Es desprèn, amb la màxima claredat, de la llarga transcripció que aportarem del fil argumental acabalat pel Tribunal Suprem. Es tracta de la contradictòria aplicació pels Tribunals inferiors de l’anterior sentència d’“unificació de doctrina” de 21 de febrer de 2007, possiblement –més ben dit amb tota certesa- impulsora de més problemes dels que va resoldre.

SEGUNDO
1.- La empresa recurrente denuncia como infringidos por mal interpretados por la sentencia recurrida los artículos 26.1 y 35 del  Estatuto de los Trabajadores   (RCL 1995, 997) así como la  sentencia de 21 de febrero de 2007  (RJ 2007, 3169)  dictada por esta Sala en la impugnación que se hizo del art. 42 del Convenio del Sector en su definición de lo que había de considerarse hora extraordinaria. ….

TERCERO
2.- El hecho de que sea la interpretación de aquella sentencia en relación con lo que respecto del alcance del valor de la hora ordinaria dispone el art. 26 del  ET  ( RCL 1995, 997 )   y el mínimo a retribuir la hora extraordinaria según el art. 35ET , y de que ése sea el principal objeto de discusión en estos procesos exige situar aquella sentencia en su verdadero contexto para llegar a un entendimiento adecuado de lo que en ella se dispuso en aplicación de lo dispuesto en los anteriores preceptos estatutarios, partiendo de la base de que lo que se dijo en otra sentencia posterior de fecha  10-11-2009  (RJ 2010, 69)  (rco.- 42/2008), también citada por ambas partes no hizo mas que confirmar la anterior aplicando el principio de la cosa juzgada. A tal efecto es necesario partir del hecho de que lo que en dicha sentencia se dijo, después de hacer un excurso por los antecedentes legislativos sobre el particular, era que, conforme a lo dispuesto en el art. 26ET , debía considerarse como salario a tomar como referencia para el cálculo de la hora ordinaria no solo el salario base como se disponía en el art. 42.2 del  Convenio  (RCL 2005, 1185)  sino todos los complementos salariales, entendiendo por ello que en dicha norma convenida no se respetaba la exigencia de derecho necesario del art. 35 del  Estatuto de los Trabajadores.
(…)
3.- Siendo esto lo que la sentencia dijo, la interpretación que de ella se ha hecho por la recurrida, es, tomando en su estricta literalidad lo dicho en la misma con el carácter general y abstracto propio de una sentencia de conflicto colectivo, que todas las horas extraordinarias se deben retribuir a partir del valor de la hora ordinaria calculada con todos los complementos salariales previstos, sin tomar en consideración ni distinguir entre complementos personales o generales y otros complementos fijados en función de concretas y especiales circunstancias en las que se ha desarrollado el trabajo; y en base a ese entendimiento ampliado de lo que la sentencia aquélla vino a decir, ha sostenido, siguiendo la tesis del demandante, que en el cálculo de la hora ordinaria y con repercusión en todas las horas extraordinarias, debían incluirse todos estos conceptos sin distinción. Por el contrario, la sentencia de contraste ha sabido distinguir entre lo que se dijo en la sentencia de conflicto colectivo con carácter general y abstracto y lo que procedía decir en aplicación de la misma, y de los preceptos estatutarios, al caso concreto planteado. Siendo esta segunda interpretación la que procede mantener, como igualmente ha hecho el Ministerio Fiscal en su informe. En efecto, una cosa es que se diga con carácter general que en el cálculo de la hora ordinaria deban incluirse “todos” los complementos salariales para el abono como mínimo de esa cantidad para el pago de la hora extraordinaria y otra que “todas las horas extraordinarias”, y algunas en concreto deban abonarse en todo caso con repercusión de todos los complementos, o, lo que es lo mismo, que lo que se dijo con carácter general para las “horas extraordinarias en general” no puede aplicarse a algunas horas extraordinarias “en particular”.

Ja hem dit a la nostra presentació que la sentència dictada “en unificació de doctrina” en data 21 de febrer de 2007, abans que resoldre el conflicte que cremava a l’àmbit de tot l’Estat sobre el mòdul aplicable al valor de l’hora “ordinària” sobre el qual aplicarem l’increment percentual per hora extraordinària, el va acabar d’encendre. Ha representat la típica sentència que qüestiona pels fets indiscutibles l’avinentesa i eficàcia del model cassacional d’“unificació de doctrina” (i torna a revifar el debat teorètic del model alternatiu del [“certiorari”], quan un Tribunal Suprem coneix que un problema d’interpretació està col·lapsant tots els jutjats)  talment que es va dictar una primera sentència tan poc diàfana que no va encertar a “il·lustrar” –missió pregona de la “unificació de doctrina”- a la comunitat d’interessats –i més precisament, als assessors de sindicats i agrupacions patronals- en quin sentit era interpretable la pauta “general i abstracta” del valor representat per una “hora ordinària”, sense distingir –como ho farà la sentència avui comentada- que existeixen dues classes diferenciades de “complements personals”, i que la primera –diríem que complements “sistemàtics”- entraven en compte, així com la segona –“asistemàtics”, per tal que correspondrien a “concretes i especials circumstàncies” no entravem en compte. Aquesta manca de definició clara i llampant va produir milers i milers de reclamacions resoltes pels Jutjats i la corresponent quantitat de recursos de Suplicació reiteratius davant  totes les Sales del Social dels TSJ de tot l’Estat. El Tribunal Suprem resol finalment la confrontació entre les posicions diferents encaminades pel TSJ de Balears i el TSJ de Madrid. Sortim perdent, si adoptem l’òptica dels treballadors.

La part demandant, una dona en situació de post-part que reclama la prestació per ”risc durant la lactància”, s’enfronta a recurs de Suplicació de la Mútua responsabilitzada en la sentència d’instància, comptant amb un Informe de Salut Laboral de l’hospital on treballa com “tècnic especialista en Radiologia”, el qual literalment diu que “Con la evaluación del Profesiograma del puesto de trabajo, visto el RD 298/2009, de de marzo, Anexo VII y Anexo VIII. Al existir riesgo de radiaciones ionizantes envío a Mutua  para seguir actuaciones”. Aquest Informe li havia estat indicatiu al Jutjat d’instància de l’existència del risc, i així fou estimada la demanda en la seu del Jutjat. Però el Tribunal de Suplicació aprofundeix en la literalitat de l’informe i diu que es reflecteix  “…que en el citado puesto de trabajo de Técnico especialista en radiodiagnóstico existe una exposición permanente a radiaciones ionizantes”, però tot seguit també diu que “la sentencia de instancia da por probada esta exposición, aunque lo hace sin pronunciarse acerca de una información complementaria de la propia ficha profesiográfica que detalle que esta exposición tiene lugar cuando se trabaja en instalaciones de radiodiagnóstico fijo y radiodiagnóstico portàtil, pero no cuando las instalaciones son las propias de radioterapia y medicina nuclear”. I també detalla la sentència de Suplicació que la Mútua oposa a la demanda que la normativa vigent –art. 10.2 RD 783/2001- estableix que “Desde el momento en que una mujer, que se encuentre en periodo de lactancia, informe de su estado al titular de la pràctica, no se le asignarán  trabajos que signifiquen un riesgo significativo de contaminación radiactiva” de tal manera que la Mútua argumenta que la normativa “reconoce el riesgo de radiación sólo cuando la misma provenga de contaminanción radiactiva”; que per consegüent la interessada “está adscrita a un servicio, el de radiología, donde no existe exposición a dicha contaminación”, i que “Así las cosas, dado que el art. 10.2 liga el riesgo para la lactancia no a las radiaciones ionizantes en general sino en particular a la radiación proveniente de sustancias radiactivas, en el caso de autos se echan de menos, o brillan por su ausencia, explicaciones concretas acerca de este particular. Lo que determina que no quede suficientemente probado que este riesgo de exposición a radiaciones ionizantes signifique asimismo un riesgo específico para la situación de lactancia…..” La defensa de la Mútua prospera, encara que no exactament per aquesta argumentació de prova insuficient, i la sentència d’alçada refusa la demanda de la treballadora.

“TERCERO.- Para resolver el recurso cabe considerar que el riesgo de radiaciones ionizantes en el puesto de trabajo de M.I. efectivamente existe, como aparece reflejado…. Sin embargo, lo propio es demostrar que este riesgo puede afectar negativamente al proceso de lactancia, esto es, en los términos del art. 26.1 LPRL, que el riesgo efectivamente existente resulte además un riesgo “·específico” para la situación de lactancia natural. En los términos de la STS 17/3/2011, el acceso a la prestación de riesgo durante la lactancia natural presupone algo más que identificar y/o describir riesgos obvios, puesto que se exige acreditar “….la existencia y valoración específica de los riesgos propiamente dichos en relación con la lactancia. Para llevar a cabo esa evaluación, esa identificación, es preciso conocer con detalle la naturaleza, extensión, características y tiempo de exposición del trabajador (vol dir, per força, treballadora, del gènere femení) al riesgo, así como del seguimiento que se haya hecho de la existencia de los mismos para conocer su relevancia…..” En la batería de sentencias del Tribunal Supremo existente sobre este particular, nueve en total, se cita ejemplificativamente normativa interna sobre protección de trabajadores frente a riesgos biológicos y frente a riesgos relativos a exposición a agentes cancerígenos que confirma la necesidad de efectuar dicha evaluación particularizada, manifestando que “…… en todas esas normas se describen riesgos a la exposición de distintos elementos que pueden suponer riesgo evidente para la salud de los trabajadores……, pero precisamente la gran variedad de situaciones, de actividades, de índices de peligrosidad o de tiempos de exposición en cada caso, determina la imposibilidad de que pueda conocer de forma objetiva, específica y completa los que concurren y su relevancia en relación con la lactancia en el caso que hoy nos ocupa….”

La lectura de l’argumentació que subscriu la part recurrent, així com la constatació de la improsperabilitat de les demandes immanents a la situació proteica (“gran variedad de actividades, de índices, de tiempos de exposición…”), tal i com ho descriu el Tribunal de Suplicació, suscita la més gran frustració. Ens trobem davant innovacions legislatives d’aparent gran impacte social (protecció de la mare lactant, rien ne va plus, el sursum corda dels nostres avenços socials) que resulta ser completament paper mullat davant les exigències del Tribunals en matèria provatòria. Qui no dubta que no es troba a l’abast de la mare lactant aportar estadístiques, enquestes pregones, l’índex complet dels temps d’exposició i el no va més, i no solament pel que afecta a la possibilitat de presentar un expert o un perit, sinó a la inviabilitat radical de que sigui “cregut” en la mesura que mai no podrà obtenir les infinites dades reclamades, tot i que els mateixos òrgans judicials “saben” que es tracta de “riesgos evidentes”?  Qui no dubta que en canvi les Mútues disposen –i i si no, se’l pinten- de serveis d’estudis, de científics, de metges, d’epidemiòlegs, no sols per contribuir a establir les dades, sinó –àrdidament- per aconseguir desvaloritzar les poques que pot oferir la mare lactant?  I quin concepte té un Tribunal que raona d’aquest manera dels principis inspiradors del repartiment de la càrrega provatòria?  ¿No ha de ser la Mútua la part obligada a convèncer de la “evaluación particularizada” que descarti el “riesgo evidente”?  Com és tolerable per un mínim de prudència que totes les dubtes –inevitables, inexhauribles- perjudiquen al “beneficiari” del dispositiu legal i enlairen la posició obstructiva de l’assegurador?  Així no hauríem de seguir. Si no volem reconèixer els repartiments lògics de les càrregues provatòries (article 217 de la Llei d’Enjudiciament Civil.), no hauríem de seguir.

El demandant, que havia exercit l’antiga professió de “muntador d’estructures metàl·liques” fins l’any 1995, fou declarat el 27 d’octubre d’aquell any  Incapaç Permanent en grau Total per a la professió esmentada, degut a un diagnòstic de “cremades en un 58%” (del seu cos). Posteriorment, donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms, comença a exercir una nova activitat com a “muntador d’aire condicionat”, sense demanar la compatibilitat amb el manteniment de la prestació ja concedida, però també sense que cap autoritat o responsable del sistema de Seguretat Social l’advertís de cap mena de desautorització. Uns anys més tard, en el febrer de 2010 causa baixa per un diagnòstic de malaltia no professional, dimanant de “síndrome cervico-braquial-espondiloartrosis lumbar”, com fou dictaminat per l’Equip de Valoració d’Incapacitats. El mateix Equip també advertí que romanien “cicatrius en tòrax i extremitats, per cremades de tercer grau, amb limitació del balanç articular d’espatlla dreta en els últims graus de moviment seqüelar”. En aquesta situació aflictiva, l’INSS dicta resolució i no sols li denega la nova prestació (substitutiva de la precedent, en tot cas) d’Incapacitat Total per a la nova professió de “muntador d’aire condicionat”, sinó que –sense expressar en absolut una milloria de la seqüela de “cremades” primitiva- al propi temps li sostreu “incontinenti” l’antiga prestació que venia gaudint com a “muntador d’estructures metàl·liques”. Després de formular reclamació prèvia administrativa “combinada” en contra de la doble decisió –argumentant que la privació de la prestació original era completament nul·la per inobservar el procediment obligat, i que d’altra banda l’assignació de la segona prestació, substituint l’anterior, era deguda pels nous patiments que presenta- és formulada demanda judicial que acaba en sentència estimatòria de la doble pretensió per part del Jutjat del Social número Ú de Palma. Sotmès a Suplicació el veredicte del Jutjat, la Sala del Social del TSJ confirma el criteri pronunciat a la sentència d’instància.

” TERCERO.- La parte recurrente sostiene, en síntesis, que el actor no solicitó la compatibilidad de la pensión de invalidez permanente total, que tenía reconocida para su profesión habitual de montador de estructuras metálicas, con su nuevo trabajo de montador de aire acondicionado, por lo que al iniciarse el segundo expediente de incapacidad se comprobó que la patología por la que se le había reconocido la invalidez permanente total era incompatible con la profesión de técnico de aire acondicionado, por lo que se procedió a la revisión de la invalidez permanente reconocida (…)

Tal pretensión debe ser desestimada, puesto que si se consideraba que las dolencias y secuelas que determinaron la situación de invalidez permanente total para su profesión habitual de montador de estructuras metálicas es incompatible con la de montador de aire acondicionado, lo que procedía era impedir o desautorizar que el actor ejerciera la nueva profesión, pero lo que no procedía es la revisión del grado de invalidez reconocida, que sólo puede tener lugar mediante una mejoría de las dolencias y limitaciones funcionales diagnosticas, tal y como dispone el art.143.2 de la LGSS, y si bien es cierto que a continuación se establece que en el caso que el pensionista de invalidez estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el INSS podrá de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no transcurrido el plazo, (….) ello no lleva a que se proceda, sin  más,  a la revisión del grado de invalidez reconocida, sino que para ello es necesario que se produjera una mejoría de las dolencias diagnosticadas (…).

El comentari de la sentència no presenta especials dificultats : El sentit de la sentència dictada a la instància, confirmada en Suplicació, no presenta equivocitat. El que sí era equívoca era l’actitud, malauradament repetitiva per les dades de que disposem, de la Direcció Provincial de l’INSS, que fugint de tota mesura tuïtiva prudencial s’ha encaparrotat en presumir que si un Invàlid en grau Total per a determinada professió n’exercita una de nova amb determinada semblança o aparença “equivalent” té el poder de negar la nova pretensió però també, amb simultaneïtat, d’extirpar la prestació consolidada sense formular un judici crític –no arbitrari- de milloria detectada ortodoxament en un procediment de revisió <<ad hoc>>. Els Tribunals socials reaccionen amb energia: sense negar que hi podria convenir una possibilitat de revisió i supressió també de la prestació precedent exigiran –com és normatiu i de sentit comú- que no sols s’articuli un procediment específic de revisió, sinó en surti acreditada una situació de milloria dictaminada amb caràcter ferm i coherent amb les pautes legals dels criteris habituals (millora sensible, permanent, sobrevinguda). Corolari: si els òrgans judicials no haguessin concedit la segona pensió, com a mínim haurien declarat la conservació de la primitiva.

Quan es plantejava la demanda el treballador disposa d’una carta de l’Empresa demandada en primer lloc, aleshores adjudicatària del servei de neteja de l’aeroport de Son Bonet, per la qual comunicació quedaria extingit el contracte amb dita adjudicatària per finalització de la contracta. La pròpia comunicació indica que AENA, Entitat Pública responsable dels aeroports, es troba en fase de formalització de la nova contracta, i que conforme a l’article 43 del Conveni Col·lectiu es produirà la subrogació del contracte de treball desplaçada sobre el nou adjudicatari. La realitat emperò és que AENA no va convocar i adjudicar el nou concurs fins que havien transcorregut uns cinc mesos des de l’extinció de la contracta precedent. Treball del Ministeri. La nova contracta passa a tenir eficàcia, per aquest motiu, en un termini posterior a cinc mesos a comptar de l’acabament de la contracta que precedia, quedant el treballador “penjat” en situació de greu inseguretat jurídica durant aquest interval. Per cobrir-se havia interposat demanda per acomiadament en contra del primer contractista, de qualsevol nou contractista futur, que AENA hauria d’identificar i contra la pròpia AENA. La sentència resulta estimatòria, en els termes que transcrivim. L’empresa pública AENA té interposat recurs de suplicació.

“SEGUNDO. El art. 43 del Convenio colectivo de Jardinería, Resolución de la DGT de 8 de agosto 2011, BOE 19-8-2011, vigente desde el 1-1-2010, que obra en autos, de aplicación a la contrata objeto de la litis y a todas las empresas codemandadas, establece la garantía de subrogación del personal que presta servicios en las contratas del sector cuando se suceden diversas entidades en la adjudicación de un determinado servicio por el comitente, -en el presente caso el servicio de limpieza, siega y desbroce del Aeropuerto de Son Bonet de Mallorca-, expresándose literalmente en el apartado 1 in fine: “siendo aplicable la subrogación aún en el supuesto de reversión de contratas a cualquiera de las administraciones públicas”.

De acuerdo con dicha norma, es claro que la empresa demandada que se ha hecho cargo del servicio desde el 1-1-2012 es la responsable del despido del actor, dada su obligación convencional y contractual de subrogarse en la relación laboral del mismo, en virtud de lo dispuesto en los hechos declarados probados.

De tal obligación debe exceptuarse, sin embargo, el pago de los salarios de tramitación entre el 8-6-2011 y el 31-12-2011, de la que resulta responsable la codemandada comitente, AENA, toda vez que a ella exclusivamente es imputable el retraso en la nueva contratación de servicios de limpieza, siega y desbroce del Aeropuerto de Son Bonet, tal como se ha establecido en un supuesto semejante por la Sala de lo Social del TSJ de Baleares, en Sentencia 30-6-2009, RS 224/2009”.

La singularitat d’aquesta sentència és el desglossament de les dues obligacions típiques de l’estimació d’una demanda per acomiadament. El deure de readmissió pesarà damunt la nova contractista i també el pagament d’una part dels salaris de tramitació, des de que fou efectiva la nova contracta. Però la part significativa dels salaris de tramitació “penjats” durant l’interval en què AENA no havia procedit a la nova adjudicació es fan recaure damunt la pròpia AENA. Es tracta d’una diferenciació de responsabilitats certament original, en la mesura que són compartides les conseqüències negatives transcendents als anomenats “salaris de tramitació”,.Per consegüent, es forçós anotar que el supòsit de fet era anterior a la publicació del Reial Decret-Llei 3/2012, que eximeix els salaris de tramitació excepte en els casos en què la readmissió resulta obligada (acomiadament nul) o bé triada per la part condemnada al satisfer la dicotomia de l’acomiadament improcedent. El jutge d’instància s’inspira en una sentència molt similar, encara que no exactament, que va dictar la Sala del Social del Tribunal Superior a l’any 2009.