LLIBRES

LLIBRES

Miguel Angel Alegre Martínez Professor titular de dret constitucional de la Universitat de Lleó

(La Constitución día a día)

Beatriz Verdera Izquierdo Professora titular de dret civil de la Universitat de les liles Balears

(Lecciones de Derecho Civil balear)

Maria Ballester Cardell Professora de dret constitucional de la Universitat de les Illes Balears

(Les claus polítiques del procés autonòmic balear)

Maria Torres Bonet

Lletrada del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera

(Dret Lingüístic)

Francesc Segura Fuster Advocat

(L’activitat urbanística en el sòl rústic. Comentari al Títol III de la Llei 6/1997, de 8 de juliol)

Pere Bonet Bonet

Tècnic superior de la comunitat

autònoma de les Illes Balears

(Comentaris a la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears)

LA CONSTITUCIÓN DÍA A DÍA. J. OLIVER ARAUJO. J. de ESTEBAN (prol). València: Tirant lo Blanch, 2003, 309 pàg. (Alternativa).

I

Desde hace algunos años, el profesor Joan Oliver Araujo viene cultivando con especial acierto, entre otros, un género que, aunque no es nuevo, empieza a conocerse como hemerodoctrina] y que, por lo que aquí interesa, lleva a los constitucionalistas, cada vez con más frecuencia, a ofrecer a la opinión pública sus aportaciones a través de la prensa diaria. Como fruto de esa labor, nos ha presentado recientemente La Constitución día a día. Se trata de un libro que reúne buen número de sus artículos periodísticos, y que viene a sumarse a su amplia y reconocida producción científica.[1] [2]

A la hora de explicar al lector la razón de ser de esta obra, el autor explica que, en su «doble condición de constitucionalista y de ciudadano interesado por la res publica», ha creído conveniente pronunciarse, a lo largo de los últimos años sobre «un buen número de los problemas que afectan a la realidad política de nuestra sociedad», pero haciéndolo «desde la serenidad académica y no desde la vorágine periodística, aunque la mayoría [de los artículos] vieran la luz en un diario». El profesor Oliver, partiendo de acontecimientos concretos, no ha querido escribir «bajo la presión de los mismos», tratando así de lograr que el interés de sus aportaciones trascendiera el momento concreto de su aparición (pág. 20). Ahora, presenta como libro a la sociedad en general (y, en particular, somete a la con­sideración de sus colegas constitucionalistas) unos escritos elaborados sin «fecha de cadu­cidad», capaces de aportar «ideas y -quizás- alguna solución a ciertos problemas presen­tes en nuestra dificultosa convivencia civil». A estos efectos, resulta plenamente acertada la opción de indicar el momento en que cada artículo fue publicado (básicamente entre 1997 y 2001), pero manteniendo ahora la redacción original.

II

Los objetivos hasta aquí mencionados se cumplen de forma plenamente satisfactoria en La Constitución día a día; un libro en el que Joan Oliver comparte con sus lectores un «material que siempre tiene el Derecho y el poder como centro de reflexión», siguiendo así la línea emprendida con el ya citado Política y Derecho3 Este es, por tanto, el hilo con­ductor de los sesenta y siete textos que componen la obra; o, más bien, uno de los pila­res fundamentales que contribuyen a darle cohesión y solidez.

Desde luego, y a priori, no parece tarea fácil dotar de ambas cualidades a una recopi­lación de escritos de muy diversa procedencia.4 Constituye, por tanto, uno de los princi­pales méritos del profesor Oliver el haberlo logrado, merced a una estructura concebida «en seis bloques, que se corresponden básicamente con las grandes partes que integran la disciplina denominada ‘Derecho Constitucional'». De acuerdo con este criterio, la obra comienza con «Una primera aproximación al Derecho, al Estado y a la Constitución» (artí­culos 1 a 7), continuando bajo los siguientes epígrafes: «Derechos y deberes» (artículos 8 a 27), «Instituciones» (artículos 28 a 41), «Estado autonómico» (artículos 42 a 52), «Democracia directa y democracia representativa» (artículos 53 a 59), e «Historia consti­tucional española» (artículos 60 a 67).

Ahora bien: si decíamos anteriormente que resulta diversa la procedencia de los escri­tos así agrupados, se hace necesario añadir ahora que más variados aún son los conteni­dos. En un intento de clasificación que debe ser acogido con las debidas cautelas, cabría sistematizar del siguiente modo lo que -como mínimo, y salvo error u omisión- el lector de la obra comentada podrá encontrar en ella:

  • Reflexiones sobre la enseñanza del Derecho, al hilo de la vocación universitaria del autor (por ejemplo, «¿Para qué sirven las Facultades de Derecho?»). Acierta plenamente el profesor Oliver cuando considera que la formación de buenos juristas debe tratar, sobre todo, de que el alumno adquiera una «formación integral», que englobe «no sólo una alta preparación técnica e intelectual, sino también un amplio conocimiento de los valores e intereses profundamente humanos».
  • Artículos en los que el autor nos muestra su propio perfil personal e ideológico. Así sucede en «Veinte años de militancia socialista», o en aquellos en que se define como lec­tor infatigable, y -en cuanto a su pensamiento- progresista y republicano: «Las palabras del Rey», «¿Monárquicos o republicanos», «Corona y sexo», «Elogio a la República», «La

En la nota previa a esta obra puede leerse que los escritos en ella recogidos «reflexionan, de una u otra manera, sobre el poder y las normas, sobre los intentos de aquél de actuar libre de cortapisas y sobre los esfuerzos de éstas para someter al poder a límites y control» (pág. 23).

  1. El autor indica, al final de cada texto reproducido, el origen del mismo. Además, en la nota intro­ductoria que realiza «a modo de justificación» (págs. 19-22), podemos encontrar una referencia con­junta al respecto: la mayor parte de ellos -concretamente cincuenta- aparecieron publicados en la edi­ción balear del diario El Mundo; siete lo fueron en el Diario de Mallorca; uno en la revista Drets Humans; dos son prólogos a libros de sus colaboradores; tres fueron incluidos en revistas científicas, tres forman parte de libros colectivos, y uno es el Voto Particular formulado al Dictamen del Consejo Consultivo de las Islas Baleares sobre la Ley de Extranjería.

república de abril: la tragedia de una experiencia democrática». En estos escritos, no le duelen prendas al afirmar «la superioridad ética y política de la República sobre la Monarquía». Desde su «absoluto respeto a la legalidad constitucional monárquica», con­sidera Oliver que una cosa es estar de acuerdo en elogiar y agradecer la prudencia y el talante del actual Monarca, y otra bien distinta «creer en la bondad de la institución».

Tampoco importa al autor nadar contra corriente al expresar con valentía su postura favorable al reconocimiento y respeto del derecho a la vida del no nacido (a este tema se dedican los artículos 10 a 13; una materia en la que «como es sabido -escribe Joan Oliver- mis convicciones religiosas prevalecen sobre las políticas». Ciertamente, hoy por hoy, esta­mos en minoría dentro del panorama doctrinal los que nos pronunciamos «En defensa de la vida del no nacido». Por eso, resulta especialmente necesaria una voz como la del pro­fesor Oliver, el cual no sólo denuncia que, al amparo de la actual legislación, “En España, hoy, aborta quien quiere abortar»[3], sino que, además, desmonta con acierto esa falacia tan extendida según la cual «facilitar el aborto es un signo progresista».

Por último, en referencia al perfil ideológico del autor, cabe destacar aquellos artículos (incluidos dentro del epígrafe F, «Historia constitucional española») en los que nos pre­senta su visión especialmente crítica respecto del régimen franquista. Así sucede, por ejemplo, en «Aspectos pseudoconstitucionales del franquismo», o «El 20-N en Cataluña».[4]

  • Escritos con evidente dimensión didáctica sobre aspeaos de interés constitucional. El autor logra hacer compatible la divulgación y la opinión con el rigor científico, acercando al gran público cuestiones que no sólo son objeto de debate doctrinal, sino que de uno u otro modo preocupan a todo ciudadano interesado en comprender mejor su entorno jurídico- político. Así sucede en trabajos como: «A la búsqueda de un concepto de ‘nación'», «En torno al Estado Federal», «La cláusula de conciencia de los periodistas», o «El papel del Parlamento español: ‘corazón político’ del Estado». En «Los extranjeros y los derechos cons­titucionales», Voto Particular emitido a un Dictamen del Consejo Consultivo de las Islas Baleares, publicado en la Recopilación de Dictámenes correspondiente a 2001, lleva a cabo de modo sumamente claro y sistemático el tratamiento de un tema de singular trascenden­cia y de interés general, por lo que su inclusión en este volumen resulta del todo oportuna.
  • Artículos dedicados a comentar, en clave constitucional, diversos hechos noticiables. Se explican aquí, en términos comprensibles, acontecimientos de actualidad, documentos, noticias o asuntos de interés humano, nuevas leyes o sentencias significativas. A modo de ejemplo: «Depresión por discriminación», «Mi taquilla es mi castillo», «La utilización de videocámaras por las Fuerzas de Seguridad» o «La corbata del opositor».
  • Recensiones, prólogos, comentarios y homenajes, sobre algunas obras (académicas, divulgativas, periodísticas, e incluso discográficas) especialmente interesantes o clarifica­doras: «Sobre los fundamentos jurídicos de Europa», «La intimidad como fundamento de la inviolabilidad del domicilio», «La territorialización del Senado», «El Gobierno por orden ministerial», «Federalismo y hechos diferenciales», «Nacionalismo y Constitución (una perspectiva balear)», «La democracia interna en los partidos políticos», «Apostillas a El sable del Caudillo», «Franco y los últimos Borbones», «Una historia optimista», «Raimon», «El 20-N en Cataluña».
  • Capítulos de libros colectivos, yío fragmentos de trabajos más amplios del autor. Ejemplos de ello serían: «La naturaleza del Consejo de Estado», o «España: del centralis­mo a la autonomía».
  • Aportaciones y sugerencias sobre temas especialmente conocidos y tratados por el autor. Así, la predilección por el derecho a la objeción de conciencia, se refleja en artícu­los como «Reformar la ley o dinamitar el sistema», «Los primeros cristianos ante el servi-

Estado Autonómico. Federalismo y hechos diferenciales. Madrid: Alianza Editorial, 1999; Josep MELIÀ QUES, Nacionalisme i Constitució. Una perspectiva balear. Palma: Editorial Molí, 2000, igualmente con prólogo de Joan OLIVER; Fernando FLORES, Constitución y democracia interna de los partidos políticos, Tesis Doctoral; José Luis de VILLALONGA, El sable del Caudillo. Barcelona: Plaza y Janés, 1997; del mismo autor, Franco y el Rey. La espera y la esperanza; Jordi SOLÉ TURA, Una historia opti­mista. Madrid: Aguilar, 1999; Raimon. Nova Integral. Edició 2000, recopilación en diez CDs y libro, editados por la discogràfica PICAP; por último, la obra del periodista homónimo Joan OLIVER, El 20- N a Catalunya. Els catalans i els últims dies del franquisme. Barcelona: Planeta, 2000.

do militar», «En torno a la doctrina de la ‘guerra justa”’, o «En época de IRPF: ¿Objeción fiscal?». En otros casos, se pronuncia de manera premonitoria sobre aspectos actualmen­te debatidos, como la conveniencia de reformar el artículo 57.1 de la Constitución, elimi­nando la preferencia del varón sobre la mujer, a igual grado de parentesco, en el orden sucesorio de la Corona («Corona y sexo»).

  • Consideraciones específicas en torno a la organización territorial del Estado. Se trata de aportaciones generalmente de carácter más técnico, contenidas sobre todo bajo el epí­grafe D («Estado autonómico»), y que suelen tomar como referencia la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: valgan como ejemplo «La barrera legal en las elecciones autonómicas», «¿Una o tres Comunidades Autónomas?», «Nacionalismo y Constitución (una perspectiva balear)».
  • Reflexiones sobre democracia y participación política. En ellas se analiza -siempre en tono didáctico y constructivo- el papel desempeñado por los partidos políticos («La demo­cracia interna en los partidos políticos»; «El centro: ese oscuro objeto del deseo»; «Las coaliciones preelectorales»), y se reivindica un mayor protagonismo para el referéndum como complemento de la democracia representativa («Recuperar el referéndum»).

III

Tras este somero recorrido por los contenidos del libro podemos afirmar que si, como más arriba se indicaba, resulta digno de ponderación que el autor haya sabido encontrar un hilo conductor capaz de dotar al libro de una estructura sólida y coherente («el Derecho y el poder como centro de reflexión»), más encomiable es aún el hecho de que también los contenidos descansen sobre pilares que les sirven de base y de nexo argumental común. En efecto, a través de su visión clara, didáctica, personalísima y valiente de nues­tra realidad político-constitucional -especialmente útil como balance del último cuarto de siglo- nos revela Joan Oliver su apuesta incondicional por:

  • La democracia («en la respetabilidad del sistema electoral, se encuentra la respetabi­lidad del sistema democrático en su conjunto») (pág. 229).
  • La efectiva vigencia de la Constitución y su potencial transformador («Una Constitución normativa») (págs. 42 y ss.).
  • La máxima efectividad y garantía de los derechos y significativamente, también de los deberes («La presunción de inocencia en el ámbito internacional»; «Garantizar los derechos»; «También deberes»). En cuanto a los derechos, su discurso parte de la defen­sa del derecho a la vida (como premisa ineludible del respeto hacia todos los demás), no sólo respecto del no nacido (según se comentó anteriormente), sino también en relación con la pena de muerte («Reflexiones sobre la pena de muerte»). En lo referente a los debe­res, nos enseña que, el asumirlos, «va indisolublemente unido» con exigir derechos (pág. 91, 110 y ss., y 136 y ss.).
  • El progresismo, entendido como «la defensa del débil frente al poderoso, del pobre frente al rico, del obrero frente al explotador, del negro frente al blanco, del niño frente al adulto…» (pág. 86).
  • Todo ello, desde su compromiso e implicación sin reservas en el ámbito universitario (págs. 25, 26, 45, 55 y 102, entre otras).

Como podrá apreciar el lector, existen razones más que suficientes para compartir las palabras elogiosas del prologuista del libro (profesor Jorge De Esteban), referidas a la obra de este «constitucionalista genuino». Por mi parte, he escrito y defendido en diversas oca­siones que educar en, desde y para el respeto a la dignidad humana y a los derechos y deberes que de ella se derivan, es el primer paso hacia el verdadero progreso. Tal es la apuesta de Joan Oliver, intelectual valiente, sincero, comprometido y tolerante que, par­tiendo del mandato contenido en el artículo 27.2 de nuestra Norma Básica sobre el obje­to constitucional de la educación, pone su buen hacer al servicio de un progresismo que, en buena medida, resulta asumible incluso para quienes no compartimos su militancia política.

A la vista de ello, no me queda sino recomendar vivamente La Constitución día a día, obra en la que se conjugan la gran riqueza y variedad de contenidos, con unas evidentes cualidades didácticas; por lo que, a mi juicio, su lectura resulta imprescindible para estu­diantes y profesores de Derecho, profesionales del ámbito jurídico, actores de la escena política, y ciudadanos en general.

M.A.A.M.

LECCIONES DE DERECHO CIVIL BALEAR. Textos de M.P. FERRER VANRELL (Coord.) M. COCA PAYERAS, P. A. MUNAR BERNAT, F. LLODRÀ GRIMALT, A. MONTSERRAT QUINTA­NA, D. A. CANALS PRATS, O. CARDONA GUASH. Palma: Universitat de les Illes Balears (Materials didàctics; 82)

La finalidad principal de la obra que se recensiona, en su primera edición (2001), era faci­litar un material didáctico, hasta ese momento inexistente, a los alumnos de quinto curso de la licenciatura de Derecho, quienes, a partir del plan de estudios de 1997, tienen una asig­natura referida al Derecho civil balear. Con la aparición de esta segunda edición dicho obje­tivo no puede considerarse el único, porque, debido al exhaustivo tratamiento de las institu­ciones que realizan los diversos autores, se ha convertido en una obra de referencia para cualquier jurista que pretenda tener un conocimiento pormenorizado de nuestro derecho.

La estructura de la primera edición de la obra se dividía en cinco partes y aunque no se hace expresamente en la actual edición, dicha división subyace internamente y se cons­tata por el hecho de que cada parte finaliza con una relación bibliográfica referente a la misma. La división interna se realiza a modo de lecciones, que han sido confeccionadas por siete juristas de reconocido prestigio de las Illes Balears, entre los cuales se encuentran profesores de universidad, un magistrado, un registrador de la propiedad y una abogada.

Una particularidad del Derecho civil Balear es que nuestra Compilación está dividida en tres Libros, regulando cada uno el Derecho propio de cada Isla. Esta peculiaridad estructu­ral hace que se diferencie la regulación por territorios. Esto nos lleva a que no sea el mismo derecho el que deba aplicarse en las diferentes islas, si bien esta división de la Compilación se plantea por primera vez al redactar el proyecto de Compilación de 1961. Así, una nota diferencial respecto a la edición anterior es el tratamiento pormenorizado de las especiali­dades del Libro III (Ibiza y Formentera), que ha sido desarrollado por una jurista ibicenca.

II

Respecto a la configuración de las lecciones, cabe manifestar que la que denominamos primera parte o Parte General la constituyen siete temas introductorios, que corresponden a la formación y aplicación del derecho y que concluyen con el concepto de Derecho civil de las Islas Baleares, realizando un recorrido por todo el proceso histórico que conduce a su delimitación.

La lección primera se dedica a la formación del Derecho civil balear. Se ha de partir de la premisa que dos momentos históricos condujeron a la casi desaparición del Derecho civil propio. Estos son: en el siglo XVIII los Decretos de Nueva Planta, que suprimieron la potes­tad legislativa balear y, en el siglo XIX, la codificación civil que pretendía imponer el dere­cho de Castilla en detrimento de los iura propia. Para poder comprender esta problemáti-

ca se realiza un estudio, mediante una lección introductoria, de toda la evolución del Derecho civil propio, que facilita la comprensión de los temas posteriores. Se tratan las fuentes de nuestro derecho en esta época, que estaban constituidas por el derecho muni­cipal y supletoriamente el ius commune. Y, se finaliza, este tema, con el estudio de la situa­ción derivada de los Decretos de Nueva Planta de 28 de noviembre de 1715, la formación de la nueva Audiencia y la legislación posterior.

En la lección segunda se estudia el movimiento codificador, que duró prácticamente un siglo como consecuencia de los partidarios de la unificación. Se tratan los Proyectos de Leyes de Bases del Código Civil y, particularmente, el art. 7 del Proyecto de Ley de Bases de 1888, que hacía de peor condición a Aragón y Baleares, respecto de los otros territo­rios con derecho civil propio. Todo ello lleva al estudio del sistema de Apéndices para lle­gar a la Compilación de Derecho Civil de Baleares Ley 5/1961, de 19 de abril.

Una vez perfiladas estas ideas, a continuación se analiza la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y, por tanto, los artículos 149.1.8 CE y 10.23 EA, que atribuyen, la competencia legislativa. Se aborda la constitucionalización de la Compilación promulgada y publicada por la Ley 8/1990, de 28 de junio y el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares. Se expone la política legislativa segui­da por el Parlamento autonómico, finalizando con el análisis de las competencias exclusi­vas del Estado y la supletoriedad del derecho estatal.

Posteriormente, se aborda el estudio de la Compilación de Derecho civil de Baleares, su estructura y contenido. Se llega a un concepto de Derecho civil balear. Así, se define, siguien­do al profesor BADOSA, como el derecho civil vigente en Baleares, lo que supone acotar el Derecho no sólo en cuanto a la materia, sino además en cuanto a su vigencia territorial, esto es, el Derecho de materia civil vigente, exclusivamente, en las Islas Baleares y dictado por el Parlamento autonómico, el cual se distingue del derecho aplicable en Baleares.

Las fuentes del Derecho civil balear constituyen la materia de estudio de una de las lec­ciones. Asimismo se aborda la aplicación del Derecho civil de Baleares y los mecanismos para evitar su insuficiencia normativa, como son la autointegración y la supletoriedad, y el hecho que conlleva que a un sujeto le sea aplicable tal derecho, como es la vecindad civil, haciendo alusión a la vecindad civil local que en nuestro caso cobra pleno sentido. El últi­mo tema de la parte introductoria se dedica al Tribunal Superior de Justicia y trata de sus antecedentes, composición y competencias.

III

Las que podríamos denominar segunda y tercera parte -siguiendo el Plan de Savigny-, están constituidas por cinco lecciones sobre los contratos y derechos reales que regula la Compilación balear.

El segundo gran bloque de estudio nos sitúa ante los contratos y, concretamente, ante la «sociedad rural menorquina», como único contrato regulado en la Compilación (Libro II art. 64). Se inicia el tema con la problemática de la naturaleza jurídica de este contrato, cuestionando si se trata de una sociedad (civil o mercantil), o de un contrato obligacional. Este contrato en Mallorca existe por costumbre y se denomina d’amitges, que a falta de regulación en la Compilación o en el contrato se debe integrar, exclusivamente, con la tra­dición jurídica («usos y costumbres» art. 64). Y, como diferencia respecto a la edición ante­rior, en que se incluía en el tema precedente, se analiza la variedad ibicenca denominada explotado a majoral (art. 86).

En relación al derecho de cosas, se aborda el dret d’estatge (art. 54) regulado en el Libro Primero, dedicado a Mallorca. A continuación, se tratan las especialidades de Ibiza y Formentera: después de establecer su naturaleza jurídica, se concreta que el dret d’estat- ge no es sólo un derecho de habitación, sino también de uso, al contemplar en su conte­nido «la esterna de la casa y frutas frescas»-, su fundamento último reside en el principio de conservación. Por último, se estudian los censos, en su variedad de reservativo y enfi- téutico -también conocido como alodial-, que no hay que confundir con el alodio, trata­do a continuación, en el que existe un dominio dividido (arts. 55 a 63) y se acomete desde el punto de vista del laudemio, para pasar a tratar la redención del mismo.

IV

La que hemos venido a denominar cuarta parte está dedicada al Derecho de familia: las lecciones 13 a 23 analizan los efectos patrimoniales del matrimonio y la 24, las parejas de hecho. Se inicia el tratamiento con una lección introductoria que realiza un recorrido sobre conceptos generales como puede ser el de «cargas familiares». Es respecto a los efectos patrimoniales donde la diversidad legislativa territorial queda más patente y se canaliza a través del régimen económico de separación de bienes, régimen legal previsto supletoriamente. A continuación, se concreta el momento en que se determina el régimen económico, cuyo criterio de sujeción viene constituido por la vecindad civil, la constancia registral y su modificación.

Se analizan los efectos que se producen Ínter vivos, centrándose en las «cargas del matrimonio», concepto que no aparece contemplado en la Compilación balear pero sí en la Ley balear de parejas estables. Se establece tanto el ámbito subjetivo como el objetivo de dichas cargas. Se concreta la contribución interna a dichos gastos familiares que con­duce tanto al deber de contribuir a los sujetos obligados como a la cuantía de la contri­bución. A continuación se analizan las relaciones de los cónyuges respecto a la responsa­bilidad de las deudas familiares contraídas con terceros, donde el acreedor se puede diri­gir contra el cónyuge no deudor, que responderá subsidiariamente.

Se estudian los derechos viduales de carácter familiar, donde se ubica el derecho a pre-

detraer el ajuar doméstico y el usufructo universal capitular, y los derechos de carácter sucesorio, como son la designación de heredero o legatario distribuidor y el usufructo intestado del cónyuge viudo, que se producen a la muerte de uno de los consortes. A con­tinuación, se tratan las particularidades de los efectos patrimoniales del matrimonio con­templadas en el Libro III de la Compilación, o sea, aquellos matrimonios sometidos a la vecindad local ibicenca-formenterense.

El régimen económico paccionado, o sea, las capitulaciones matrimoniales, son obje­to de estudio en otra lección, las cuales constarán en documento público y recogerán las relaciones de índole patrimonial del matrimonio. Por ello ha sido necesario establecer la capacidad de los sujetos otorgantes y su posible contenido. La lección termina con una pequeña reflexión sobre la utilidad de las mismas en la sociedad actual. Este recorrido con­tinúa con el estudio de los espólits (art. 67), o sea, los capítulos matrimoniales otorgados en Ibiza y Formentera. Después se analiza la dote, que es de constitución exclusivamente voluntaria (art. 5 y 67.2.2), porque el régimen económico permite constituir patrimonios separados para atender las cargas de la familia y se trata particularmente el escreix. La coordinadora de la obra, la doctora Ferrer Van rel I, pormenoriza los regímenes económicos matrimoniales de la Compilación.

Se analiza el régimen de acogimiento en la cuarta parte de los milloraments (regulado en el Libro III, art. 66.5, aplicable a Ibiza y Formentera), cuyo funcionamiento constante matrimonio actúa igual que el régimen de separación de bienes y a su disolución, el cón­yuge acogido dispone de la posibilidad de hacer efectivo su crédito.

Y, como última lección del derecho de familia, se trata la regulación de las parejas esta­bles. A partir de una delimitación jurisprudencial se acude a las distintas regulaciones auto­nómicas para centrarse en el análisis de la Ley 18/2001 de 19 de diciembre de nuestra Comunidad.

V

En la que hemos venido a denominar quinta parte se estudia el Derecho de Sucesiones, que abarca las lecciones 25 a 42. Las lecciones 25 y 26 se configuran como dos lecciones introductorias a los temas de derecho de sucesiones. Por la primera se asientan conceptos como son el de sucesión, distinguiendo entre la voluntaria y la legal para, a continuación, tratar los títulos sucesorios. A continuación, se realiza un examen de los principios suce­sorios de tradición romana que rigen en nuestro Derecho y se procede al análisis del prin­cipio que otorga preeminencia al nomen sobre la asignado, siendo lo fundamental la uti­lización de ese nombre. Ello conduce a la necesidad de la subsistencia del heredero cuan­do se abra la sucesión, configurándose como requisito de validez para Mallorca y Menorca (art. 14). A su vez, también para dichos territorios, la Compilación sigue el principio de la universalidad de la institución, siendo el heredero llamado a toda la herencia (art. 15). Ello

significa la incompatibilidad de la sucesión testada con la intestada (art. 7) para Mallorca; la perpetuidad de la institución, lo que nos conduce a que no cabe un heredero condicio­nal o a término (art. 16), o la incardinación de la sucesión en los modos de adquirir dere­chos reales o el principio de libertad de testar. Las diferencias en materia sucesoria, en cuanto a dichos principios, son tratadas también con detenimiento.

Otra de las lecciones, también a modo introductorio, diferencia entre los sujetos y el objeto de la sucesión. Un tema particular objeto de análisis es la institución de heredero que, de acuerdo con los principios sucesorios, es requisito esencial para la validez del tes­tamento. Se estudia la institución conjunta y se analiza el derecho de acrecer, que regula la Compilación en el art. 24 y recoge las dos modalidades romanas (stricto sensu y gene­ral o impropio). En segundo lugar, se analiza la institución de heredero sometida a condi­ción suspensiva, la cual es admisible realizando una interpretación a contrario del art. 16, porque no implica un heredero intermedio. En tercer lugar, la institución preventiva; la sus­titución vulgar, o sea, el nombramiento que puede hacer el testador de un segundo o ulte­rior heredero. Se analiza el supuesto del art. 26, que dirime la cuestión de si la sustitución fideicomisaria implica la vulgar o el supuesto de si la sustitución pupilar contiene la vulgar. En cuarto lugar, el supuesto en el que el testador instituye heredero y lo grava con lega­dos; la Compilación impide que el heredero responda ilimitadamente de los legados, al permitirle detraer la cuarta falcidia. La quinta parte se dedica a los supuestos de que dis­pone el testador para evitar la falta de capacidad, como son la sustitución pupilar y «cua- sipupilar» o ejemplar (art. 14.3.4.5 y 6).

A continuación se estudia la institución de heredero distribuidor, que tiene lugar cuan­do el testador delega en su heredero la facultad de elegir heredero y/o distribuir los bie­nes adquiridos. Se tratan las figuras del causante, el distribuidor y los beneficiarios. Se determinan los títulos sucesorios por los cuales se puede ordenar dicha distribución. Y se estudia la posición jurídica del heredero distribuidor como fiduciario (art. 23), para pasar al contenido de la posición jurídica de distribuidor.

La fiducia sucesoria, por la que cada cónyuge confiere facultad al otro para disponer de los bienes del premuerto entre los descendientes comunes, es analizada también por- menorizadamente. Esta figura, que tiene como finalidad atender a principios de conser­vación del patrimonio familiar, se estudia en detalle. Así, se concreta su origen, finalidad, características, elementos personales y objetivos, junto con sus requisitos formales.

Le sigue el tratamiento del fideicomiso. Tras una perspectiva histórica, se aborda la sus­titución fideicomisaria con sumo detalle: su concepto, clases, constitución, la figura del heredero fiduciario y fideicomisario, para concluir con el fideicomiso de residuo.

Las siguientes lecciones se dedican a la sucesión voluntaria mortis causa. En nuestro derecho se dispone de la posibilidad de utilizar dos mecanismos igualmente lícitos para disponer del patrimonio después de la muerte como son: aquel por el cual se otorga un

título universal, el de heredero, cuya fuente está en el testamento (y que es la materia de estudio de los temas 33 y 34), o de heredero contractual y su fuente será la donación uni­versal de bienes presente y futuros (que se estudia en la lección 35). La gran diferencia entre ambas fuentes está en la revocabilidad.

Esta última institución, prohibida en el Código civil, es un fundamento sucesorio permi­tido en Mallorca (art. 6 y 7) y en Ibiza y Formentera (art. 69 y 72) y, sin embargo, está prohi­bida en Menorca (art. 65). Del negocio de donación universal surgen dos títulos: el título de donatario, que se fundamenta en un negocio jurídico de disposición, como es la donación, y el título de heredero, que se sustenta en un negocio de atribución. Por tanto, el funda­mento para adquirir los dos tipos de bienes es la donación universal. Consecuencia de tal configuración se analizan dos cuestiones que subyacen del objeto de la referida donación como son: qué se entiende por bienes presentes y futuros y el concepto de universalidad de la donación, lo que conlleva adentrarse en las cláusulas de exclusión y de reserva de los bie­nes presentes. También se aborda la eficacia del negocio que deriva del doble título. Por ello, al analizar los efectos que derivan del título de donatario, se distinguen los conceptos de «efi­cacia» y de «efectividad» (art. 13). Se estudia el significado del título de designado herede­ro universal del donante atribuido ex lege (art. 8.1 y lo reafirma el art. 9.1 y 2), y el valor de este título, tanto en vida del donante que lo tiene de derecho adquirido (art. 8.2 y 3), como a la muerte, que adquiere la cualidad de heredero (art. 9.2 y 11.3). Se trata asimismo el tema de las excepciones a la irrevocabilidad de la donación. Y en siguiente lección se ofrecen unas notas sobre los pactos sucesorios en el Libro Tercero de la Compilación, que constituyen, junto con los espólits, las instituciones más sobresalientes del derecho de Ibiza y Formentera.

Las legítimas constituyen el tema de estudio de dos lecciones. Se parte de un concep­to amplio que engloba los dos grandes grupos de modalidades, que responden a las legí­timas materiales y a las legítimas formales. En el Derecho balear las legítimas se encuen­tran en las legítimas materiales y se consideran como pars bonorum en Mallorca y Menorca, y como pars valoris bonorum en Ibiza y Formentera.

La cualidad de legitimario deriva de la relación de parentesco con el causante; así son legitimarios en Mallorca (arts. 41, 43 y 45) y Menorca (art. 65) los descendientes, los padres (no otros ascendientes) y el cónyuge viudo que puede concurrir con los anteriores, en tanto que en Ibiza y Formentera son legitimarios los descendientes (art. 79 A), los padres (art. 79 B) y no lo es el cónyuge viudo.

Se estudia la cuantía global de las legítimas (arts. 42, 43 y 45) y el cálculo de la legiti­ma global (el inventario y valoración) e individual (la distribución entre los legitimarios y la imputación). A continuación se abordan los modos de atribución, ya sea por el causante o por la ley, y el pago. Por último, la exclusión de la legítima, sea por desheredación, que se regula por el Código civil, y los supuestos de preterición, regulado en el art. 46, distin­guiendo la preterición intencional de la no intencional.

Una institución típicamente balear, como es la diffinitio, cuyo origen está en el dere­cho municipal, es desgranada por la doctora Ferrer en una detallada lección. Es aplicable a Mallorca (arts. 50 y 51) y a Ibiza y Formentera (art. 77) pero está prohibida en Menorca (art. 65). Después de establecer los antecedentes de la institución se pasa a su configura­ción para realizar un análisis de los referidos artículos que la establecen. Se estudian los sujetos y la capacidad para otorgar el negocio, el objeto y la eficacia negocial mediante la exceptio pactum de non petendo, según se haya definido la legítima o los demás derechos sucesorios (arts. 50.1 y 51). Finalmente se analiza la preterición errónea, la premoriencia del definido y la computación y determinación de la legítima, cuando se ha otorgado dif­finitio.

Las dos últimas lecciones abordan la sucesión intestada en Mallorca y en el Libro III, res­pectivamente. Hasta la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1919 se regía por la legislación romana, si bien tal sentencia falló que se aplicaría a Mallorca el orden de suceder previsto en el Código civil, y así se contempla en el art. 53 de la Compilación.

VI

Por último, sólo cabe recomendar dicha obra a los operadores jurídicos, como herra­mienta eficaz para el conocimiento pormenorizado de las instituciones del Derecho Civil de Baleares. Cabe resaltar el gran acierto que ha supuesto la realización de dicha obra, coordinada por la Doctora Ferrer, debido a la falta de estudios sistemáticos sobre esta cuestión. Y ya sólo nos queda esperar a una nueva edición porque, como establece la Dra. Ferrer en la presentación del libro «se tiene el convencimiento que el Parlament de las liles Balears impulsará el desarrollo legislativo de nuestra Compilación”.

B.V.I

LES CLAUS POLÍTIQUES DEL PROCÉS AUTONÒMIC BALEAR B COLOM PASTOR Palma: Institut d’Estudis Autonòmics, 2004 (L’Esperit de les lleis; 3)

El Pacte per a l’Autonomia de les Illes Balears i Pitiüses (11 de juny de 1977), com a compromís públic per exigir i defensar l’autonomia política de les Illes es fixa, entre d’al­tres, les fites següents: «Aconseguir el reconeixement constitucional del dret dels pobles de les illes a autodotar-se d’un Estatut. Aquest Estatut ha de regular una autonomia de contingut polític, que impliqui la dotació d’institucions polítiques d’autogovern a nivell insular i interinsular». Aquest emblemàtic document polític manifesta la decidida voluntat d’autogovern dels ciutadans d’aquesta terra i és, també, el punt de partida de la mono­grafia del doctor Colom de la qual donam compte. Aquesta monografia segueix la línia d’investigació més treballada per aquest autor, que sempre ha destacat pel seu compro­mís personal i per l’esforç intel·lectual d’apropar les institucions pròpies als ciutadans de les Illes -una terra on, malauradament (tal com ha reconegut en moltes ocasions el mateix autor) sembla predominar l’individualisme enfront de l’interès per la cosa pública, per allò que és comú a tots. Alhora aquesta percepció sobre el teixit social de les Illes és, segura­ment, un estímul més en l’activitat investigadora d’un dels més destacats especialistes en el règim autonòmic balear.

Ens trobam davant una obra de lectura imprescindible per a qualsevol persona inte­ressada en política. No només perquè el treball publicat és una anàlisi rigorosa i científica d’un procés polític d’enorme importància per a les Illes Balears. Sobretot resulta extraor­dinàriament oportuna en aquests moments en què s’ha reobert el debat doctrinal i polític sobre la reforma estatutària també a la nostra comunitat autònoma. Certament, ens tro­bam en una etapa molt interessat en què es plantegen noves expectatives per als grans temes de l’Estatut que han estat objecte d’intensos debats científics i polítics (la naciona­litat, les competències de la comunitat autònoma, la naturalesa i les competències dels consells insulars, el finançament, entre d’altres). Es tracta, en definitiva, d’una aclaridora reflexió sobre el passat, el present i el futur del procés autonòmic de les Illes Balears. Aquest nou estudi d’ordenació i sistematització del text de l’Estatut és un instrument de vàlua extraordinària en aquesta etapa política.

La monografia té cinc parts. No obstant això, també és possible estructurar l’obra en tres blocs distints i, alhora, clarament cohesionats. En primer lloc, l’autor analitza l’Estatut de 1983 i les reformes de 1994 i 1999. Aquest bloc temàtic presenta com a element més suggeridor els plantejaments de les formacions polítiques en cadascuna de les diferents tramitacions parlamentàries. En segon lloc, Bartomeu Colom analitza i sintetitza les fites assolides durant el procés autonòmic i també els grans temes de l’Estatut. Aquest materi­al és, en realitat, un recull de conclusions a partir de les pretensions formulades i els resul­tats aconseguits en les distintes etapes de l’autonomia balear. Finalment, l’autor incorpo-

ra alguns dels fragments més destacats dels treballs parlamentaris, tant en l’aprovació com en les successives reformes estatutàries. Cadascun d’aquests blocs temàtics ens apropa de manera senzilla i clara a la realitat política de la nostra comunitat autònoma.

En la primera part, dedicada a l’Estatut de 1983, l’autor revisa l’etapa d’iniciativa autonòmica i d’elaboració de l’Estatut. En aquest capítol destaca la referència a la impor­tant participació d’agents socials, econòmics, polítics, sindicals, culturals, etc., en el procés previ a l’Estatut. És una manifestació clara de la decidida voluntat de diverses entitats i associacions de participar activament en la construcció del nou model polític per a les Illes.

I és també una mostra evident de les diferents sensibilitats de la societat balear en aquell moment del nostre passat recent. El pluralisme ideològic i d’opinió sobre el principi d’au­tonomia i la seva concreció en el territori insular es va manifestar clarament en l’àmbit polí­tic balear i va determinar un procés estatutari llarg i complex. No hi havia acord ni en la forma ni en el contingut que havia de tenir l’Estatut. Les qüestions que marcaren el desa­cord entre les forces polítiques no foren només simbòliques: alguns aspectes -com la com­posició del Parlament, la posició dels consells insulars i, especialment, la qüestió electoral i el repartiment de parlamentaris entre illes- dilataren notablement el procés d’elaboració de l’Estatut. Sens dubte, la dificultat més gran i important que ha marcat el devenir polí­tic d’aquesta terra ha estat la relació entre illes i l’organització de la seva representació en un sol Parlament. Aquesta tensió va ser present i va determinar el procés estatutari al Parlament. La tramitació del projecte d’Estatut per a les Illes Balears a les Corts Generals es va materialitzar amb un debat entre les dues formacions majoritàries al Congrés dels Diputats i l’abstenció, més testimonial que efectiva, dels grups nacionalistes d’esquerra, que propugnaven una major autonomia per a les Illes.

La segona part de la monografia s’ocupa de la reforma de 1994. En aquest capítol l’au­tor repassa la situació política i els documents que possibilitaren la modificació estatutària a les comunitats autònomes (com la balear) que varen accedir a l’autonomia per la via de l’article 143 de la Constitució. Aquestes comunitats no només estaven sotmeses a la moratòria de cinc anys per aconseguir una ampliació competencial, sinó que, a més, es veien limitades institucionalment. L’evolució del procés autonòmic des de 1983 havia determinat la signatura dels Acords autonòmics de 28 de febrer de 1992 per intentar nor­malitzar la situació de les comunitats autònomes anomenades de via lenta. Finalment, l’ac­celeració d’aquestes comunitats es va prolongar més del que estava establert inicialment en la Constitució. Aquests Acords autonòmics, que es varen formalitzar en la Llei orgàni­ca 9/1992, de 30 de desembre, reobriren el debat sobre l’asimetria del procés autonòmic. Les crítiques de les formacions nacionalistes foren clarament justificables. Per una banda, el procés de transferència per llei orgànica no estava sotmès al termini de cinc anys i, per tant, s’hauria pogut avançar la promulgació d’aquesta disposició. Per una altra banda, les competències transferides les hauria pogut assumir directament la comunitat autònoma

en l’Estatut perquè no estaven expressament reservades en exclusiva a l’Estat. En definiti­va, aquells Acords i la Llei orgànica 9/1992 frustraren les expectatives de consolidar un major nivell d’autogovern, atès el caràcter extemporani, limitat i insuficient de les com­petències transferides.

Tot plegat, la seqüència transferència/reforma va devaluar molt sensiblement el procés de reforma estatutària, que va perdre gairebé tot el seu significat polític. Una vegada més, els acords entre les formacions polítiques majoritàries de l’Estat varen condicionar enor­mement les aspiracions d’aconseguir un nivell d’autogovern més alt a les Illes. S’esperava (i així va ser) un debat sobre la reforma de l’Estatut poc fructífer que no aportaria canvis significatius. La reivindicació de l’esquerra nacionalista era clara: tot i que, pel que fa a les competències, la reforma de 1994 significà un avanç notable, en l’àmbit institucional la situació era de notable estancament.

La tercera part es dedica a la reforma de l’Estatut de 1999. El punt de partida fou la modificació estatutària aconseguida per Aragó l’any 1994, amb la qual cosa no només s’amplià el sostre competencial, sinó que també (i aquest ens sembla l’element més impor­tant) significà un avanç en les institucions d’autogovern, fins aleshores sotmeses a les limi­tacions imposades des de 1981. L’obertura d’aquest nou procés constituí un intent de nor­malització de les comunitats de via lenta. La reforma de 1999 fou més ambiciosa i tengué major acceptació per part de les forces polítiques minoritàries, tot i que també manifesta­ren algunes discrepàncies i el sentiment de frustració davant una nova oportunitat perdu­da de progressar en l’autogovern. En aquest capítol l’autor analitza de manera sintètica i acurada els temes debatuts a les Corts i al Parlament, així com les posicions de les forma­cions polítiques que participaren en el procés de modificació estatutària, que culminà amb la Llei orgànica 3/1999, de reforma de l’Estatut de les Illes Balears.

La quarta part de l’obra resulta igualment suggeridora. A partir de les qüestions ana­litzades en els primers capítols, Bartomeu Colom destaca les fites més importants del pro­cés autonòmic balear. També valora el resultat del procés estatutari en qüestions com els fets diferencials, el sostre competencial, els consells insulars, el finançament, etc. Aquesta és, alhora, la part més personal de la monografia, atès que l’autor no pot defugir de mos­trar la seva decepció per la dificultat d’aprofundir i progressar en el camí de l’autogovern. Aquesta percepció permet concloure a l’autor que el procés polític és obert i que, ben segur, és possible (si hi ha voluntat política) avançar de forma més decidida en l’autono­mia política de les Illes Balears. Tal com han demostrat els fets i d’acord amb el mateix plantejament de l’exposició de motius de la Llei orgànica 3/1999, la reforma estatutària «en cap cas hauria de ser considerada com un punt i final en les aspiracions d’autogovern dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sinó com un punt i seguit, que ens permeti continuar treballant d’ara endavant fins arribar a assolir la quota de participació política que, d’acord amb la nostra història, ens correspon».

En la cinquena part l’autor recull alguns dels fragments més interessants del procés estatutari, des de l’Acta de l’Assemblea de Parlamentaris i Consellers per a l’Elaboració de l’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears (1981) fins a alguns dels tràmits parlamenta­ris de la reforma de 1999. La millor manera de conèixer el significat del l’autonomia polí­tica de les Illes Balears és a través de la norma institucional bàsica de la comunitat autò­noma. Les fonts més directes del procés estatutari -per via de les aportacions dels repre­sentants polítics en les diferents etapes d’elaboració i modificació de l’Estatut- són per això un material de vàlua extraordinària, encara més en aquesta nova etapa política que ja ha començat. Només ens cal esperar que, en aquesta ocasió, el procés permeti assolir un autèntic i sòlid autogovern polític i, alhora, superar les diferències essencials entre les for­macions polítiques en benefici de la ciutadania i de les institucions d’aquesta terra.

Les daus polítiques del procés autonòmic balear significa, per tant, una gran aporta­ció per comprendre millor l’autonomia política balear i se suma als treballs d’altres inves­tigadors i juristes que s’han ocupat d’analitzar i difondre aquesta part de la nostra histò­ria recent. Però, a més -i potser aquest sigui també el seu tret diferencial i més original res­pecte d’aquests estudis- és una aproximació a l’estructura jurídica de les Illes Balears a tra­vés de la posició que han mantengut les principals forces parlamentàries en relació amb les grans qüestions de l’Estatut durant els darrers trenta anys. El resultat final de la recer­ca enriqueix la literatura científica sobre l’autogovern i l’autonomia balear. El doctor Colom ens ofereix, des d’una perspectiva innovadora, una nova aproximació al procés autonòmic que esdevé un instrument molt útil per conèixer millor la realitat política i social de les Illes i que, si escau, pot condicionar una eventual (o no tant) reforma estatutària. El balanç del que ha estat el procés autonòmic i les conclusions que se’n poden extreure són elements molt interessants per a futures reconsideracions estatutàries.

Ens trobam, en definitiva, amb una obra molt recomanable, ben estructurada i orde­nada, en la qual l’autor ens demostra, una vegada més, la seva capacitat d’anàlisi i sínte­si d’un gran tema que continua obert. Bartomeu Colom Pastor sempre s’ha manifestat com una persona compromesa amb una determinada manera d’entendre el progrés polí­tic i social de les Illes Balears. Però el seu compromís polític no desvirtua el caràcter rigo­rós i asèptic de la seva obra. En la seva tasca professional com a professor de dret admi­nistratiu, aquesta monografia confirma una trajectòria investigadora brillant i vigorosa. Docent, investigador i pràctic del dret en l’exercici de l’advocacia, en cadascun d’aquests àmbits les seves aportacions resulten molt valuoses per aconseguir un model social més just i més lliure.

M. B. C.

DRET LINGÜÍSTIC. J. Vernet (coord.); E. PONS; A. POU; J. R. SOLÉ; A. M. PLA. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, Cossetània Edicions, 2003

Ens trobam davant un llibre col·lectiu, fruït de la col·laboració d’un grup de professors provinents de diverses universitats catalanes els quals fa temps que es dediquen a l’estudi, la docència i la recerca de qüestions relatives al dret lingüístic. Tot i que al País Basc i a Galícia també se n’han fet treballs molt significatius, és de Catalunya d’on provenen la major part d’estudiosos de la matèria juridicolingüística, que han contribuït significativament a la seva difusió ja des dels inicis del sistema jurídic dimanant de l’aprovació de la Constitució de 1978 i dels estatuts d’autonomia. Així doncs, es pot esmentar, per exemple, l’estudi de Milian Massana, Aproximación al régimen jurídico previsto para la lengua catalana en el Estatuto de Autonomia de Cataluña, publicat a Administrado Pública, núm. 4 (1981). En conse­qüència, també de Catalunya ens havia d’arribar la primera obra que fa una exposició d’a- questa matèria amb pretensions de generalitat, i es converteix en obra de referència sobre el dret lingüístic, que es consolida com a matèria amb perfils autònoms propis.

La naturalesa col·lectiva de l’obra no suposa en cap cas l’existència d’encavalcaments

  1. de buits en els temes tractats en els diferents capítols; la coherència i la continuïtat del fil argumental entre les diferents parts del llibre fa paleses l’existència d’una sòlida tasca de treball en equip i també una solvent coordinació, exercida amb encert per Jaume Vernet
  2. Llobet, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.

El llibre es compon de dotze capítols teòrics i de dos annexos sobre normativa i juris­prudència, i també presenta una selecció bibliogràfica al final de cada capítol i amb diver­sos enllaços electrònics d’interès. Es pot estructurar en dos grans blocs: el primer abasta del capítol 1 al 5 i pot considerar-se el preàmbul de tota l’obra, encara més necessari si es té en compte l’absència d’un llibre que estudiï de manera general el dret lingüístic en el nostre sistema normatiu, a la manera d’un manual o d’un tractat. El segon bloc -del capí­tol 6 al 12- aborda l’estat de la qüestió a Catalunya, amb ànim -ens atrevim a dir- d’ex- haustivitat. A continuació passam a exposar unes breus pinzellades sobre el contingut de l’obra.

El capítol primer és el marc d’enquadrament de l’objecte del llibre a partir de la consi­deració del dret lingüístic com una disciplina amb fonaments metodològics propis, que té com a objecte d’estudi les qüestions derivades de l’existència d’una multiplicitat de llen­gües en contacte en un territori determinat i les normes que ho regulen. Comprèn els drets lingüístics dels ciutadans i el règim jurídic de la llengua, tot i que també s’hi fa notar la difi­cultat d’abordar aquesta matèria pel fet que les regulacions lingüístiques es troben en dife­rents nivells normatius i es formulen de manera molt diversa a cada país, la qual cosa exi­geix una atenció especial a l’hora de fer l’anàlisi normativa.

El capítol segon estudia el dret comparat i se centra en la recerca de models jurídico- lingüístics a Europa a partir de tres criteris teòrics: el que distingeix entre els estats que reconeixen el plurilingüisme i els que no; el que diferencia entre els estats que opten per atorgar l’estatut d’oficialitat a més d’una llengua o escullen el règim de la modalitat per a les llengües menys difoses o minoritzades i, finalment, el que atén l’eficàcia pràctica de la declaració d’oficialitat. L’anàlisi comparada fa palès que el dret de les llengües és alguna cosa més que un dret especialitzat o marginal, i ens explica la concepció que es té a cada estat de l’exercici del seu poder. Es posen com a exemples oposats el monolingüisme francès i el federalisme lingüístic belga, passant per models intermedis com el plurilingüis­me institucional de Finlàndia o la protecció de les minories lingüístiques a Itàlia, un estat a la vegada unitari i regional.

El capítol tercer aborda el tractament jurídic del dret lingüístic en el dret internacional i en el dret comunitari europeu. El marc normatiu internacional de la matèria lingüística s’introdueix a partir de l’estudi de les principals organitzacions internacionals: Organització de les Nacions Unides; Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa i Organització Internacional del Treball. Així mateix, s’analitza la Declaració universal de drets lingüístics, de 1996, document que plasma la preocupació internacional per tutelar la diversitat lingüística. A continuació s’introdueixen unes breus consideracions sobre el sis­tema europeu de protecció dels drets lingüístics. Amb aquesta finalitat s’estudia el tracta­ment de la qüestió a la Unió Europea i al Consell d’Europa. En la primera d’aquestes orga­nitzacions és singularment important la tasca ordenadora del Reglament 1/1958, del Consell, de 15 d’abril de 1958, pel qual es fixa el règim lingüístic de la CEE i s’estabieixen les llengües oficials i de treball. L’aplicació del conjunt de les seves previsions ha propiciat l’aparició de l’anomenat principi de multilingüisme integral. Finalment, també es fa referència al règim juridicolingüístic del Consell d’Europa, amb la Carta europea de les llen­gües regionals o minoritàries, de 4 d’octubre de 1988, ratificada per Espanya el 9 d’abril de 2001.

El capítol quart s’ocupa de l’ús de la llengua en l’ordenament jurídic espanyol a partir de les previsions de la Constitució i dels estatuts d’autonomia. S’analitza críticament el deure de conèixer la llengua castellana de l’article 3.1 de la Constitució. Malgrat que la jurisprudència del Tribunal Constitucional -per exemple en la STC 74/1987- ho considera una presumpció iuris tamtum i que la doctrina més autoritzada ha defensat que tècnica­ment no es pot considerar com un deure jurídic, sinó una càrrega susceptible de ser des­virtuada mitjançant prova, això pot «comportar la desnaturalizado de l’oficialitat de les llengües diferents de la castellana, si no considerem que tota llengua oficial es pressupo­sa que és coneguda». També s’analitza la regulació constitucional de la doble oficialitat, i a continuació s’exposa la distribució de competències en matèria lingüística basant-se en el tractament constitucional i estatutària d’aquest. Finalment, es fa una referència a la regulació de les diferents «modalitats lingüístiques».

Dret lingüístic

319

El tema cinquè aborda el règim juridicolingüístic a Catalunya i serveix de marc intro­ductori del que es pot considerar el nucli del treball: els temes dedicats als sectors de l’or­denament lingüístic amb una implicació social i jurídica més significades. Encara que en la presentació del llibre es constata la dificultat d’abordar tots els àmbits en què es manifes­ta l’ús de la llengua, atesa la seva transversalitat, és en aquesta part de l’obra on es detec­ta una major minuciositat expositiva i un deteniment explicatiu més detallat. El capítol cin­què aborda el règim juridicolingüístic a Catalunya i, a més d’esmentar-ne els antecedents -amb incidència especial en la regulació efectuada per l’Estatut de 1932-, s’aprofundeix en la noció de normalització lingüística i el seu objectiu, en el concepte i el sentit de llen­gua pròpia i també en la doble oficialitat. Els autors s’inclinen preferentment per aquesta expressió en detriment de la de cooficialitat; la consideren més adequada perquè l’oficia­litat de les llengües no es compartida, sinó que cadascuna pot assolir completament l’ofi­cialitat.

En la resta de l’obra es tracta dels aspectes següents, tots referits a aquella comunitat autònoma:

Els drets i els deures lingüístics (capítol sisè); l’Administració pública (capítol setè); l’en­senyament (capítol vuitè); la funció pública (capítol novè); denominacions i publicacions de les normes (capítol desè); els mitjans de comunicació, les indústries culturals i l’àmbit socio- econòmic (capítol onzè), i l’àmbit lingüístic català i la seva projecció a l’exterior de Catalunya (capítol dotzè) són la resta de matèries de què tracta el llibre.

Encara que tots els temes exposats mereixen un comentari detallat, per les exigències de l’extensió del nostre treball ens aturarem només en el tractament dels drets i dels deu­res del capítol sisè. Són exposats des d’una perspectiva doble: en primer lloc, s’analitzen els aspectes lingüístics dels drets fonamentals, la qual cosa afavoreix el tractament d’algu­nes manifestacions de l’ús de la llengua com a dret fonamental (per exemple, en relació amb la tutela judicial efectiva de l’article 24 CE i en el dret a l’ensenyament de l’article 27 CE). En segon lloc, s’exposen els drets pròpiament lingüístics, com la llibertat lingüística, el dret a conèixer la llengua oficial, el dret a l’opció lingüística, el principi de no-discrimina- ció per raó de la llengua i els deures lingüístics.

Ens trobam davant un treball complet, coherent i ben exposat. El rigor amb que està escrit no emmascara, però, l’entusiasme dels autors, respecte dels quals -o almenys d’al­guns d’ells- ens atrevim a dir que troben en aquest àmbit d’estudi i investigació una jus­tificació de conviccions que van més enllà de l’estricta dogmàtica jurídica, perquè consi­deren la parla dels pobles com un dels factors essencials de la seva identitat.

M. T. B.

L’ACTIVITAT URBANÍSTICA EN EL SÒL RÚSTIC. COMENTARI AL TÍTOL III DE LA LLEI 6/1997, DE 8 DE JULIOL. J. MUNAR FULLANA. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2004.

Tal com indica el títol, el llibre de Jaume Munar té per objecte l’estudi del règim jurídic aplicable als usos i a les activitats que s’han de desenvolupar al sòl rústic, d’acord inicial­ment amb la regulació contenguda en la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic (LSR). No es tracta, per tant, d’una obra destinada a donar una visió general o completa de la regu­lació del sòl rústic a les Illes Balears, sinó que se centra en un àmbit molt concret: el règim jurídic aplicable als usos i a les activitats.

Així doncs, qüestions com l’estatut jurídic bàsic del sòl rústic a les Illes Balears, el règim de drets i deures dels propietaris de sòl rústic, el règim de les condicions de les edificacions i de les instal·lacions en sòl rústic o els procediments per a l’autorització d’activitats en sòl rústic -per assenyalar altres àmbits objecte de regulació per la LSR- no constitueixen, almenys en principi, l’objecte del llibre comentat, si bé també s’ha de remarcar que l’au­tor tracta al llarg de la seva exposició de manera puntual qüestions relatives a aquests altres àmbits, amb la finalitat de complementar l’exposició adequada a la comprensió del que constitueix l’objecte del seu estudi.

Ens trobam, doncs, davant un llibre amb un objecte especialment delimitat i concret, que se centra en l’estudi del règim jurídic aplicable als usos i a les activitats en sòl rústic a partir de la regulació continguda en la LSR. I en aquest àmbit que constitueix l’objecte del llibre, el primer que s’ha de destacar és la gran profunditat i rigor del treball realitzat. Efectivament, des de la lectura de la primera pàgina del llibre fins a la darrera, es consta­ta com l’autor ha duit a terme una tasca d’anàlisi jurídica summament minuciosa i deta­llada en què exposa i examina un per un tots els aspectes i totes les qüestions, problemà­tics o no, que presenta la normativa que analitza.

Estam, per tant, davant una obra que en cap cas s’ha limitat a una tasca de sistematit­zació més o menys plana i superficial de la normativa reguladora del règim d’usos i activi­tats en sòl rústic, sinó que l’autor ha optat per un tractament valent i seriós dels innume­rables reptes interpretatius que la normativa balear presenta en aquest àmbit, aportant, fins i tot, propostes i idees fruit de la seva reflexió per contribuir a solucionar les llacunes i les aparents contradiccions normatives que es van constatant al llarg de la seva exposició.

Per una altra banda, també cal destacar que l’autor, a l’hora de dur a terme l’exposi­ció i l’anàlisi de les qüestions objecte de l’estudi, no s’ha limitat a un tractament aïllat d’a­cord amb la normativa balear i, en el seu cas, la doctrina dels tribunals de la nostra comu­nitat autònoma. Per contra, quan el tema ho ha requerit, ha acudit no tan sols a la juris­prudència del Tribunal Suprem emesa en la resolució de casos o situacions anàlegs, sinó també a les altres legislacions autonòmiques reguladores dels usos i activitats en sòl rús-

tic, amb al finalitat d’exposar les solucions adoptades per aquelles i ajudar a aclarir així la problemàtica que presenta la legislació balear. Aquest plantejament ha estat, sense cap dubte, ben enriquidor i permet al lector obtenir una visió més àmplia de la temàtica trac­tada i de la bondat d’una determinada interpretació davant un problema concret que pre­senta la normativa balear.

La primera nota destacable d’aquest llibre és la profunditat i el rigor del treball realit­zat. La segona -en gran mesura conseqüència de la primera- és la densitat i fins i tot en alguns apartats la complexitat de les qüestions exposades en el llibre. Aquestes densitat i complexitat no deriven en cap cas de l’exposició mateixa realitzada per l’autor, que en gai­rebé tots els apartats s’ha de qualificar simplement de brillant, sinó per la dificultat de la regulació que és l’objecte de l’examen.

El règim d’usos i activitats regulat en la LSR no es caracteritza, precisament, per ser fàcil d’entendre, sinó que, en alguns casos, és fins i tot innegable la seva difícil intel·ligibilitat. Aquesta situació s’ha vist encara agreujada per la incidència que la Llei 6/1999, de direc­trius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries (LDOT), ha tengut sobre la LSR, així com les seves modificacions posteriors. Així doncs, el fet de trobar-nos davant una matèria molt complicada, unit a la voluntat de l’autor de no escatimar esforços a abordar les no poques problemàtiques que presenta, dóna com a resultat uns textos summament densos, que exigeixen del lector una atenció i una concentració màximes per seguir-los completament.

Finalment, com a nota general que s’ha de destacar d’aquest llibre, hem d’assenyalar com el lector es veu imbuït per la passió de l’autor a l’hora de redactar bastants dels seus apartats. Crida realment l’atenció -per poc vist en llibres jurídics- la intensitat discursiva d’alguns apartats del llibre, que en definitiva és una manifestació de la dedicació profes­sional de l’autor a aquesta matèria, que li deu haver propiciat no poques discussions jurí­diques sobre la interpretació i l’aplicació correcta de la majoria de preceptes legals que analitza i comenta en el llibre.

II

Entrant ja a realitzar un breu comentari dels diferents capítols del llibre, s’ha de començar per indicar que consta de vuit capítols, a més d’un annex bibliogràfic i un altre en què es reprodueixen el text de la LSR i la Matriu d’ordenació del sòl rústic de la LDOT. Els capítols es poden dividir clarament en tres blocs: el primer bloc se centra en l’anàlisi del règim general de les activitats, els usos i les actuacions regulades a la LSR (del capítol I al IV); en el segon bloc s’exposa el règim concret de les activitats vinculades a usos admesos i de les activitats vinculades a usos condicionats (del capítol V al VII); i el tercer bloc -d’un sol capítol, el VIII- està dedicat a l’estudi de la vinculació de les activitats autoritzades a les parcel·les i als usos.

El capítol I («Introducció al règim de la regulació de l’activitat urbanística en el sòl rús­tic. La LSR i la LDOT») té -com indica el seu enunciat- una finalitat introductòria als efec­tes de centrar l’objecte d’estudi, que òbviament és el règim d’usos i activitats regulat per la LSR, tot concretant els fins bàsics de la LSR, dins dels quals se situa aquest règim d’usos i activitats. L’autor també tracta de la incidència que la LDOT ha tengut sobre la LSR en el règim jurídic establert inicialment per aquesta.

El capítol II es dedica a l’anàlisi de la regulació general de les activitats, contingut bàsi­cament en l’article 14 LSR. Consta de dos apartats clarament diferenciats: en el primer, s’esbossa el règim bàsic de les activitats en sòl rústic basant-se en la remissió que fa l’arti­cle 14.1 LSR a l’article 11.1 LSR, regulador de les facultats dels propietaris en sòl rústic comú; en el segon, s’analitza de manera extensa l’abast de l’article 14.2 LSR, relatiu a l’e­xigència de la valoració de l’impacte en el medi i la incidència paisatgística de les activitats que ha de dur a terme tota autorització d’una activitat. L’exposició d’aquest segon apar­tat ens ha resultat summament interessant ja que l’autor entra de manera detallada en la determinació dels continguts en què es tradueix aquesta exigència i en l’abast de la seva possible materialització a través de l’informe facultatiu previst en l’article 14.2 LSR.

El capítol III tracta del règim genèric dels usos i de les activitats previst per la LSR. En pri­mer lloc, l’autor aborda la relació d’usos urbanístics definits en l’article 19 LRS (admesos, condicionats i prohibits) i ressalta especialment l’estreta vinculació que la LRS estableix entre ús i activitat i la necessitat de connectar-ho amb el règim de les actuacions regulades en l’ar­ticle 20 LSR (centrades bàsicament en les actuacions de construcció o edificació), amb la finalitat de determinar l’abast de la regulació dels usos contingut en la llei balear.

A continuació, encara dins aquest mateix capítol III, es passa a analitzar la important incidència que la LDOT ha tengut sobre el règim d’usos al sòl rústic a través de la Matriu d’ordenació del sòl rústic i, per tant, sobre la regulació inicial de la LSR. Després d’una des­cripció general del quadre de vinculació d’activitats a les categories d’usos segons les diver­ses categories de sòl rústic que igualment defineix la LDOT, i de l’exposició de les conclu­sions preliminars sobre la seva incidència en la LSR, s’endinsa en l’examen de la repercus­sió de la Matriu en l’ordenació del sòl rústic que puguin dur a terme els plans territorials i urbanístics. Així, tracta en primer lloc de la incidència de les categories d’usos «admès sense perjudici del compliment de la normativa específica» (1) i «prohibit» (3), que al seu parer són els que presenten menys complexitat.

En segon lloc, entra en l’examen de la incidència de la categoria d’ús «condicionat segons estableix el Pla territorial insular» (2) i el que l’autor denomina situació, no cate­goria d’ús, «prohibit amb les excepcions que estableix el Pla territorial insular» (2-3). S’ha de destacar l’aferrissada defensa del paper que els PTI poden tenir en aquest àmbit, que per a l’autor s’estendria a la fixació de les condicions d’implantació de l’activitat vinculada a un ús condicionat, però en cap cas a la possibilitat que un PTI pugui canviar la catego­

ria d’us condicionat previst en la Matriu per una altra com la d’ús admès. Finalment, en aquest capítol s’analitza l’abast i el significat de les normes específiques de caràcter tran­sitori per a les activitats del sector primari.

El capítol IV se centra en l’exposició del règim establert per la LSR sobre les actuacions en sòl rústic (article 20 LSR), és a dir, les diferents intervencions urbanístiques que la LSR té en compte per acabar de centrar el seu àmbit material d’aplicació. Aquest capítol cons­ta de dos grans apartats. El primer es dedica a determinar les actuacions excloses de l’àm­bit d’aplicació de la LSR, que bàsicament consisteixen en les actuacions lligades a l’explo­tació racional del sòl, a la destinació o la naturalesa de les finques, que no comportin actuacions d’edificació.

Tot seguit desgrana exhaustivament les actuacions que poden quedar incloses dins l’àmbit d’aplicació de la LSR, i analitza detalladament les actuacions que suposen la implantació de construccions, instal·lacions o elements mòbils; l’execució d’obres en edifi­cacions o instal·lacions existents; les actuacions de construcció d’edificacions de nova plan­ta; les actuacions de modificació de la naturalesa o característiques de l’ús dels terrenys, les edificacions o les instal·lacions; i, finalment, les actuacions de reconstrucció d’edifica­cions en estat d’abandonament o de ruïna. Al nostre entendre, és una de les parts més interessants del llibre, en què destaca l’exposició dels dos darrers supòsits esmentats, en els quals hi ha fins i tot algun comentari de certa ironia davant algunes situacions verta­derament escandaloses. Finalment, cal assenyalar que l’autor tracta també sobre la pro­blemàtica de l’absència de regulació en la LSR de les actuacions lligades a usos de caràc­ter provisional, respecte dels quals -després d’analitzar la normativa urbanística estatal i l’autonòmica balear d’activitats- sembla que es decanta per a la seva inadmissibilitat, si bé amb algunes possibles excepcions que no comportin actuacions constructives.

III

En el segon gran bloc del llibre, el capítol V està dedicat al règim de les activitats rela­cionades amb el usos admesos (articles 21-24 LSR). L’autor analitza els dos grans grups d’activitats que s’hi inclouen, esmentant especialment la incidència de les determinacions de la LDOT. En primer lloc, aborda la regulació de les activitats relacionades amb la desti­nació o la naturalesa de les finques (de l’article 21 al 23), respecte de les quals tracta, d’en­trada, de la problemàtica de la incidència de la qualificació del sòl per a la viabilitat d una activitat concreta, i a continuació, exposa la classificació d’aquests tipus d activitats. Altres qüestions que s’hi estudien són les problemàtiques relatives a l’abast de l’exigència de mantenir les característiques dels terrenys i la necessitat dels edificis i de les instal·lacions que es pretenguin implantar, dels informes previs de l’administració competent relatius a actuacions que comportin edificacions, així com la concreció dels procediments d’autorit­zació d’aquests tipus d’activitats (hem de destacar la brillant defensa de la impossibilitat d’autoritzar, com a activitat vinculada a un ús condicionat, aquella activitat vinculada a un ús admès que ha estat denegada). Finalment, tracta de la problemàtica derivada de la incidència de la LDOT sobre el règim de les activitats complementàries regulades en la LSR.

El segon grup d activitats vinculades a usos admesos regulat en la LSR el constitueixen les activitats vinculades a les infraestructures públiques (article 24 LSR). En aquest apartat I autor comença concretant la definició del sistema d1 infraestructures i a continuació trac­ta del caràcter alternatiu d’ús admès o condicionat de les activitats d’infraestructures, segons els criteris de la mateixa LSR i també com a conseqüència de la incidència de la LDOT, així com la problemàtica de la declaració d’interès general implícita d’un projecte d’infraestructura, amb l’efecte de deixar de tenir la consideració d’activitat vinculada a un ús condicionat.

El capítol VI està dedicat a l’activitat d’habitatge unifamiliar (article 25 LSR). L’autor comença destacant la transcendència de la vinculació d’aquest tipus d’activitat a la cate­goria d’ús condicionat realitzada per la LSR, de tal manera que, d’entrada, queda sotme­sa al règim general aplicable a aquest tipus d’ús. Dues conseqüències d’aquesta submissió són especialment ressaltables: la primera, la necessitat que els instruments de planejament els prevegin expressament; la segona, l’assimilació a aquest supòsit de la implantació d’un habitatge unifamiliar lligat a una explotació agrícola.

L’autor entra a continuació en l’anàlisi de la complexa problemàtica de l’admissibilitat de l’ús de l’habitatge a sòl rústic en el context de la Llei 6/1998, de 3 d’abril, de règim del sòl i valoracions (LRSV), com a condicionant de la normativa balear, atès el caràcter bàsic de la legislació estatal. Després d’una acurada exposició de la doctrina constitucional con- tenguda fonamentalment en la STC 164/2001, de 11 de juliol, de les diferents opcions autonòmiques de regulació dels usos d’habitatge, així com de les diferents postures doc­trinals existents sobre aquesta controvertida qüestió, l’autor arriba a la conclusió que la LRS no s’adequaria a la LRSV respecte de la possibilitat apriorística d’implantació d’usos d’ha­bitatge a sòl rústic totalment desvinculats de l’explotació primària. D’aquesta manera, entén que la LRSV hauria desplaçat en aquest àmbit la normativa balear, atès el caràcter bàsic de la legislació estatal, sense permetre aquest ús en els termes establerts per la LSR. No obstant això, reconeix, que la LDOT -posterior a la LRSV- ha seguit la línia de la LSR, sense que aquella hagi estat impugnada per l’Estat davant el Tribunal Constitucional per aquest motiu. Per tant, queda oberta la qüestió, si bé l’autor entén a títol personal que seria necessària una previsió estatal explícita que emparàs la implantació en sòl rústic d’u­sos residencials unifamiliars deslligats de l’explotació basant-se en l’article 149.1.1 CE.

Amb independència de l’anterior, l’autor entra a continuació en l’anàlisi dels requisits establerts per la LSR per a la implantació d’aquest ús. Així doncs, tracta en primer lloc dels requisits relatius al caràcter aïllat i unifamiliar de l’habitatge a sòl rústic, i després entra a analitzar la problemàtica de la superfície mínima de parcel·la vinculada a l’ús d’habitatge

unifamiliar, el tractament de la qual és tal vegada la part més brillant i creativa de tota ro­bra. Comença exposant dos requisits previs: l’exigència de la parcel·la com a superfície físi­ca de caràcter continu o perimetral (de la qual en fa una aferrissada defensa) i la impossi­bilitat de més d’una unitat d’habitatge a la parcel·la. Després entra en l’anàlisi detallada de la superfície de parcel·la mínima exigible en els diferents supòsits prevists per la LSR relatius al sòl rústic comú i al sòl rústic protegit -distingint en aquest darrer àmbit la regu­lació del règim general del sòl rústic protegit i el règim dels terrenys ubicats a zones defi­nides per la Llei d’espais naturals. A més, tracta de la regulació del possible increment de la superfície de parcel·la mínima i també del règim de la parcel·la mínima exigible per als usos d’habitatges als nuclis rurals.

Finalment, en aquest capítol analitza la problemàtica del supòsit de parcel·la amb més d’una qualificació i se centra en la problemàtica de les regles de proporcionalitat aplicables en aquests casos. Aquí és on es demostra inequívocament el profund procés de reflexió i d’anàlisi realitzada per l’autor, ja que davant el silenci de la llei per establir el contingut d’a­questa regla de proporcionalitat i després d’una completa exposició de la improcedència d’equiparar la regla de la proporcionalitat a una simple fórmula sumatòria, així com de l’anàlisi de l’evolució de les resolucions judicials sobre aquesta qüestió, l’autor fa una cre­ativa proposta d’articulació de la regla de proporcionalitat aplicable en aquests supòsits i que resol les incoherències i les contradiccions de solucions anteriors aplicades per algu­nes resolucions judicials. Com a punt final d’aquest interessantíssim capítol, acaba tractant de la problemàtica específica de parcel·les situades entre diferents termes municipals.

El capítol VII es dedica a les activitats d’interès general (article 26 LSR). Comença amb una excursió sobre el concepte & interès general, relacionant-lo per una banda amb els conceptes d’utilitat pública i d’interès social, propis de la legislació estatal desplaçada, i analitzant, per una altra banda, la naturalesa jurídica de la declaració d’interès general, amb l’efecte de rebutjar que es tracti d’una activitat discrecional de l’Administració, sinó més aviat d’una activitat de concreció d’un concepte jurídic indeterminat. A continuació desgrana els diferents requisits exigits per a la implantació de les activitats d’interès gene­ral: l’exigència de regulació prèvia dels usos urbanístics en l’instrument de planejament general (ja apuntat prèviament respecte de l’habitatge unifamiliar); l’adequació a les limi­tacions que s’estableixin d’acord amb els usos; la transcendència dels mers interessos indi­viduals; la compatibilitat amb el grau de protecció de la zona; la necessitat d’ubicació a sòl rústic (del qual en torna a fer una aferrissada defensa perquè l’entén exigible a totes les activitats i no només a les que comportin noves edificacions); les regles de preferència per a les declaracions d’interès general; i, en darrer lloc, la necessitat de declaració formal d’in­terès general per part del consell insular o del Govern de les Illes Balears.

També analitza en aquest capítol el règim de les condicions de les edificacions i de les instal·lacions vinculades a activitats d’interès general, així com les previsions específiques

per a dotacions de serveis i activitats vinculades a infraestructures públiques. Finalment, entra en l’exposició del complex règim de l’atribució d’aprofitament atípic generat per la declaració d’interès general. Fa una profunda anàlisi d’aquesta figura, començant per la determinació de la seva naturalesa jurídica, la seva viabilitat en el marc de la normativa estatal fixat per la LRSV, el fonament jurídic de la possibilitat de cessió de part de l’aprofi­tament atípic, així com la viabilitat de la determinació del percentatge atribuïble al pro­pietari. Una vegada feta l’anàlisi general de la figura, entra en els aspectes concrets de la regulació establerta per la LSR: els tipus d’activitats que quedarien excloses de la seva exigència i el procés de naixement, quantificació, exigència i destinació del percentatge d’aprofitament de titularitat municipal.

IV

El capítol VIII -l’únic del tercer bloc i el darrer del llibre- està dedicat a l’exposició dels principis de vinculació de les activitats autoritzades a les parcel·les i als usos (articles 15 i 16 LSR). Respecte del principi de vinculació de l’activitat autoritzada a l’ús, com a pressu­post previ al seu examen, fa una aproximació al concepte d’edificació i després entra a analitzar els elements de l’edificació afectats per aquesta vinculació: la tipologia, el pro­grama (referit a la finalitat i l’extensió de l’activitat pretesa) i la distribució de l’edificació. Finalment, analitza les conseqüències d’incomplir aquest principi.

Pel que fa al principi de vinculació de l’activitat a la parcel·la, l’autor se centra en l’anà­lisi de diferents qüestions que en planteja la seva realització pràctica: la determinació de les actuacions amb deure d’inscripció registral de la vinculació; la inserció de la vinculació registral en el procediment administratiu d’autorització de l’activitat; la documentació i les autoritzacions prèvies a la llicència municipal necessàries per efectuar la vinculació, i final­ment el règim de l’expedient de «desvinculació».

Així doncs, aquest és -expressat de manera molt esquemàtica i condensada- el con­tingut del llibre. Del que s’ha exposat queda clarament constatat que no estam, tal com apuntàvem al principi, davant d’un simple manual introductori, sinó d’un llibre d’anàlisi profunda i rigorosa de les moltes problemàtiques que planteja ei règim d’usos i activitats regulat per la LSR, amb la intenció de fer-hi llum i, fins i tot, d’oferir algunes propostes de solució. En definitiva, ens trobam davant un llibre imprescindible per a tot professional relacionat amb les actuacions administratives d’autorització i control de les activitats urba­nístiques a sòl rústic. No ens queda més que unir-nos a l’afirmació final de qui ha redac­tat el pròleg del llibre, el catedràtic de dret administratiu Avel·lí Blasco, en què diu que estam d’enhorabona.

F. S. F.

COMENTARIS A LA LLEI DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE LES ILLES BALEARS. Textos de J. MASOT TEJEDOR, B. COLOM PASOR, P. OLLERS VIVES, F. SOCÍAS FUSTER, F, PONS CÁNOVAS, A. NAVARRO SÁNCHEZ, J.V. SÁNCHEZ-VENTURA, M. BARCELÓ LLOMPART, A. BLASCO ESTEVE, C. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. SEGURA FUSTER, J.C. CARBONELL MATEU, A. LLABRÉS FUSTER. Palma: Govern de les Illes Balears. Vicepresidència- Institut d’Estudis Autonòmics, 2003 (L’Esperit de les Lleis; 2).

L’Institut d’Estudis Autonòmics ha escomès en el segon volum de la col·lecció «L’Esperit de les Lleis» l’anàlisi de la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears.

Sota un atractiu disseny l’Institut coordina l’edició d’aquest Comentaris a la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears, que materialitza la col·laboració que ja l’any 2001 – així es fa constar en la nota introductòria- es va formalitzar amb l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA). L’edició recull tretze comentaris sobre la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre, que precedeixen el propi text de la llei que configu­ra l’annex II de l’edició posant, d’aquesta manera, a l’abast del lector el text legal de forma que es fa fàcil la seva consulta en el transcurs de la lectura.

El primer comentari corre a càrrec de l’advocat Josep Masot Tejedor i té per objecte l’e­volució del concepte de patrimoni històric. Segueixen els comentaris a la distribució de competències entre les diferents instàncies, del professor Bartomeu Colom. Pere Ollers tracta el tema dels béns d’interès cultural immobles i el seu règim de protecció. Josep Masot, novament, és l’encarregat de disseccionar la regulació dels béns immobles catalo­gats, el magistrat Fernando Sodas d’escometre l’anàlisi del patrimoni moble, i el professor Ferran Pons l’estudi del patrimoni arqueològic. Segueixen les comentaris d’Àngel Navarro sobre els patrimonis especials; José Fernàndez-Ventura presenta l’estudi sobre el règim de protecció dels denominats paratges pintorescs i Miquel Barceló analitza la qüestió de la conservació, rehabilitació i restauració dels béns culturals. Les connexions amb la legisla­ció urbanística són tractades en el comentari del catedràtic Avel·li Blasco, al qual segueix el de la professora Carmen Fernández sobre les mesures de foment proposades a la Llei. L’edició acaba amb el text de Francesc Segura sobre el règim sancionador i l’estudi de la protecció penal del patrimoni cultural del qual són coautors el catedràtic Joan Carles Carbonell i el professor Antoni Llabrés.

No es funció d’aquesta nota entrar en la descripció del contingut de cada un d’aquests estudis, però sí deixar constància de la seva perfecció tècnica i de la seva elevada utilitat per a l’aplicador del dret, i de com tracten la matèria sense defugir, com pertoca, l’anàlisi crítica, el plantejament de qüestions i l’obertura de punts de debat per a la reflexió i inves­tigació.

El que més sorprèn, agradablement, d’aquests Comentaris a la Llei del patrimoni histò­ric de les Illes Balears és la connexió que ha resultat de l’edició d’aquests textos. L’Institut

d’Estudis Autonòmics en aquest llibre que ens presenta, lluny de la mera juxtaposició dels comentaris de cada un dels autors sense cap fil conductor, ha assolit una edició que cons­titueix una successió d’informació en què cada estudi està relacionat amb la resta. Els temes, arguments i qüestions es succeeixen amb gran connexió i les anàlisis s’escometen des dels punts de vista de l’aplicador del dret, de la ciutadania, del propietari, de l’admi­nistració, etc., amb una normalitat tal que el lector, una vegada acabada la lectura, acon­segueix, sense esforç aparent, un coneixement gairebé integral, si no exhaustiu, de la matèria.

Així, s’aborda la consideració del concepte del patrimoni històric en el temps, i també es fa l’estudi de com conviuen en el present les diferents normatives sobre patrimoni histò­ric, ja sia en els diferents àmbits competencials com també en el desplegament del bino­mi legislació bàsica i no bàsica. Es fa palès com durant el transcurs del temps va canviant el concepte de patrimoni històric, com evolucionen els mecanismes per a la seva protec­ció i es passa d’una protecció individualitzada a una també de forma genèrica (assumint que la protecció més forta es fa prèvia individualització, en qualsevol de les seves formes, del bé en qüestió). Es remarca també, per altra banda, com el concepte de patrimoni histò­ric s’ha anat ampliant.

D’aquesta manera, des de l’anàlisi prèvia del concepte de patrimoni històric, l’obra evoluciona cap a la distribució competencial (Estat- comunitats autonòmes- consells insu­lars- municipis) i situa el lector en el bon camí per entrar en l’estudi del text legal començant per les categories dels béns que integren el patrimoni històric (béns d’interès cultural, béns catalogats), la tipologia de cada una d’aquestes categories, les mesures de foment i els mecanismes de defensa front les agressions a nivell administratiu i penal . Els comentaris se succeeixen seguint els paràmetres estructurals de la Llei amb incursions específiques vàries, com les reflexions de J.V. Fernàndez-Ventura sobre els paisatges pin­torescs, i les importants aportacions del doctor Avel·lí Blasco en la tasca d’integrar tota aquesta regulació allà on la pràctica la fa força important, com és la connexió de la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears amb la normativa urbanística.

En suma, un nou bon treball de l’Institut d’Estudis Autonòmics, autèntic esperit dina- mitzador de la investigació jurídica del patrimoni normatiu de les Illes Balears, que ressal­ta tant per l’alta qualitat dels estudis i comentaris, com per la seva estructuració i siste­matització, que porten el lector pels camins de la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears d’una manera clara i progressiva, fent fàcil la comprensió d’aquesta norma.

P.B.B.

  1. Véase CASCAJO CASTRO, José Luis. «Constitución e interpretación constitucional». Claves de Razón Práctica. n° 138 (diciembre 2003), págs. 18-23, en concreto pág. 20.
  2. El profesor OLIVER ARAUJO es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de las Islas Baleares y miembro del Consell Consultiu de les Illes Balears. Con anterioridad a la obra que aquí comen­tamos publicó, entre otros muchos trabajos, Política y Derecho (Valencia: Tirant lo Blanch/Universitat de les Illes Balears, 1996 («Alternativa»), con prólogo de Jorge de Esteban), que es también un volumen compilatorio de escritos de diversa índole (conferencias, informes, dictámenes, reflexiones sobre la cien­cia del Derecho Constitucional, prólogos, así como algunos artículos de prensa).
  3. Según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad recientemente conocidos, se practicaron en España 77.125 abortos legales en 2002 (Cfr. ABC, 22 de febrero de 2004), «cifra similar a la pobla­ción de la provincia de Soria» {La Razón, 28 de enero de 2004, citando datos del Instituto de Política Familiar que situaban la cifra en torno a los ochenta mil). Lacerante realidad para un país que se jacta de ser respetuoso con los derechos humanos. Por mi parte, en diversos trabajos vengo tratando de fundamentar una posición favorable al derecho a la vida del no nacido, como consecuencia y pro­yección de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), y a la vista, ade­más, de la propia redacción del artículo 15 («Todos tienen derecho a la vida…»), manteniendo por tanto una posición claramente crítica respecto de la actual legislación, y discrepando rotundamente de la jurisprudencia constitucional, que niega al no nacido la titularidad del derecho a la vida. En este sentido, ALEGRE MARTINEZ, M.A. La dignidad de la persona como fundamento del Ordenamiento constitucional español. León: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1996; «Apuntes sobre el derecho a la vida en España: Constitución, jurisprudencia y realidad». Revista de Derecho Político, n° 53 (2002), UNED, págs. 337-358.
  4. Las obras comentadas son, respectivamente: Román PIÑA HOMS, Fundamentos jurídicos de Europa. Palma: Edicions Cort, 2001; María BALLESTER CARDELL, La intimidad como fundamento de la invio­labilidad del domicilio. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1998, cuyo Prólogo, del profesor Joan OLIVER ARAUJO, es el que aparece en la obra que comentamos; Francisco J. VISIEDO MAZÓN, La reforma del Senado: Territorialización del Senado. Comisión General de las Comunidades Autónomas. Madrid: Secretaría General del Senado, 1997; Antonio GARCÍA CUADRADO, El Gobierno por orden ministerial. Pamplona: EUNSA («Cuadernos de la Facultad de Derecho», n° 13), 1986; Elíseo AJA, El