a la hora de valorar la prueba practicada, no puede entender acreditado que se haya producido perjuicio grave de los sistemas naturales ni riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas. Antes al contrario, como hemos expuesto estas obras no han supuesto riesgo que perjudique gravemente el equilibrio de los sistemas naturales de la zona afectada así como tampoco la salud de las personas, pues del informe y declaración de la perito Sra. (…), en relación a la tala de árboles, ha manifestado que éste, el daño, es moderado y cabe la regeneración natural en tanto que en relación a los vertidos en la explanada, si bien lo considera “más grave” no ha sabido delimitar la gravedad y, en todo caso, si se retiran los vertidos cabe la repoblación forestal y, la natural también, si bien el tiempo es mayor. En cuanto al impacto de las obras del Torrente y camino, ha manifestado que lo desconoce, en tanto que el perito Sr. (…) ha manifestado que no hay ningún riesgo.

En consecuencia, falta la idoneidad exigida por el art. 325.1º del CP para que la acción llevada a cabo por el Sr. (…)  en relación a la tala y vertidos en la explanada pueda ser incluida en la exigencia del tipo penal de “puedan perjudicar gravemente”; y en relación al ensanchamiento del lecho del Torrente y el camino, se halla huérfano de prueba sobre la posibilidad de “perjudicar gravemente” por lo que, al igual que cuando no se prueba cualquier otro ingrediente esencial del tipo de injusto, no puede exigirse responsabilidad criminal, por muy importantes que sean las evidencias sobre la superación de los limites administrativos tolerados (STS. 27.9.2004 ).”

2.- Pel que fa al delicte contra l’ordenació del territori tipificat en l’article 319.1 del Codi Penal:

L’eixamplament del curs del corrent i el camí compleixen les exigències típiques d’una “construcció”, han estat executades sobre terrenys d’especial protecció i no resulten susceptibles d’autorització d’acord amb el que estableix la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears.

2.a).- Pel que fa a l’autoria directa: “…no cabe invocar el error de prohibición cuando se ejecutan conductas claramente desautorizadas por el ordenamiento jurídico que cualquiera sabe que están prohibidas. Para excluir el error no se requiere que el agente tenga seguridad respecto de un proceder antijurídico, pues basta con que tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, lo que por estimarse similar al dolo eventual no merece trato de benignidad alguno (sentencias de veintinueve de noviembre de 1994, diecisiete de abril de 1995  y veintiocho de enero de 2000). Y en la vida social es conocido, que no se puede construir sobre un solar sin una autorización administrativa. Quien no lo hace, es porque conoce que no la va a obtener, lo que es buena prueba del conocimiento de la ilicitud de su acción. No cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho desautorizadas por el ordenamiento jurídico que todo el mundo sabe y le consta que están prohibidas.

En el presente supuesto, el Sr. (…)  obró con conocimiento de que las obras que realizaba no estaban permitidas como lo demuestra el hecho de haber sido ya sancionado por la Administración, por hechos similares, que no idénticos, en el año 2003; sanción que, además, abonó, por lo que conocía que el lugar se hallaba sometido a protección especial y, por ende, a un régimen de autorizaciones que no podían obviarse. Prueba de lo anterior también lo constituye el hecho de haber solicitado autorización para los vertidos en la explanada, en fecha 27 de marzo de 2006, sin llegar a obtenerla.” (…) “…los hechos declarados probados constituyen un delito contra la ordenación del territorio previsto y penado en el apartado 1 del art. 319 del CP, en los términos que han quedado expuestos, pues el ensanchamiento o ampliación llevados a cabo por el Sr. (…)  supone construir, en zona de dominio público hidráulico y en el paraje protegido, una auténtica calzada que no guarda ninguna relación de semejanza con el lecho inicial del Torrente ni con el sendero o camino originario porque desborda su configuración, aspecto y esencia con el impacto ambiental tan evidentemente perceptible, lo que equivale a la construcción típica contra la que debe reaccionar el Derecho Penal para la salvaguarda de los valores ecológicos en los que subyace el interés social. La construcción realizada rebasa los límites de lo tolerable y, por tanto, impide la aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal, porque, de un lado, contrasta con el estado originario del terreno y, de otro lado, supone, por su resultado, que el uso natural del ensanchamiento producido permite un tráfico rodado que supondrá una consecuencias invasivas en el entorno natural que no serían posibles si se hubiera mantenido el lecho del torrente y el sendero en su estado originario, aún acondicionándolo o incluso mejorándolo, pero dentro de los límites de su genuina configuración, lo que, como ha quedado dicho, se ha modificado. Y a lo anterior no obsta lo alegado por la defensa del Sr. Linares en cuanto que por la Administración fue sancionado por infracciones leves, pues considerando las mismas aisladamente, pueden conducir a dicho resultado pero, valoradas en su conjunto, suponen un ataque grave al medio protegido.”

2.b).- Pel que fa a la comissió per omissió: “Propugna la acusación la participación de (…) como autor del delito contra la ordenación del territorio por comisión por omisión (puesto que) dejó continuar los trabajos y permitió su consolidación (…)“En la fecha en la que el Sr. (…) presenta escrito en el Ayuntamiento de (…)  , 8 de mayo de 2006, adjunta fotografías en las que puede observarse que parte de las obras que el Sr (…)  acometió, ya se habían realizado. Por tanto, el daño ya estaba producido en el momento en el que se pone en conocimiento del Ayuntamiento lo que estaba aconteciendo. Y, como hemos expuesto, si bien la orden de suspensión de las obras se adoptó en Julio de 2006, y hubiera sido deseable mayor premura, la ausencia de esta orden no fue la causa del daño finalmente producido. Por tanto, no concurre aquí este requisito objetivo 2º del art. 11 CP. (…) Este art. 11  CP, como límite para la posibilidad de exigir responsabilidad penal en estos delitos de omisión establece la necesidad de realizar una valoración jurídica: que la producción de delito a virtud de esa omisión “equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación “. No cabe hablar de relación de causalidad en estos delitos de omisión, porque lo que no existe nada puede causar. Pero sí ha de realizarse en cada caso esa valoración de modo que pueda equipararse esa acción esperada, en su antijuricidad, a los casos de actuación positiva, es decir, a la ejecución del delito mediante acción. Ya hemos expuesto que las obras se habían realizado antes del acuerdo de suspensión, que existió, no se omitió, por lo que no fue la causa del daño. En conclusión, faltó aquí también este requisito 4º exigido para la aplicación correcta del art. 11 CP.”

3.- Pel que fa al delicte de prevaricació administrativa: “la Sala no puede concluir que exista el delito de prevaricación que propugna el Ministerio Fiscal. El art. 3 de la Ley de Disciplina urbanística en su apartado 1 atribuye la competencia para otorgar las licencias al ayuntamiento, excepto en los casos previstos en la legislación urbanística; en los apartados siguientes regula los supuestos en los que son necesarios informes previos de otros Organismos por afectar a dominio público o por la propia naturaleza del acto. (…) presentada la petición de autorización por el Sr.(…) en fecha 27 de marzo de 2006, el Aparejador municipal emite informe en fecha 6 de Abril de 2006, en el que establece la necesidad de que la Consellería de Medio Ambiente evalúe el impacto territorial. En fecha 11 de Julio de 2006, por el acusado Sr. (…), en su condición de Alcalde, remite a la Consellería la documentación del Sr. (…) al objeto de poder tramitar y obtener la pertinente autorización. En fecha 19 de julio de 2006, el Aparejador municipal, amplía el informe inicial haciendo constar la existencia de infracción del art. 2.1 de la Ley 10/90, de Disciplina urbanística. En atención a lo anterior, en fecha 20 de julio de 2006, la Junta de Gobierno local, acuerda requerir al Sr. (…) a los efectos de que se abstenga de seguir depositando piedras en el terreno y la reposición de éste a su estado primitivo, concediéndole plazo para su realización y, en su defecto, por el Ayuntamiento. Este acuerdo se adopta antes de que exista informe de la Consellería de Medio ambiente si bien no se notifica al Sr.(…)  hasta el 17 de agosto de 2006, cuando la Consellería remite al Ayuntamiento, con fecha 10 de agosto de 2006, el acuerdo del Pleno de fecha 13 de julio de 2006 por el que se establece que el organismo competente abra el correspondiente expediente que es acuerdo distinto al informe solicitado por el Ayuntamiento en cuanto a la autorización solicitada por el Sr. (…). Finalmente el Sr. (…) fue sancionado”.

1.- L’exigència jurisprudencial d’un perill greu en el delicte contra el medi ambient contemplat en l’article 325 del Codi Penal no fa altra cosa que incidir sobre la dificultat de construcció inherent a la protecció penal de béns jurídics col·lectius, freqüentment lligats a la concurrència de perill. A banda de què el valor ambiental no és susceptible de protecció per si mateix, sinó per la funció que du a terme respecte de l’ésser  humà i la vinculació a les necessitat de la seva vida i existència, l’experiència general evidencia que una actuació merament individual i objectivament lesiva no sigui -per si mateixa- bastant  per arriscar ni lesionar de forma concloent i suficientment efectiva el bé jurídic protegit, excepte per acumulació, és a dir, unida a altres actuacions individuals concorrents (vegi’s Roland Hefendehl “¿Debe el Derecho Penal ocuparse de riesgos futuros?” Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 04-14 (2002)). Si es posa així en relació amb l’articulació d’un resultat de simple perill per a aquesta figura penal, i donant per suposada la dificultat d’establir una configuració conceptual distintiva entre perill concret i abstracte (al final acaba sent perill abstracte tot el que no encaixi en la configuració d’un perill concret), no és estrany que el Tribunal Suprem hagi imposat el requisit que el perill abstracte generat amb l’actuació infractora hagi d’assolir nivells de gravetat suficients com per poder entendre que el risc creat és idoni i de la intensitat suficient com per afectar de forma adequada i efectiva el bé jurídic que s’ha de protegir.

2.- Pel que fa al delicte contra la ordenació del territori, la sentència analitzada fa referència a la reacció legislativa contra la redacció originària de l’article 319 del Codi Penal, que en l’apartat 1 incriminava inicialment la construcció simplement “no autoritzada” en sòl destinat a vials, zones verdes, llocs de reconegut valor paisatgístic, o d’especial protecció; pel contrari l’actual redacció exigeix una construcció “no susceptible d’autorització” o “no autoritzable”, la qual cosa permet superar freqüents obstacles derivats d’actuacions només formalment mancades de l’oportuna llicència però susceptibles d’arribar a obtenir-la, que contenien una autèntica absència d’antijuridicitat material idònia per a la repressió penal.

No obstant, crida l’atenció que l’argumentació, exhibida en suport de l’existència d’aquesta infracció, recala proporcionalment molt menys en l’aspecte que el que s’ha construït està mancat de tota possible conformitat amb la norma administrativa aplicable (“construir, en zona de dominio público hidráulico y en el paraje protegido (…). La construcción realizada rebasa los límites de lo tolerable”), que en l’aspecte de l’afectació mediambiental descartada prèviament per insuficient (“una auténtica calzada que no guarda ninguna relación de semejanza con el lecho inicial del Torrente ni con el sendero o camino originario porque desborda su configuración, aspecto y esencia con el impacto ambiental tan evidentemente perceptible (…) que supondrá una consecuencias invasivas en el entorno natural que no serían posibles si se hubiera mantenido el lecho del torrente y el sendero en su estado originario (…)  infracciones que“valoradas en su conjunto, suponen un ataque grave al medio protegido”).

Es descarta també la comissió per omissió d’aquest delicte en atenció a la falta d’equivalència entre l’acció omesa i la realitzada, requisit d’exigència jurisprudencial incorporat al Codi penal de 1995 i que tendeix a recavar l’existència d’una posició de garant per la concurrència d’un deure jurídic especial d’actuar en evitació del resultat, quan la conducta omesa i la realitzada mereixin igualtat valorativa quant al resultat produït, la qual cosa es produirà especialment en supòsits de generació dolosa del risc, i sempre que qui ometi tingui una adequada capacitat de resposta per actuar en evitació del risc. Requisits que no es compleixen en el cas, perquè segons remarca la sentència examinada: “las obras se habían realizado antes del acuerdo de suspensión, que existió, no se omitió, por lo que no fue la causa del daño.”

3.- Pel que fa al delicte de prevaricació, la sentència també abunda en consideracions sobre la inexistència d’ordre de paralització, basant-se en què per atorgar la llicència municipal eren necessaris informes previs d’altres organismes (avaluació d’impacte ambiental per part de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears) i que la Junta de Govern municipal va requerir (perquè es detingués el dipòsit de pedres i altres materials) abans que la Conselleria sancionàs l’infractor, de manera que va poder haver alentiment però no inactivitat administrativa, ni en conseqüència omissió generadora de risc.