LLIBRES

Antonio J. Térras a García President del TSJIB

(Inmediación y apelación en el proceso penal: jurisprudencia TC y reformas procesales)

Isidro Martín Sánchez Catedràtic de dret eclesiàstic de la Universitat Autònoma de Madrid

(Derecho autonómico y religión. El caso balear)

Beatriz González Moreno Professora titular de dret eclesiàstic de l’Estat de la Universitat de Vigo

(El patrimonio cultural de la Iglesia Católica en las Islas Baleares. Los convenios con las administraciones públicas)

Eva Pons Parera

Professora titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona

(Drets lingüístics per a tothom. Estudis de dret lingüístic)

Jaume Munar Fullana

Professor associat de dret administratiu de

la Universitat de les Illes Balears

(Estudios sobre la reforma de la Constitución Española)

INMEDIACIÓN Y APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL: JURISPRUDENCIA TC Y REFORMAS PROCESALES. J. SUAU MOREY. Barcelona: Librería Bosch S.L., 2010.

I

Desde ésta, la última de sus actuales publicaciones, el Dr. SUAU MOREY incrementa nuevamente el acervo doctrinal y científico disponible sobre una problemática procesal específica y álgida que, como abogado en ejercicio, enfoca equilibradamente a partir de su vivencia cotidiana en la práctica forense.

El resultado es un texto de traza rigurosa donde, también con soltura y practicidad, se proporcionan algunas claves sobre el latido de nuestro proceso penal que, languideciente más por desarmonía que por longevidad, demanda —a diario y desde hace tiempo— una solución integral que insufle coherencia a las instituciones que lo nutren; instituciones a veces reñidas con sus originarios principios por adaptación a las exigencias constituciona­les, y frecuentemente sujetas a principios procesales de carácter diverso que entorpecen su interpretación y aplicación de modo natural.

Que la segunda instancia penal respete el principio de inmediación cuando la evalua­ción de las pruebas personales (sólo de éstas) conduzca a imponer una condena, previa revocación del pronunciamiento absolutorio obtenido en primera instancia, se revela ya desde la introducción, y sucesivamente a lo largo del texto publicado, como el leit motiv que ha dado pie a estructurar un discurso soportado sobre una múltiple apoyatura:

• la inmediación;
• la valoración de prueba (incluyendo el alcance de su documentación audiovisual);
• el recurso de apelación.

Tales cuestiones, abordadas separadamente (desde el punto de vista enunciativo y conceptual) en los diversos capítulos, se ligan mediante una original conectividad, que las aglutina focalizando las referencias doctrinales y jurisprudenciales sobre aquella exi­gencia de inmediación durante la segunda instancia; cuestión desde luego compleja, que es presentada en tono abiertamente crítico por su resultado, pero sin rehuir sus aristas espinosas, siempre tratadas con minuciosidad y convicción.

II

Todo ello le ha permitido trazar el perfil y los contornos del principio de inmediación, tratar la problemática de la valoración probatoria con apoyo y perspectiva en una sucinta pero representativa muestra del Derecho comparado, y ofrecer un estudio sistemático sobre el recurso de apelación, sin olvidar las pautas evolutivas marcadas por las sucesivas decisiones del Tribunal Constitucional, los precedentes en el Tribunal Europeo de Dere­chos Humanos, y el análisis concreto del supuesto litigioso que dio lugar a la resolución «innovadora» en Pleno del TC, junto con las decisiones posteriores sobre esta misma materia, y en general los más remarcables pronunciamientos tanto del TC como del TS que afectan a la cuestión, directa o tangencialmente.

No resulta difícil sumarse a la sensibilidad que muestra el Dr. SUAU en torno a la siquiera aparente falta de discriminación que exhiben algunas decisiones del Tribunal Eu­ropeo de Derechos Humanos, siendo —cuanto menos— curioso observar cómo la exigen­cia de implantación de una «segunda instancia» se proyecta indiferenciadamente sobre sistemas diversos, anglosajón y continental, que han concebido, al menos originalmente, de manera muy distinta la naturaleza y el alcance de su respectivo juego de recursos.

• es que las referencias procesales angloamericanas, inherentes a un Derecho de creación judicial, facilitan (especialmente cuando la decisión popular interviene mediante el Jurado puro) una visualización del proceso penal como instancia única cercana al juicio «político», no desde luego en sentido partidista ni oportunista, sino teñido de sobera­nía: un juicio que, en ausencia de ley, crea o fija el Derecho aplicable al caso, y frente al que (con carácter general, no se olvide) cabrá interponer un recurso de nulidad (en consecuencia para nosotros mal denominado como «apelación») que —de prosperar— desembocaría en la repetición del juicio anulado, y no en una segunda decisión de fondo sobre el mismo asunto; mientras que, en los desarrollos que nosotros denominamos de corte «continental», la supremacía de la Ley justifica la existencia de una segunda ins­tancia con revisión tanto por quebrantamiento de forma (incluyendo ello el control sobre la regularidad y constitucionalidad ligadas tanto a la obtención como a la práctica de las pruebas), como por infracción de norma.

En nuestro sistema, el anclaje tradicional de la segunda instancia respondía históri­camente a una apelación de plena jurisdicción, actualmente desvanecida. Pese a todo, nuestro actual recurso de apelación, aun teniendo que respetar el objeto del proceso (prohibición de la mutatio libelli), sigue resultando apto para emitir un segundo pronun­ciamiento autónomo, aplicando el Derecho tras haber fijado los hechos con indepen­dencia respecto de la primera instancia, y en base a la propia valoración de la prueba hecha durante la segunda, pero habiendo optado por una apelación (en este sentido) «limitada» a la práctica de la prueba sobre hechos nuevos (nova producía) o desconoci­dos (nova reperta), y a la indebidamente denegada en su momento. Ninguno de estos supuestos entraña compromiso para el principio de inmediación; sin embargo, el resto del material probatorio manejado durante la segunda instancia no será objeto de nueva prueba, sino que comportará necesariamente un simple reexamen de la practicada en la instancia anterior, lo que compromete en alguna medida el respeto al principio de inmediación.

• es aquí donde cobra genuidad el crítico punto de vista defendido desde la publi­cación que se comenta, discrepante con la solución decidida por el TC y tributario de alguna matización, porque tal principio de inmediación parece responder a la necesidad de preservar una conexión directa entre el desarrollo probatorio, su percepción, su aná­lisis racional y la convicción obtenida; y aunque para ello resulta —en cualquier caso- necesario que la capacidad de percepción opere en toda su plenitud, también resulta igualmente imprescindible conservar—al menos— una cierta capacidad de intervención en ese desarrollo probatorio, muy especialmente en un proceso (penal) donde el principio acusatorio no resulta identificable con el principio dispositivo y donde las facultades de dirección del proceso mantienen una dimensión más amplia o más intensa. Entre estas facultades, el control de la pertinencia y utilidad de las preguntas dirigidas a los testigos, y muy especialmente las aclaraciones adecuadas para que ese desarrollo probatorio res­ponda a una capacidad de percepción y análisis coherente con la necesidad de obtener una convicción dirigida a averiguar la verdad material, y no meramente formal.

Las actuales posibilidades técnicas de documentación audiovisual permiten conservar la percepción del resultado probatorio con una extraordinaria (si no absoluta) fidelidad, que sin embargo no equivale a preservar la sustancialidad de la inmediación, porque el juzgador queda privado de su natural potestad de administrar las garantías durante el desarrollo probatorio, dirigiendo el curso del interrogatorio a cargo de las partes, e inte­resando las aclaraciones convenientes para formar una convicción que, aun siendo libre, necesita ser explicada en sus razones.

Probablemente por ello, la autorización para obtener convicción de un material pro­batorio no percibido directamente, sino mediante una reproducción audiovisual, quede justificada en situaciones de imposibilidad alternativa, o cuando alguna extraordinaria dificultad genere colisión entre derechos fundamentales y deba ceder el principio de inmediación; por ejemplo, un testimonio sensible a su alteración por cualquier circuns­tancia comprobada (que entorpecería la averiguación de la verdad material por falta de espontaneidad en circunstancias extraordinarias), o de un testigo en riesgo de victimiza- ción con peligro acreditado para su indemnidad siquiera psicológica.

Además, como puede colegirse desde la distintas referencias acopiadas en el texto, la inmediación no tendría por qué presentar, desde el prisma estrictamente dogmático, especialidades sustanciales por el hecho de que la evaluación de la prueba se desarrolle en la segunda instancia, y así algunos sistemas del Derecho comparado imponen la reedi­ción íntegra de todo el material probatorio, incluyendo las pruebas personales que ya se practicaron durante la primera instancia (nueva práctica de prueba que también acarrea severos, si no mayores, inconvenientes); de modo que la concreta problemática que esta nueva publicación analiza responde al carácter —en este sentido— «limitado» de nuestro recurso de apelación, en tanto impone un reexamen de la prueba practicada durante la primera instancia que, según el TC, no vulnera el principio de inmediación cuando se limita a corroborar la convicción obtenida en la primera instancia, o cuando conduce a una convicción distinta que no agrava la situación del acusado; pero no más allá, porque la condena se sustentaría «exclusivamente» en una convicción alcanzada sin interven­ción directa en el desarrollo de la prueba, y contra la convicción del juez o tribunal que sí inmedió efectivamente. Igualmente, la reproducción videográfica de dichas pruebas personales tampoco conserva la esencia de la inmediación.

Soluciones, ambas, que esta obra aborda sin ambages desde una óptica casi doliente y desde luego crítica, cuando presenta escrupulosamente cada uno de los aspectos favo­rables y contrarios, sin dejar de tomar partido ni de exhibir la inclinación particular, pero siempre de manera elegante en el discurso y con lealtad absoluta a la exposición de la problemática y su controversia.

III

Con esta nueva publicación, el Dr. SUAU MOREY se ha enfrentado a un sugestivo reto de orden sistemático y de organización expositiva, al que responde, como ya se ha dicho, interconectando en un mismo texto referencias a la inmediación, que como principio está llamada a teñir todo el proceso penal (especialmente en materia de percepción de la prueba) cualquiera que sea su tipo específico e independientemente de su fase, junto con la disección de una clase de recurso concreto como la apelación, a la vez que va in­corporando y desgranando —además a lo largo del texto— otras cuestiones interrelacio­nadas, como la inexcusabilidad de la segunda instancia penal, la dimensión de la función revisora y el tipo de recurso para desenvolverla, las garantías en materia de prueba junto con las peculiaridades y limitaciones para su reexamen en orden a la formación de una convicción autónoma durante la segunda instancia, así como la aptitud o inidoneidad de los medios de grabación audiovisual para alcanzarla.

Y es llamativo que, para lograr ese complicado objetivo sintetizador, no se renuncie a plantear las diversas cuestiones conforme a unos perfiles doctrinales sólidamente encaja­dos, que se sujetan a una exposición amplia y sistemática de la naturaleza y características sobre cada institución, en ocasiones apoyada incluso en los más antiguos precedentes de solera procesal indiscutida, pero que conviven con certeras alusiones a los puntuales problemas que suscita cotidianamente la agitada práctica del foro, y se enfocan desde una exposición que es nutrida con abundantes declaraciones del TS, y del TC en materia de amparo.

Se trata de un enfoque que propicia un manejo dual o ambivalente de su texto, por­que las bases doctrinales y científicas fundamentales de cada institución se entreveran y salpican plásticamente con los problemas actuales de la práctica, mediante una relación de círculos secantes que en ocasiones presenta zonas de convergencia mínimas pero suficientes y, desde luego, ilustrativas del problema en toda su dimensión.

A.J.T.G.

DERECHO AUTONÓMICO Y RELIGIÓN. EL CASO BALEAR. C. PONS-ESTEL TUGORES. Navarra: Civitas, 2010.

El denominado Derecho Eclesiástico autonómico ha experimentado en el transcurso de estos últimos años una creciente extensión e importancia. Así, la legislación básica de ámbito estatal de naturaleza pacticia —Acuerdos suscritos con la Santa Sede de 1979 y con algunas confesiones no católicas en 1992—y unilateral —Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa y su desarrollo reglamentario— supone sólo una mínima parte del actual conjunto normativo referente al factor religioso.

Frente a esta parquedad legislativa de aplicación general, el desarrollo por las Comu­nidades Autónomas de las competencias asumidas sobre materias relacionadas con dicho factor religioso ha dado lugar a una ingente producción normativa, tanto de naturaleza jurí­dica unilateral como convencional. En virtud de ello, puede decirse que el desarrollo del De­recho Eclesiástico español se está llevando a cabo fundamentalmente a nivel autonómico.

Esta situación ha suscitado, como es lógico, la atención de la doctrina jurídica, la cual se ha venido ocupando de las diversas cuestiones planteadas por este nuevo sector de nuestro ordenamiento. Un ejemplo significativo de esta producción científica es el libro de la profesora Catalina PONS-ESTEL TUGORES, en el que se examina la regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

II

En el capítulo primero, titulado «Derecho Eclesiástico Autonómico Balear», se pone de relieve que la vía pacticia es la más utilizada por las Comunidades Autónomas para la elaboración de la normativa de Derecho Eclesiástico. Asimismo, se estudia el régimen constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunida­des Autónomas sobre el factor religioso. En relación con esta última cuestión, la autora hace notar que los acuerdos con las confesiones religiosas pueden ser aprobados por las Comunidades Autónomas respecto de las materias referentes al derecho de libertad religiosa que no requieran ser desarrolladas por Ley Orgánica. Ello es factible, a su juicio, porque al no ser la cooperación con las confesiones una materia reservada al Estado, la frase final del artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no está delimitando las competencias autonómicas.

El capítulo segundo estudia «La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y sus competencias en materia de Derecho Eclesiástico». En él —tras un examen estadístico de la composición geográfica de las Islas Baleares, de su población y de las entidades religio­sas existentes en ellas— se aborda el régimen de las competencias de esta Comunidad Autónoma respecto del Derecho Eclesiástico.

Con referencia a las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, se mencio­nan numerosos convenios firmados entre diversos organismos autonómicos y diferentes confesiones religiosas en materia de turismo y asistencia social.

Por su parte, las competencias compartidas con el Estado han tenido incidencia en temas como la inmigración, calendario de festividades religiosas católicas, salud, asis­tencia religiosa en centros públicos y derecho de acceso de las confesiones a los medios públicos de comunicación social.

El capítulo tercero aborda el examen de «Algunos supuestos de objeción de con­ciencia». Uno de estos supuestos es el de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre este punto, además de referirse a algunos documentos de los obispos de esta concreta Comunidad Autónoma en los que se critica la realización del aborto, la autora menciona el recono­cimiento de este supuesto de objeción por parte del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de acuerdo con lo afirmado por la STC 53/1985, de 11 de abril.

Además del supuesto del aborto, se estudian los casos de objeción de conciencia al cumplimiento de las voluntades anticipadas —reconocida por la legislación balear sobre esta materia—, a los tratamientos médicos hemotransfusionales, en materia laboral y a cursar la asignatura «Educación para la Ciudadanía».

El capítulo cuarto lleva por rúbrica «Educación y Enseñanza religiosa». Respecto de esta cuestión, la autora hace constar la falta de prevención normativa sobre la posibilidad de la existencia de una asignatura alternativa para los alumnos que no desean estudiar religión. Esta situación ha dado lugar a la interposición de un recurso por la jerarquía católica y diversas asociaciones de padres y profesores, argumentando la existencia de una discriminación entre dichos alumnos y los que cursan la mencionada materia, porque ello supone para estos últimos dos horas más de clase.

Por otra parte, señala la inexistencia de clases de religión evangélica y musulmana en los centros públicos de enseñanza no universitaria de las Islas Baleares.

Finalmente, pone de relieve el establecimiento por los obispos de Mallorca, Menorca e Ibiza, en 2002, de los requisitos que deben cumplir los profesores de religión y moral pública en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional.

El capítulo quinto se refiere a la «Asistencia religiosa en establecimientos públicos». En este capítulo es objeto de estudio, en primer lugar, la asistencia en los hospitales públicos. Esta asistencia está regulada por un Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Salud y Consumo y el Obispado de Mallorca, de 25 de julio de 2005, en el cual se establece la creación en cada centro hospitalario de un servicio de asistencia religiosa católica. El régimen económico del personal encargado de la asistencia no com­porta la existencia de una relación laboral, sino la entrega por el centro al Obispado de una cantidad anual que se actualizará cada año.

El segundo supuesto examinado es el relativo a la asistencia religiosa en la Universidad de las Islas Baleares. En este punto, hay que tener en cuenta la existencia de diversos acuerdos, suscritos entre los obispos de las diócesis de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y los órganos de gobierno de la Universidad, cuyos fines son —entre otros— la creación de un colectivo de Asistencia y Formación Religiosa y la cooperación de la Universidad con la biblioteca diocesana y con el Instituto Diocesano de Teología.

Finalmente, este capítulo se ocupa de la asistencia religiosa a los menores que se encuentran en centros de internamiento.

El capítulo sexto está dedicado a los «Medios de comunicación». La primera cuestión objeto de estudio es el derecho de acceso de las confesiones a los medios públicos de co­municación social. Después de examinar la legislación sobre la Radio y Televisión Estatal, la autora se detiene en la normativa autonómica sobre esta materia, según la cual —para la determinación de la titularidad del derecho de acceso a los grupos políticos y sociales más significativos— se tendrán en cuenta criterios objetivos tales como la representación parlamentaria, la implantación política, sindical, social, cultural y el ámbito territorial de actuación.

A continuación, se examina la programación religiosa. Este tema ha sido regulado por diversos convenios entre los entes públicos de comunicación y las diócesis de las Islas Baleares. Entre ellos se establece la coordinación de los programas católicos, así como la difusión del patrimonio y de las actividades asistenciales y pastorales de la Iglesia Católica.

Por último, se aborda la publicidad religiosa en los medios de comunicación social de titularidad pública. Corresponde al Consejo Audiovisual de las Islas Baleares garantizar en estos medios de comunicación social el respeto de los valores constitucionales y los sentimientos religiosos de los ciudadanos.

El capítulo séptimo se titula «Lugares de culto y cementerios». En materia de lugares de culto, es preciso tener en cuenta que los Planes Generales de Ordenación Urbana sue­len mencionar el uso religioso entre los distintos tipos de equipamientos. Por otra parte, resulta evidente —como se señala en este punto— que los lugares de culto están sujetos al cumplimiento de la normativa sobre el medio ambiente y a los controles administrati­vos relativos a las concretas exigencias de salubridad y convivencia social.

En relación con el tema de los cementerios, la autora examina el supuesto de la Co­munidad musulmana de Mallorca que, desde 1996, venía reclamando la construcción de un cementerio propio. Después de múltiples vicisitudes administrativas, el Ayuntamiento de Palma ha finalizado las obras del cementerio musulmán.

El «Patrimonio histórico de las confesiones religiosas» constituye el objeto del capítulo octavo. La primera cuestión estudiada es la Ley del Patrimonio Histórico español y los bienes culturales de las confesiones religiosas. A continuación, se examinan las referen­cias al patrimonio histórico de titularidad eclesiástica contenidas en los acuerdos suscritos

por el Estado español con la Santa Sede y las confesiones minoritarias. Un tercer tema incluido en este capítulo es el del patrimonio histórico de las confesiones religiosas en la legislación autonómica de las Islas Baleares. A este respecto, se hace referencia a las competencias contenidas sobre esta cuestión en el Estatuto de Autonomía balear. Asi­mismo, se examina la Ley del Patrimonio Histórico balear, de 21 de diciembre de 1998 —puntualizando que en las Islas Baleares no existe más patrimonio histórico de titula­ridad confesional que el de la Iglesia Católica—, la Ley de Archivos y Patrimonio Docu­mental, de 17 de octubre de 2006, y la Ley de Bibliotecas, de 23 de noviembre de 2006.

En cuarto lugar, son objeto de estudio los acuerdos firmados entre diversas Admi­nistraciones Públicas y las jerarquías de la Iglesia Católica. Entre ellos, figuran acuerdos con la Comunidad Autónoma balear, con los Consejos Insulares, con los Ayuntamientos y con alguna entidad de crédito. Su objeto es la colaboración técnica y económica de la Administración en la conservación del patrimonio eclesiástico —respetando su finalidad de culto—, la restauración de diversos bienes inmuebles y la financiación de algunos proyectos de la Diócesis de Mallorca.

El noveno, y último capítulo, versa sobre el «Matrimonio en forma religiosa». Como introducción a este tema, la autora muestra unas tablas estadísticas sobre el número de matrimonios celebrados en forma canónica en España desde 1996 hasta 2003 en las cuales se aprecia que, a partir de 2002, estos matrimonios han ido disminuyendo numéricamente.

Seguidamente, ofrece una estadística de las crisis matrimoniales —separaciones, divorcios y nulidades— en España desde 1998 a 2007. De ellas se desprende que las Islas Baleares —junto con Canarias, Ceuta y Melilla— es la Comunidad Autónoma con el mayor porcentaje de este tipo de crisis.

Asimismo, acompañan a estas estadísticas las relativas a las causas de separación, nulidad y disolución dictadas por el Tribunal Eclesiástico de Mallorca, desde 1979 a 2007, y por el Tribunal Eclesiástico de Ibiza, correspondientes al periodo 1995 a 2008.

Una segunda cuestión tratada en este capítulo es la eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas de nulidad y de las dispensas de matrimonio rato y no consu­mado. Respecto de esta problemática, la autora se refiere brevemente a lo dispuesto en los artículos VI.2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, firmado entre la Santa Sede y el Estado español, 80 del Código Civil y, 770 y 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Igualmente, se detiene en la explicación del significado de la rebeldía procesal. Acompañan a este estudio unas estadísticas de las homologaciones civiles de las sentencias matrimoniales dictadas por los Tribunales Eclesiásticos de Mallorca, Menorca e Ibiza. Examinando estas estadísticas, destaca el bajo índice de impacto en la sociedad de estos supuestos en relación con el número de causas matrimoniales sustanciadas ante los Juzgados de Familia o de Primera Instancia.

El capítulo finaliza con un breve examen de la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

El libro incluye como Anexos un índice de disposiciones normativas, otro de senten­cias y resoluciones administrativas y un tercero onomástico de autores con indicación de las páginas en las que aparecen citados, lo cual facilita grandemente su localización.

III

Creo que nos encontramos ante un libro importante, que demuestra la madurez científica y la capacidad de trabajo de su autora. Además, es una obra bien editada por Civitas y cuenta con el aval del Instituto de Estudios Autonómicos del Gobierno balear. Este tipo de trabajos constituyen una muestra del camino que debe seguir la investiga­ción si desea tener una visión completa del vigente Derecho Eclesiástico español.

EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LAS ISLAS BALEARES. LOS CONVENIOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. C PONS-ESTEL TUGORES. Granada: Comares, 2010.

I

En el ámbito jurídico, resulta en ocasiones impropio calificar como «trabajo de inves­tigación» algunas aportaciones doctrinales por el método de trabajo que se ha seguido o por los objetivos que se ha propuesto el autor. La monografía que publica la editorial Comares en su «Colección Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» es, en sentido técnico, un trabajo de investigación. Quien quiera saber algo o conocer mejor cómo los entes eclesiásticos titulares de bienes culturales de interés religioso en las Islas Baleares han afrontado la protección y la conservación en sus convenios con las distintas administraciones públicas habrá de recurrir, como fuente imprescindible, a este trabajo de Catalina PONS-ESTEL, profesora asociada de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de las Islas Baleares.

II

El tema ha sido abordado con el rigor que caracteriza a su autora. Este rasgo se percibe desde la introducción misma. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre un elemento de esta obra cuya dificultad y mérito puede pasar más desapercibido. Me refiero al elenco documental que conforma el capítulo III. La recopilación de tantos, tan concretos y tan dispersos convenios de colaboración entre entes autonómicos y locales y obispados, o personas jurídicas públicas eclesiásticas titulares de los bienes, es un for­midable trabajo de recogida (en ocasiones, de auténtica búsqueda) y sistematización de convenios eclesiásticos menores, configurados como pactos de ejecución del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. Ésta es una de las principales aportaciones de esta obra a la compleja cuestión del marco jurídico de los bienes culturales de interés religioso en nuestro país. Y, desde luego, no es una aportación menor. Quien se haya enfrentado alguna vez al tratamiento pacticio de este patrimonio cultural se ha encontrado con la dificultad de localizar los textos, de obtener los permisos necesarios, de acceder a algunos archivos, de vencer ciertas reticen­cias para hacer copias y, en fin, de tener la certeza de «ya está todo». La autora lo deja entrever delicadamente en su presentación, señalando que la búsqueda y recopilación de este material no ha sido sencilla. No ha podido serlo aunque simplemente sea por el volumen de los acuerdos que recoge la obra: setenta convenios sobre patrimonio cultu­ral (uno para crear la Comisión Mixta Gobierno balear-Diócesis de la Iglesia Católica en Baleares; sesenta y dos convenios sobre patrimonio monumental, cinco sobre patrimonio bibliográfico y dos de patrimonio documental).

Catalina PONS-ESTEL ha dividido el trabajo en tres capítulos. El primero se titula «El patrimonio cultural español: concurrencia competencial» (pp. 1-21). Examina el marco constitucional de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural para abordar luego el estudio de la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985; la prohibición de disponer de los bienes muebles declarados de interés cultural y de los incluidos en el Inventario general que estén en posesión de instituciones eclesiásticas salvo a favor del Estado, de entidades de Derecho público o de otras instituciones eclesiásticas, prohibición contenida en el art. 28 de la Ley y que habla impropiamente de bienes en posesión de las entidades de la Iglesia Católica, cuando esas entidades son sus titulares; el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, que procuró determinar las bases de colaboración entre ambas partes para preservar, dar a conocer y catalogar el patrimonio cultural eclesiástico, conservarlo y disfrutarlo, y los acuerdos aprobados con posterioridad para desarrollar los principios generales contenidos en la norma concor­dada. Entre ellos, muy especialmente, las Normas para la realización del inventario de los bienes culturales de la Iglesia Católica, de 1982; el Plan Nacional de Catedrales, de 1997, y el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, de 2004. La profesora PONS-ESTEL recoge en este apartado criterios estrictamente normativos y elude estériles debates doctrinales sobre el alcance de los compromisos de una y otra parte o sobre el mayor o menor grado de cooperación de los poderes públicos para la puesta en valor de este ingente patrimonio.

Es en el siguiente epígrafe donde la autora aborda y da a conocer el marco estatu­tario y legislativo del patrimonio cultural en territorio balear: el Decreto de traspaso de competencias en esta materia, de 1983; la normativa de atribución de competencias a los Consejos Insulares sobre patrimonio histórico, artístico y documental, por Ley de 13 de diciembre de 1994; las competencias de los entes locales insulares; la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, de 1998; la Ley de Archivos y Patrimonio Documental, de 2006, y la Ley de Bibliotecas, también de 2006. Respecto de cada una de estas normas se analizan sus objetivos, la definición del objeto que pretenden regular y su ámbito de aplicación, así como las declaraciones de bien de interés cultural que se han realizado al amparo de estas disposiciones sobre diversos elementos patrimoniales de las Islas.

Con igual claridad y concisión examina Catalina PONS-ESTEL en el capítulo II (pp. 23- 35) los convenios con las administraciones públicas como instrumentos para la protección y el disfrute del patrimonio cultural de la Iglesia Católica. Recoge en un par de notas al pie la bibliografía de referencia sobre los convenios eclesiásticos menores y explica con admirable sencillez sus elementos. Su naturaleza jurídica se define por el carácter admi­nistrativo de estos convenios; sus sujetos son las administraciones públicas baleares (el Gobierno, los Consejos Insulares, los Ayuntamientos y la Universidad de las Islas Baleares)

y la Iglesia Católica (sus tres diócesis, Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera, y algún ente eclesiástico). Y su objeto, el patrimonio monumental, documental o bibliográfico. En el análisis del modelo de convenio predominante se abordan las obligaciones que típica­mente se establecen para cada una de las partes, su vigencia y su eventual publicación.

Finalmente, la autora sistematiza y ordena los convenios firmados, de los que sólo veintinueve están formalmente en vigor. Los demás, o bien han realizado ya su objeto propio, consiguiendo el resultado convenido y habiéndose abonado las cantidades pac­tadas, o, aún cumplido su objeto, mantienen la vigencia de ciertas obligaciones previstas para prolongarse en el tiempo. El interés principal de estos convenios radica en compro­bar cómo una y otra parte han conseguido identificar ámbitos de interés concurrente respecto de estos bienes y cómo han equilibrado las recíprocas prestaciones. Son una muestra muy concreta del principio constitucional de cooperación y de los múltiples mecanismos que pueden desarrollarlo.

III

Como ya apuntamos, esta es una obra eminentemente práctica. Expone y aclara un estado de cosas (las vías de cooperación de las administraciones públicas baleares y de la Iglesia Católica sobre patrimonio cultural, y su fundamento normativo), recoge y sistematiza los convenios celebrados, e invita a ambas partes a continuar colaborando a la vista de los logros conseguidos en los caminos que ya se han recorrido. La profesora PONS-ESTEL ha tenido el acierto inmenso de explicar lúcidamente todo esto.

B.G.M.

DRETS LINGÜÍSTICS PER A TOTHOM. ESTUDIS DE DRET LINGÜÍSTIC. A MUIAN I MASSANA. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2010 (Col·lecció Responsa: 3).

I

Aquest llibre aplega, com ens informa el subtítol, un conjunt d’estudis de dret lingüístic del professor Antoni MILIAN i MASSANA. El lector que s’hi acosti descobrirà, però, una obra que respon a un esperit i objectiu unitari, més ben reflectit pel títol principal: Drets lingüístics per a tothom. Aquest títol abasta el doble vessant individual i col·lectiu dels drets lingüístics, que es tradueix en la tensió entre els drets dels parlants individuals i la voluntat de protegir l’existència del grup lingüístic, com a espai vital necessari per al desenvolupament i l’exercici d’aquells drets. La problemàtica que s’hi aborda és doncs universal, si bé es particularitza des de l’àmbit lingüístic català en «la preocupació de conciliar els drets lingüístics individuals amb les mesures constrictives que, a voltes, requereix la salvaguarda d’una llengua quan està en contacte amb una altra llengua més forta» (p. 22 «Introducció»),

L’aparició d’aquesta obra en una col·lecció inicialment adreçada al públic balear, ens invita a emmarcar-la breument en els estudis de dret lingüístic dels territoris de parla catalana. Una disciplina que comença a conrear-se al principi dels anys vuitanta, coincidint amb la promulgació a l’Estat espanyol de normes reguladores de l’estatus oficial de les llengües, i en la qual s’observen una sèrie de coincidències fonamentades en raons diverses: en primer lloc, per la comuna posada en pràctica a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià de processos de normalització lingüística, si bé amb ritmes diferents; segonament, per les influències doctrinals recíproques d’autors dels diferents territoris, en un debat basat en unes premisses força unitàries, i, en tercer lloc, pel factor tendencialment homogeneïtzador de la interpretació de les disposicions juridicolingüístiques que constitueix la jurisprudència del TC que les interpreta. Això explica que, com apunta el senyor Lluís J. SEGURA GINARD en el Pròleg a l’obra, gran part de les reflexions que conté el llibre sobre el punts neuràlgics del debat lingüístic siguin plenament trasladables a la Comunitat balear.

L’autor, Antoni MILIAN i MASSANA, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, és reconegut com un dels millors experts en dret lingüístic. La seva intensa dedicació al conreu d’aquesta disciplina s’ha traduït en nombrosos treballs acadèmics, que els editors han tingut l’encert d’incloure en una relació cronològica al final del llibre (p. 233-242). L’amplíssima i rellevant aportació del professor MILIAN en aquest camp ha vingut impulsada —o admet, si més no, aquesta lectura—, per dues voluntats destacades: primera, la de situar el debat juridicolingüístic propi en el marc europeu comparat i internacional, en diàleg amb autors i experiències estrangeres, per tal extreure’n ensenyances i solucions aplicables en el nostre context, i, relacionada

amb l’anterior, la voluntat d’indagar sobre aspectes nous o poc tractats del règim jurídic de les llengües, en relació amb els quals poder formular propostes doctrinals assumibles pel dret positiu o la jurisprudència dels tribunals.

II

Els estudis recollits en el present volum tracten temàtiques força variades: la reflexió general sobre el sentit i el contingut del dret lingüístic (capítols I i II); les disposicions lingüístiques del dret internacional (capítol III); el marc estatutari i la normalització lingüística de la llengua catalana (capítol IV); la intervenció juridicolingüística en l’àmbit privat (capítol V), i els requisits lingüístics relatius a la immigració (capítol VI). La selecció dels treballs comprèn, doncs, la majoria de qüestions fonamentals del dret lingüístic, amb les excepcions de l’ensenyament —que és objecte, nogensmenys, de reflexions o acotacions en diverses parts de l’obra— i del règim lingüístic de la Unió Europea.

Una característica estilística que unifica l’obra ressenyada és la seva claredat i precisió expositiva. Des de la primera a la darrera pàgina el lector se sent guiat amb traç ferm per l’anàlisi dels diferents conceptes i categories que permeten articular jurídicament les qüestions complexes que planteja la relació entre la llengua, els drets dels parlants i les identitats col·lectives. L’homogeneïtat estilística es correspon, com dèiem a l’inici, amb una unitat substancial o teòrica de fons. En la valuosa introducció, redactada com a pòrtic de la present obra, l’autor, a partir d’una mirada retrospectiva, fa explícit el fil conductor comú i central dels seus treballs sobre drets lingüístics; la preocupació per determinar els límits jurídics que s’imposen a les intervencions lingüístiques coactives, o, «al capdavall, la voluntat de dibuixar la ratlla que separa les mesures lingüístiques constrictives lícites de les il·lícites, bo i ponderant els interessos controvertits» (p. 28 i 29). Aquest conjunt d’elements determinen que tots els estudis recollits, que abasten èpoques diferents, mantinguin la frescor i l’interès doctrinal i pràctic fins avui.

No semblaria lícit, però, obviar la conjuntura actual, que contribueix a redimensionar la importància de l’obra ressenyada com a aportació qualificada al debat juridicolingüístic. Cal notar la coincidència temporal: l’edició del llibre, datada el maig de 2010, se separa sols un mes de la publicació de la STC 31/2010, de 28 de juny, sobre la reforma l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Com han assenyalat els primers comentaristes d’aquest pronunciament jurisprudencial —vegeu els números monogràfics recents de la Revista catalana de dret públic (http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/recursos_interes/ especial%20estatut/ca_ese/ca) i de la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals (http://

www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/recerca/IEACastella/Publi/_reaf_indx_

num/_reaf12.jsp)—, a banda de la nul·litat del terme «preferent» com a qualificador de l’ús de la llengua pròpia, pràcticament tots els elements bàsics del règim lingüístic estatutari hi són objecte de declaracions interpretatives, sovint ambigües o bé de tipus

preventiu. El panorama obert per la Sentència sembla, doncs, poc coherent amb el rol estabilitzador de la interpretació de l’ordenament lingüístic que —no sense certs aspectes discutibles— havia assumit la jurisprudència constitucional i ha propiciat el sorgiment de nous conflictes lingüístics en qüestions que semblaven pacificades i que, en un futur proper, conduiran a nous pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre regulacions lingüístiques sectorials dictades a l’empara de la regulació estatutària.

En el context descrit cobren una rellevància indubtable les sòlides elaboracions doctrinals, recollides en el llibre d’Antoni MILIAN, sobre les condicions precises per a la plena i completa efectivitat de l’oficialitat de la llengua cata’ana, inclòs el deure de conèixer-la; la connexió ben travada entre els drets lingüístics dels ciutadans i la necessària capacitació lingüística dels servidors públics, o les conseqüències jurídiques de la noció de llengua pròpia (capítol IV). Igualment, són de gran interès les precisions sobre el contingut lingüístic essencial dels drets humans o fonamentals, que condueixen a «rebutjar les interpretacions interessades i ideologitzades que, assenyaladament en el supòsit del dret a l’educació, exageren la dimensió lingüística dels drets fonamentals» («Introducció», p. 29, i capítol III). 0, pel que fa a la intervenció en el sector privat, després de palesar l’actuació generalitzada dels estats democràtics en aquest àmbit —enfront la hipocresia dels qui només critiquen les prescripcions lingüístiques relatives al català—, l’examen rigorós i detallat de les condicions que fan lícites les mesures constrictives dels poders públics (capítol V). Finalment, i com a simple tast de les aportacions de l’obra ressenyada, destaquem la formulació dels principis bàsics relatius a les exigències lingüístiques que poden adreçar-se a les persones immigrades (capítol VI), que en bona mesura s’han plasmat en la darrera reforma de la legislació estatal d’estrangeria (Llei orgànica 2/2009, d’l 1 de desembre) i en la Llei catalana d’acollida de les persones immigrades o retornades (Llei 10/2010, de 7 de maig).

III

Més enllà d’aquestes i altres qüestions més o menys concretes, els estudis del professor MILIAN que s’apleguen ara sota la rúbrica de Drets lingüístics per a tothom tenen el valor de contribuir a fonamentar la legitimitat jurídica i democràtica del model plurilingüe configurat a partir de la Constitució de 1978, i en el seu si de les mesures polítiques i administratives de defensa i promoció de la llengua catalana. Amb l’afany de rigor característic, l’autor ens adverteix, però, que els límits o la ratlla de les mesures lícites de les que constitueixen un abús inadmissible i injustificat no són fixos ni inalterables, atès que el judici de raonabilitat i proporcionalitat pot variar en funció del context on s’aplica («Introducció», p. 29), Els aspectes institucionals o competencials, sovint implícits en aquesta reflexió doctrinal, no poden ser menystinguts: la qüestió, com han tornat a posar de manifest els esdeveniments recents, rau sovint en determinar qui té atribuïda

o bé s’autoatribueix (com ara, en l’autoqualificació del TC dins la STC 31/2010 com a «poder constituyente prorrogado» o la discutible intervenció del TS en relació amb el model lingüístic escolar de conjunció que, adduint l’anterior resolució, pretén reformular la «proporcionalitat» de l’ús vehicular de les llengües en l’ensenyament d’acord amb l’estat actual de la normalització lingüística), la capacitat de fixar «la línia d’equilibri entre les tensions que sorgeixen del vessant doble, individual i col·lectiu» dels drets lingüístics («Introducció», p. 32).

Encara, doncs, pendent d’avaluar l’impacte de la Sentència recent del TC en l’evolució del nostre model plurilingüe, la lectura (o la relectura unitària) dels estudis del professor MILIAN, ens aporten llum i criteris per fonamentar un règim jurídic que asseguri a la llengua ‘catalana unes condicions de sostenibilitat en l’actual món globalitzat. Com a síntesi, en destaquem la següent constatació bàsica: «la gran majoria de les polítiques lingüístiques democràtiques que reïxen en la salvaguarda d’una llengua —o que en mitiguen l’assimilació— incorporen requisits i imposen, en alguns casos, l’ús, almenys, de la llengua protegida (o sigui, sense impedir l’ús simultani d’altres llengües) i limiten encara, fins i tot, qüestió que està sotmesa a condicionants jurídics molt més severs i limitada a activitats de naturalesa pública, l’ús de la llengua dominant» («Introducció», p. 31). Si, com bé s’afirma en el Pròleg, la llengua és encara «un material altament sensible», en l’actual context esdevenen indispensables el rigor i l’equilibri que destil·len els treballs del professor MILIAN.

E.P.P.

ESTUDIOS SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. AA.VV. Palma: Institut d’Estudis Autonòmics, 2010 (Col·lecció L’Esperit de les lleis; 8).

En un debat que en els darrers anys sembla haver-se obert respecte d’una eventual reforma de la Constitució espanyola de 1978, ha esdevingut gairebé del tot necessària una tasca de concreció, en l’àmbit jurídic, de quines institucions, preceptes o models establerts en la Màxima Norma requeririen la seva modificació, sigui per una simple necessitat d’actualització a partir de la seva ja dilatada vigència o, anant més enllà, per la conveniència de canvis de més rellevància. Així, el volum número 8 de la col·lecció «L’Esperit de les lleis» pretén efectuar una aportació a aquesta interessant discussió des de la perspectiva jurídica, i més concretament, des de l’acadèmica.

El contingut de l’obra es distribueix en dues parts diferenciades; la primera, amb el títol de «Temes clau», està encapçalada de forma molt encertada per un capítol que efectua una aproximació general quant al canvi constitucional, a cura de JARIA I MANZANO i que resulta del tot adient en configurar un marc de referència perquè, més endavant, es puguin analitzar els concrets punts susceptibles de reforma que els altres autors sotmeten a debat i reflexió. A banda de resultar molt il·lustrativa i didàc­tica quant als mecanismes formals i procedimentals per escometre modificacions de contingut, el capítol té la virtut de destacar, especialment, les condicions culturals i socials necessàries per encetar un ineludible procés de renovació de pacte constituent. Es destaca així mateix la dificultat prou coneguda que deriva del caràcter particularment rígid de la nostra Constitució, predicable de qualsevol de les seves modalitats de re­forma. És justament aquesta rigidesa procedimental sobre la que es considera que pot pivotar principalment la dificultat de reforma o, fins i tot, el mer intent d’actualització del text de 1978, afegint-s’hi igualment una excessiva mitificació del pacte constituent originari.

II

Potser un dels eventuals aspectes revisables absents de polèmica pugui ser el que en el futur pugui exigir el procés d’integració europea, sobre el qual, en el capítol segon, CRUZ VILLALÓN realitza un estudi en què reflexiona sobre els pronunciaments del Con­sell d’Estat i del Tribunal Constitucional amb relació al que havia de ser el Tractat Cons­titucional de la Unió Europea, que va arribar a ser sotmès a referèndum i ratificat per Espanya, però sense que entrés en vigor pel seu rebuig per altres estats europeus i la seva substitució pel Tractat de Lisboa. La proposta que es realitza en el punt dels futurs requeriments d’integració es concreta amb la introducció en el text constitucional d’allò que es denomina «clàusula general europea», entesa com un precepte declaratiu de la

condició d’Espanya com a Estat membre de la Unió Europea, la potencialitat de la qual pugui implicar la resposta d’interacció dels ordenaments d’ordre constitucional de la Unió i de l’Estat.

En el capítol tercer, OLIVER ARAUJO duu a terme una anàlisi de la Corona. A partir d’una reflexió crítica, com encapçala la denominació d’aquest capítol, i del fet de la inexistència de clàusules d’intangibilitat en la nostra Constitució, s’introdueix el que seria la proposta de reforma maximalista, de substitució de la monarquia per la forma repu­blicana de govern, fent-se l’autor ressò d’una doctrina que, no per minoritària en el con­text actual, deixa de ser clarivident. Tanmateix, i com a alternativa a l’expressada opció de màxims, l’autor raona les propostes de reforma de la institució de la Corona —més enllà de l’evident i necessària correcció de tècnica jurídica del concepte de monarquia parlamentària com a forma de govern i no com a forma d’Estat—, necessàriament amb vista a la correcció d’alguns dèficits palesos, tot proposant integrar una mínima democra­tització a nivell constitucional que es concreta, entre d’altres aspectes, en la supressió de la preferència successória per raó de sexe, la reconfiguradó de la inviolabilitat, l’extensió de l’àmbit de la ratificació, el control de despesa o la definició d’un règim d’incompatibilitats.

A continuació, i gairebé seguint el fil de la implementació democrática proposada respecte de la Corona, QUINTANA PETRUS realitza un engrescador estudi de l’assoliment d’una efectiva democràcia participativa en el qual, més que propostes directes de reforma constitucional, s’aporten els arguments necessaris per tal que es facin les passes efectives que permetin la superació de la simple representació per arribar a la participado real, bàsicament a partir de la revisió de la legislació electoral. Es posa de manifest, en aquest sentit, la valoració positiva de tècniques d’elecció directa, la introducció de sistemes de llistes obertes, la possibilitat d’establiment de districtes unipersonals d’elecció en la línia dels existents en altres països de tradició democràtica o, fins i tot, una millor articulació de la presentació d’iniciatives ciutadanes.

En aquest sentit, algunes de les consideracions anteriors enllacen amb les que realitza TORRES BONET en el capítol cinquè respecte de les tècniques de participació directa previstes en el vigent text constitucional. S’hi descriuen acuradament els actuals meca­nismes i el règim jurídic de la iniciativa legislativa popular i del referèndum, amb al·lusió igualment a les consultes municipals regulades en la legislació sectorial. Per bé que no es proposa respecte d’aquests instruments de participació una reforma de la seva regulació constitucional de forma contundent, s’hi apunten algunes qüestions d’ordre formal que es podrien implementar, com és una millor ubicació sistemàtica en el text del mecanisme del referèndum, o eliminar-ne la modalitat de ratificació dels estatuts d’autonomia.

Com es destaca en alguns passatges de la introducció, el capítol sisè es dedica a un aspecte fins avui poc tractat en els debats de reforma constitucional, i no per això poc transcendent, ans tot el contrari. D’aquesta manera, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ efectua el

tractament del tema «Constitució i Hisenda» des d’un doble vessant: d’una banda, a partir d’unes consideracions generals —i del contingut dels art. 33 i 133, com també de distints apartats de l’art. 137—, relatives, entre d’altres, a la regulació de la llei de pres­suposts dins la norma suprema, a tota la problemàtica de les lleis d’«acompanyament», en l’expressió que ha fet fortuna, i a la incidència que unes i altres poden arribar a assolir, dins dels límits constitucionalment admesos, en relació amb les lleis tributàries. D’altra banda, entrant en els aspectes constitucionals del finançament autonòmic, hem de re­marcar l’acurada descripció del procés evolutiu del sistema, encara no acabat, i que per alguns demandaria la fixació de criteris de rang constitucional i no només de llei orgànica. Sigui com sigui, es constata que una eventual regulació d’aquests criteris constitucionals de finançament autonòmic hauria de partir de la conservació d’una certa flexibilitat que ha permès el text vigent, i limitar-se, per tant, a qüestions bàsiques o fonamentals. A l’efecte, es destaca la posició relativa i d’existència contingent de la LOFCA, ja que la Constitució no imposa un sistema de finançament regulat per llei orgànica i permet me­canismes de coordinació diferents, i és per això possible reivindicar un paper significatiu en favor dels estatuts d’autonomia.

III

La segona part de l’obra aborda un grup de qüestions que s’insereixen en la reforma del model territorial, això a partir d’oferir tant una panoràmica general sobre la seva necessitat, com amb referència a tres aspectes concrets, relatius a la necessària recon- figuració del Senat, del poder judicial en l’Estat autonòmic i del model lingüístic. Els aspectes d’anàlisi general tenen en comú partir de l’experiència de reforma estatutària duta a terme a Catalunya l’any 2006, de la qual CAMINAL BADIA, en el capítol setè, articula unes propostes de reforma constitucional de contingut federalista, tot intentant desterrar les reticències que aquesta adjectivació pot provocar, a les que segueixen les motivacions que, a parer de BARCELÓ I SERRAMALERA, justificarien la reforma de la vigent Constitució o estructuració territorial i que s’expliciten en el capítol vuitè. Així, es posen de manifest els discutibles resultats pràctics del prou conegut «principi dispositiu» i la cada vegada més acusada dissolució dels dos nivells teòrics d’autonomia política de règim comú i especial.

Tot i la recent i coneguda STC núm. 31/2010, sobre la reforma estatutària catalana, les diverses aportacions que es fan en aquests capítols sobre l’eventual contingut de la Sentència no perden en absolut interès, ja que apunten que aquella reforma encetà un vertader debat pel que fa a la necessitat o no de la reforma constitucional, amb vista a aclarir exactament quina organització territorial hi ha actualment i quina es-vol arribar a assolir. S’expressa l’existència de dues posicions en part ja delimitades; una, a partir del conegut Informe del Consell d’Estat de 16 de febrer de 2006, que podria avalar sense

més dificultats l’autonomia com a mera tècnica de descentralització eficaç del poder estatal, i una altra, la preocupado principal de la qual seria la de donar cabuda dins un Estat plurinacional a territoris històricament no encaixats.

IV

Segueix a continuació el tractament d’aspectes més concrets i no tan generals de la modificació del model territorial, encapçalat per la qüestió de la reforma del Senat, escomesa per VERNET I LLOBET des de la perspectiva de considerar-la com una més de les reformes que s’haurien d’emprendre per dotar l’Estat autonòmic d’un vertader sentit federalitzant. Així, es planteja el capítol novè, des del benentès que l’assoliment d’un paper real de cambra de representació territorial és una tasca molt dificultosa per tot un seguit de raons, inclosa una certa posició reduccionista del Consell d’Estat. De fet, les consideracions sobre el paper del Senat les realitza l’autor a partir d’una crítica a l’informe de l’òrgan consultiu, tota vegada que no recull unes opcions perfectament plausibles i reclamades en una reforma constitucional de la institució: increment del poder de la cambra; atribució d’un paper efectiu de concertació i cooperació entre comunitats au­tònomes i entre Estat i comunitats, i dotació d’un àmbit de decisió efectiva respecte de les lleis amb incidència autonòmica, especialment les que constitueixen legislació bàsica.

El capítol desè plasma les aportacions referents a un altre dels punts que han ofert una àmplia polèmica doctrinal, «Poder Judicial i Estat autonòmic». En aquest sentit, tot i l’existència de múltiples treballs que han afrontat la qüestió a la vista de les recents reformes estatutàries, APARICIO PÉREZ emmarca les seves consideracions a partir de la interpretació del model d’Estat i l’observació, .des de la perspectiva constitucional, dels ajusts i desajusts que es produeixen entre les seves estructures territorial i judicial. Des d’aquesta visió, entén que únicament una reforma constitucional podria solucionar els desajusts, per tal com, d’una banda, la regulació del poder judicial en la Constitució té una estructura bàsicament centralitzada en el seu funcionament i organització; i, de l’altra, per la distorsió que suposa l’exercici de funcions materials en l’Administració de justícia per part de les comunitats autònomes, però amb el manteniment de la jurisdic­ció com a competència inaccessible, tret de canvi constitucional. Així i tot, el camí de la descentralització judicial no està proscrit per la Constitució ni tampoc no nega la via de la seva reforma; encara que constatada com a políticament inviable la modificació de la màxima norma, s’ha fet inevitable escometre un intent descentralitzador des de la via de les reformes estatutàries. A partir d’aquí, avança l’autor que, en l’adaptació del poder judicial al complex territorial, es podria jugar complementàriament i successivament amb reformes dels estatuts i de la Llei orgànica del poder judicial, cosa que tanmateix no lleva que el més sensat, al seu criteri, sigui la reforma constitucional per a l’adequació del poder judicial al model d’Estat autonòmic.

Un capítol més breu, però no per això mancat d’interès, resulta el relatiu al debat sobre la inserció de la denominació o relació de les comunitats autònomes en la Consti­tució, a cura de BORRELL MESTRE. A partir dels exemples de dret constitucional comparat i dels antecedents propis, planteja en veu alta la pregunta de si aquesta empresa podria implicar el tancament del mapa autonòmic existent, comportant-ne així la constituciona- lització. En aquesta línia, detalla els possibles avantatges o desavantatges de la inclusió d’una relació de les comunitats en el text constitucional, des de punts de vista alternatius, d’integració o de federalització.

V

Tanca el tractament de les qüestions sobre reforma del model territorial un acurat i extens estudi de la regulació de les llengües, elaborat per PONS I PARERA, el gruix del qual el constitueix la descripció del marc normatiu més enllà de les normes de rang constitucional, i que s’estén cap a les distintes assumpcions estatutàries de totes les co­munitats autònomes que han efectuat el reconeixement d’altres llengües oficials distintes de la castellana, a més de les múltiples normes de rang legal que han abordat la qüestió de manera sectorial. La mateixa cura es té a l’hora d’exposar els models constitucionals comparats, l’evolució del model espanyol tenint en compte l’estructura territorial i el re­partiment de competències, així com a molts altres vessants de prou interès que arriben al reconeixement i tractament de les llengües de signes espanyoles.

S’escomet després una proposta de replantejament del marc constitucional i legal per implementar la inserció de les diferents llengües espanyoles en l’estructura i funcio­nament de l’Estat, oferint vies diverses i complementàries com serien la reforma consti­tucional, les estatutàries o l’aprovació al nivell estatal d’una llei general de llengües amb complement de reformes de lleis sectorials. Pel que fa a la primera, adverteix que una possible afectació a l’art. 3 CE requeriria el procediment agreujat de reforma, indicant però que, en qualsevol cas, es pot avançar en una sèrie d’aspectes regulats a altres pre­ceptes no sotmesos al procediment especial, per tal d’aprofundir en el reconeixement del plurilingüisme. Quant a la reforma de nivell estatutari, perquè les llengües diferents del castellà puguin assolir una autèntica definició i garantia de l’estatus de llengua pròpia en el territori autonòmic, apunta les potencialitats de la reforma de l’Estatut de Catalunya de 2006 en aquest aspecte, tanmateix recordant que es trobava pendent del pronuncia­ment del TC.

VI

Ens serveix una reflexió que s’efectua en el darrer capítol que acabam d’exposar per enllaçar amb una valoració general de l’obra que hem pogut comentar. S’apunta en aquest sentit que qualsevol avenç en el reconeixement del plurilingüisme en el nivell de

reforma constitucional veu condicionada qualsevol possibilitat real per un aprofundiment de la cultura política democràtica a Espanya en aquest terreny, reclamant una major to­lerància i comprensió entre els diferents grups lingüístics de l’Estat.

Enllaçam aquesta idea amb el fet que Estudios sobre la Reforma de la Constitución Española veié la llum el mes de maig de 2010, i de forma gairebé immediata, el 28 de juny, el TC dictà la Sentència núm. 31/2010, analitzant la constitucionalitat de la reforma estatutària catalana de 2006, al·ludida en diversos dels capítols de l’obra. Com ha posat de manifest reconeguda doctrina, aquest pronunciament constitueix tal vegada una de les decisions del TC de més relleu en matèria d’organització territorial de l’Estat, equipa­rable a la STC 76/1983 (LOAPA), com la que més ha influït en la conformació de l’Estat autonòmic, permetent el seu desenvolupament en un sentit que hauria estat molt dife­rent si la Sentència hagués estat una altra.

Com sabem, una qüestió general tractada en l’expressada STC 31/2010 és la referèn­cia a la concepció de l’Estat autonòmic i a la seva capacitat d’integració, i en paraules molt ponderades d’ALBERTÍ ROVIRA respecte d’aquesta resolució, «s’ha imposat una línia de pensament constitucional, una determinada concepció de l’Estat autonòmic, sobre una altra que, fins ara, creia que també podia estar emparada en la Constitució. Potser sí que, en algun moment, les dues concepcions havien d’enfrontar-se i dirimir la seva supremacia. El fet, crec, és que aquesta confrontació ja s’ha produït, en aquest episodi jurisdiccional, i que una concepció s’ha imposat sobre l’altra».

En conclusió, si la doctrina del TC ha establert d’alguna manera, s’està per veure si definitivament o no, el punt d’inflexió de les funcions i abast dels estatuts d’autonomia en la conformació del model territorial dins els límits constitucionals, al nostre entendre hi ha un valor jurídic afegit per a les reflexions contingudes en el llibre que ha estat objecte de comentari. Reflexions que, de forma ben raonada, centren el debat de tècnica jurídica de la hipotètica reforma constitucional per a la potenciació d’un model autonòmic amb assignació de rellevància a les peculiaritats, enfront de la petrificació d’un règim que va néixer amb una naturalesa transitòria i sobre el qual no hi ha una nítida definició dels seus paràmetres.

Igualment, la qualitat de les aportacions que, amb l’enunciat de «temes clau», con­formen la primera part del llibre, contribueixen enormement al debat, en traçar unes sòli­des bases respecte d’unes raonables modificacions de la nostra Constitució en els punts relatius a la integració del dret de la Unió Europea, la democratització de la Corona, la implementació de tècniques de democràcia plenament participativa o la hisenda pública; modificacions potser més fàcilment debatibles, i fins i tot assumibles per línies de pensa­ment horitzontal no excessivament obertes, a diferència dels aspectes relatius al model territorial i lingüístic. En definitiva, consideram que s’ha assolit amb escreix l’objectiu que pretén la publicació i la divulgació d’aquesta obra, en paraules de SEGURA GINARD,

director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, com és aconseguir la seva projecció en el major àmbit possible de discussió, i també l’aportació de punts de vista recents sobre la matèria, davant els canvis socials que han deixat lluny determinats aspectes del primigeni text de la nostra Constitució i que requereixen la proposició de replantejaments i canvis.

J.M.F.